Por Maritza Izaguirre
En los últimos meses la prensa
local llama la atención acerca de la destrucción progresiva de la cadena
productiva al sur del Orinoco, región rica por la abundancia de sus recursos
naturales, por una parte; y, por la otra, territorio que en los últimos
cincuenta años ha sido objeto de la intervención planificada por parte del
Estado, intervención que produjo cambios importantes en el modelo de gestión,
mediante la delegación de funciones y tareas desde el gobierno central a la
Corporación Venezolana de Guayana.
La CVG, adscrita a la
Presidencia de la República, desarrolló planes a largo, mediano y corto plazo,
relacionados no solo con el uso del espacio, al fundar un polo de desarrollo
alrededor de una ciudad planificada, Ciudad Guayana, sino que estructuró la
capacidad productiva mediante la transformación de los recursos naturales
existentes, agua, mineral de hierro, bauxita, y el potencial gasífero ubicado
al sur de los estados Anzoátegui y Monagas.
Esto llevó a un esfuerzo
conjunto de los sectores público y privado orientado al fortalecimiento de la
capacidad de transformación de dichos recursos en bienes y servicios, y apoyó
el esfuerzo de diversificación de nuestro aparato productivo.
Ello implicó el compromiso de
varias generaciones comprometidas con la producción de riqueza; se creó empleo
estable y bien remunerado, y se abrieron oportunidades de progreso social y
económico a la población. Sin embargo, a finales de los años ochenta del siglo
pasado, disminuyó la capacidad de intervención directa del Estado en el
financiamiento presupuestario de las empresas básicas, lo que obligó, ante el
deterioro evidente da la planta industrial en algunas de estas, a considerar
diferentes alternativas, entre ellas, la reconversión industrial, y, tal como
había ocurrido en otros países, gestionar su venta, al abrir la posibilidad de
que capital privado nacional o extranjero participara en su compra.
Fue así como el Fondo de
Inversiones, previa autorización del Congreso Nacional, procedió a la venta,
mediante concurso público, de las empresas básicas, entre ellas, la Siderúrgica
del Orinoco, Sidor. Ello llevó a su venta en 1997, a fin de de obtener recursos
frescos y, lo más importante, mejorar la gestión para recuperar la capacidad
productiva, tan necesaria para ofrecer productos de calidad, tanto para el
mercado interno como el internacional.
Así se inició una fase de
crecimiento y expansión; no fue fácil. De empresa pública pasó a empresa
privada regida por el marco legal correspondiente, bajo la administración de un
consorcio internacional; años difíciles, pero que arrojó importantes cambios,
ordenó y tecnificó el proceso productivo; realizó cuantiosas inversiones, lo
que mejoró la productividad; se calificó el personal obrero y administrativo;
facilitó el ingreso a jóvenes profesionales; atacó los problemas de seguridad
industrial, y actuó responsablemente en materia social comunitaria y con el
medio ambiente.
Ello permitió elevar la
producción a niveles nunca alcanzados, 4,3 millones de toneladas de acero
líquido en 2007.
La periodista María Ramírez
Cabello destaca en un amplio reportaje en el Correo del Caroní, en su
edición del 9 de abril de 2018, la existencia de balances negativos, la
disminución de los beneficios laborales, la caída de más de 90% en la
producción, de allí que la empresa está en quiebra desde el punto de vista
contable desde 2014, todo resultado de una administración ineficiente,
altamente politizada, con pérdida de lo más importante, la confianza y el
compromiso de la plantilla y sus ejecutivos en la calidad de la gestión.
Por lo tanto, lo que reflejan
las cifras es el fracaso de la estatización y la pérdida de un tejido
industrial construido con el esfuerzo compartido de varias generaciones de
guayaneses.
17-04-18
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