Gustavo Ocando Alex 15 de junio de 2021
@gusocandoalex
¿Cómo
opera la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el
tablero judicial mundial?
Los
focos de atención recaen sobre la Corte Penal Internacional en las últimas
horas debido a la expectativa de una posible decisión esta semana sobre si abre
una investigación formal por presuntos delitos
de lesa humanidad contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
¿Cómo
opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial
mundial? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?
La Voz
de América examina la misión de esta corte desde 2002.
Tribunal
de última instancia
La
Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última
instancia” para el enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa
humanidad y agresión, según explica Lisset Romay, especialista en Derecho
Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas de Venezuela.
Sus
orígenes datan de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una
jurisdicción penal general que, finalmente, vio luz entre 1994 y 1995.
No fue
sino hasta 1998 cuando se fundó, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120
votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia,
Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la
Corte Penal entró en vigor en 2002.
Tiene
su sede en La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las
Naciones Unidas, mas no pertenece a ella ni depende de sus “Estados Partes”.
2
Investiga,
enjuicia y previene
La
Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a
individuos acusados de los más graves crímenes”, “ayuda a prevenir que esos
crímenes ocurran de nuevo” y participa en una “lucha global para poner fin a la
impunidad”, según declara la misma institución en su página web.
Busca
“complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que
“los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los
acusados son garantizados.
3
¿Qué
crímenes investiga?
Su
jurisdicción se circunscribe a cuatro delitos:
Genocidio,
caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo
nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros, crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad, “serias violaciones cometidas como parte de
un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”, y crímenes de agresión.
Los
crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de
civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado, y desde 2018 el uso
de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o
independencia de otra nación. Este último caso puede ser notificado por el
Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte
Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.
Jurisdicción
y cooperación
La
Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación
donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir
del primero de julio de 2002, según sus postulados.
Otro
punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales
es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes, o en naciones que acepten
esa jurisdicción, o que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya
referido el caso a los fiscales de la Corte.
Como
no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países
en todo el mundo para materializar arrestos, transferir a las personas
aprehendidas a su centro de detención y congelar bienes de los sospechosos.
Romay,
experta en derecho internacional público, señala que la Corte Penal
Internacional no ha aceptado las exigencias de algunos países, como Estados
Unidos, de que limite su jurisdicción modificando su estatuto.
“También,
se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se
le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12
meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de
manera abusiva”, apunta. Rusia y China, principales aliados geopolíticos del
gobierno venezolano, son dos de los cinco miembros permanentes de esa instancia
de las Naciones Unidas.
5
Tiene
18 jueces
La
presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la
lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la
primera vicepresidencia, y el congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, en la segunda
vicepresidencia.
Los 18
magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los
Estados Partes por sus calificaciones, imparcialidad e integridad, y sirven
durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias,
destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y
citaciones ante la Corte, las autorizaciones de participación de víctimas, y el
otorgamiento de protección a testigos de sus casos.
La
Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento:
la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden
haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los
individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de
apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar
asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.
El
personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que
manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas
en Nueva York y otras siete naciones. Tiene un presupuesto de 180.855.241,08
dólares, según la detallada información en su web.
Treinta
casos en su haber
En 19
años, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos, algunos
de los cuales incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.
Sus
jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los
Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su
centro para esos fines. Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han
abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.
También,
han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado
culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.
Entre
sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30
años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010. Los fiscales de la Corte lo acusan de
10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
“Hasta
que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso
permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos
que estén presentes en su sala”, advierte la institución.
La
profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos
presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.
Procesos
“diferentes”
Los
procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar
diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia
institución.
Después
que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases:
primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa
de prejuicio y finalmente el juicio. Posteriormente, las apelaciones y el
cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.
Las
evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra
Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la
determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia
de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.
También,
en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales
“genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a
los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.
Tras
reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye
la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que
los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella)
o citaciones a declarar ante ella.
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