Miguel Méndez Rodulfo 14 de junio de 2021
La
liberación temporal de las patentes que cubren las vacunas para el Covid-19, es
una opción que está ganado impulso en la opinión pública del mundo. ¿Por cuáles
razones? Básicamente por tres: la de orden ético que plantea que ningún derecho
de protección de la propiedad intelectual debería prevalecer sobre el derecho
humano universal a la salud así como a la vida, la de orden estratégico que
sostiene que la amenaza persistirá en el mundo hasta que la pandemia se haya
extinguido de los países pobres, dado que el riesgo existente de una mutación
del virus que se haga inmune a las vacunas actuales, aumenta en el tiempo y según
se enseñoree en áreas densamente pobladas e igualmente vulnerables, y la de
orden equitativo, que resalta el hecho cierto de que las pandemias son eventos
que evidencian la enorme injusticia entre países ricos y pobres.
Para
abril la OMS denunció que sólo 0,2% e las vacunas había llegado a los países
pobres. En tanto que Pfizer esperaba unos ingresos este año estimados en US$
26.000 MM, por la venta de su vacuna para el Covid-19. De otra parte, la
investigación sobre la tecnología ARN mensajero, se desarrolló en universidades
y centros de investigación públicos que contaron con financiamiento de los
gobiernos; otra cosa es que las farmacéuticas perfeccionaron las técnicas de
producción, sufragaron las pruebas en humanos y utilizaron sus infraestructuras
para fabricar los miles de millones de vacuna que hacen falta (en teoría 14.000
MM). Hay que decir que Pfizer recibió una subvención de US$ 375 MM del gobierno
alemán a través de su socio BioNTech, y un préstamo de ? 100 millones por parte
del Banco Europeo de Inversiones.
Ahora
bien, es de todos conocido que el arranque de la producción estuvo signado por
grandes atrasos, sobre todo por Astra Zeneca, y que la UE amenazó varias veces
a la farmacéutica con demandas. Es probable que se sobre estimara la capacidad
de la industria para satisfacer la demanda mundial, pero lo cierto es que para
mayo los países desarrollados cuya población alcanza a 13% de la humanidad, se
habían asegurado para sí mismos, por convenios previos de compra, la mitad de
las vacunas producidas; de manera que la solidaridad estratégica a la que
estaban comprometidos, dio paso en los hechos a un nacionalismo vacunal de
“primero nosotros”, algo que tiene una explicación política en el corto plazo,
pero que en largo puede ser contraproducente.
Los
países ricos en el deber ser, crearon en 2020 junto con la OMS el mecanismo
Covax para el reparto gratuito de vacunas a los países pobres, pero si la
producción de la vacunas no ha sido satisfactoria, ni aún para los
desarrollados, menos lo ha sido para los pobres; de allí la idea de liberalizar
las patentes, propuesta formulada originalmente por India y Suráfrica, países
que cuentan con laboratorios de alta tecnología en la producción de vacunas
tradicionales, iniciativa de la cual se hizo eco la OMS, y que también apoyó, a
título personal, la directora de la OMC. En un principio 100 de los 164 países
de la Organización Mundial del Comercio, apoyaron la iniciativa. EEUU estuvo en
contra inicialmente, paro luego la administración Biden cambió de parecer y
decidió alentar la proposición. Hasta el Papa Francisco expresó su solidaridad
con la idea de la liberación de las patentes.
Las
farmacéuticas se oponen a esta medida bajo el argumento que puede desalentar la
investigación y desarrollo de nuevas vacunas, ya que siendo su actividad un
negocio, al no tener la posibilidad de unas ganancias esperadas, esto puede
significar desmotivación y retraso en su actividad innovadora. Este argumento
es muy cierto, pero también lo es que una pandemia de alcance mundial en la que
muere mucha gente, no es una oportunidad de negocio, como lo es que los
investigadores no escogen su carrera por la posibilidad de hacerse ricos, ni
que los que trabajan para las farmacéuticas pueden decir: ahora me dedico a
otra cosa.
Miguel
Méndez Rodulfo
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