Angus Berwick 14 de noviembre de 2018
En
abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a
funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro
de tecnología chino de Shenzhen.
La
misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de
identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana.
Pero
una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía
hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.
En la sede
del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo
China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un
sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y
económico.
“Lo
que vimos en China cambió todo”, dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro
de aquella delegación venezolana.
Su
asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así
pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en
Venezuela.
“Ellos
buscaban tener el control de los ciudadanos”, agregó.
Al año
siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos,
fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a
Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron
de “traidor”, aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.
Portavoces
del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.
El
proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen,
Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como
“carnet de la patria”.
La
tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El
carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud
y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los
venezolanos para sobrevivir.
Y ZTE,
cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en
el corazón del programa.
Como
parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la
“seguridad nacional”, Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una
base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la
tarjeta, según contratos revisados por Reuters.
Un
equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de
CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la
base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.
El
carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de
derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del
presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos
recursos entre sus leales.
“Es un
chantaje”, dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Chávez, sobre el programa
del carnet de la patria.
“Los
venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que
no lo tienen”, agregó.
En una
entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE,
confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y
que está desarrollando la aplicación de pago móvil.
La
compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel
en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de
tarjetas.
“No
apoyamos al gobierno”, dijo. “Solo estamos desarrollando nuestro mercado”.
Un
derrumbe de la economía en Venezuela está provocando hiperinflación, escasez
generalizada de alimentos y medicamentos y un éxodo creciente de ciudadanos
desesperados.
El
presidente Maduro, el sucesor de Chávez, ha sido sancionado por Estados Unidos
y es criticado por gobiernos desde Francia a Canadá por ser cada vez más
autocrático.
Pero
Maduro tiene un aliado. La tarjeta también muestra cómo China, a través de
empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos
que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y
castigar a los ciudadanos.
La
base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla
de datos de usuarios revisados por Reuters, almacena detalles como
cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios,
historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes
sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.
La
divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado
hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de
2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a “fortalecer” la base de
datos.
El
gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este
artículo.
Nadia
Pérez, portavoz de CANTV, la firma estatal de telecomunicaciones, declinó hacer
comentarios y Manuel Fernández, el presidente de la compañía, no respondió a
correos electrónicos ni a mensajes de texto de Reuters.
El
Ministerio de Justicia de China y su embajada en Caracas no respondieron a los
pedidos de comentarios.
Aunque
ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el
gobierno es un cliente clave.
ZTE se
ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos
como autoritarios.
La
compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con
el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que
la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del
Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.
La
acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de
Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía
componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus
ciudadanos.
Expertos
legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías
que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por
Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos
creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.
Fernández,
el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la
empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento
del Tesoro.
Pero
las prohibiciones hasta ahora buscan primordialmente frustrar los negocios con
Maduro y otros altos funcionarios, no el comercio habitual en Venezuela.
Aún
así, los legisladores estadounidenses y otros críticos del gobierno de Maduro
están preocupados por el papel de ZTE en Venezuela. “China está en el negocio
de exportar su autoritarismo”, dijo a Reuters el senador estadounidense Marco
Rubio, en un correo electrónico.
“La
creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el
último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado
representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”,
agregó.
Para
entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó
contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su
desarrollo.
También
entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno
venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela,
como se conoce formalmente a la empresa.
Los
entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que
narró Daquin.
“UN INTENTO DE CONTROLARME”
A lo
largo del año pasado, Maduro instó a los ciudadanos a inscribirse y sacar la
nueva tarjeta, y dijo que es esencial “construir un nuevo poder popular en
Venezuela”. Unos 18 millones de personas -más de la mitad de la población- ya
lo han hecho, según cifras del gobierno.
“Con este
carnet vamos a hacer todo de ahora en adelante”, dijo Maduro por la televisión
estatal en diciembre pasado.
Para
alentar su adopción, el gobierno ha dado premios en efectivo a los titulares de
los carnet por desempeñar tareas cívicas, como reunir a los votantes.
También
ha otorgado pagos únicos, como a las mamás inscritas en el sistema, a quienes
dio un bono por el Día de la Madre de aproximadamente dos dólares. El pago, en
mayo pasado, era equivalente a casi un salario mínimo mensual, que alcanza para
comprar un cartón de huevos al ritmo actual de la inflación.
Maduro
además está tomando medidas para forzar la adopción de la tarjeta.
El
gobierno ahora dice que los venezolanos necesitan el carnet para recibir
beneficios que incluyen medicamentos, pensiones, canastas de alimentos y
combustible subsidiado.
En
agosto, los jubilados protestaron frente a las oficinas principales del
instituto nacional de seguridad social y se quejaron de que la regla de exigir
el carnet de la patria para cobrar su dinero limitaba el acceso a pensiones
ganadas con esfuerzo.
Benito
Urrea, un diabético de 76 años, dijo a Reuters que una médica estatal le negó
recientemente una receta de insulina y lo acusó de ser miembro de la “derecha”
porque no se había inscrito en el sistema del carnet. Como muchos venezolanos,
sobre todo aquellos que se oponen al gobierno de Maduro, Urrea ve la tarjeta
con sospecha.
“Lo
sentí como un intento de persuadirme, comprarme, por mis necesidades”, dijo
Urrea en su departamento de Caracas.
Reuters
no pudo ponerse en contacto con la doctora.
Con
los servidores comprados a ZTE, el gobierno está creando una base de datos que
algunos ciudadanos temen esté identificando a quienes apoyan al gobierno y a
los que no lo hacen.
Parte
de la información, como los datos de salud, se recopila al usar el carnet.
Otros datos se obtienen al inscribirse.
Los
titulares de tarjetas y los grupos locales de derechos humanos dijeron a
Reuters que los administradores hacen preguntas sobre ingresos, actividades
políticas y perfiles de redes sociales antes de emitir el carnet.
Los
funcionarios públicos se enfrentan a una presión especial para inscribirse, de
acuerdo con más de una docena de trabajadores estatales.
Al
escanear sus tarjetas durante la elección presidencial en mayo pasado, los
jefes les dijeron a los empleados de varias oficinas gubernamentales que les
enviaran fotos de ellos en las urnas, aseguraron.
Un
documento del Ministerio de Justicia revisado por Reuters mostraba una lista de
empleados estatales que no votaron.
Después
de que Chávez asumió la presidencia en 1999, buscó empoderar a los venezolanos
“invisibles” que no podían acceder a los servicios básicos.
En los
años siguientes, más ciudadanos recibieron documentación, pero los carnets eran
frágiles y fáciles de falsificar, según un informe del Ministerio de Justicia
de 2007.
El
informe, revisado por Reuters, recomendó una nueva tarjeta habilitada para usar
un microchip que sería más difícil de falsificar, pero no se avanzó en ese
esfuerzo.
Ese
diciembre, luego de casi una década de gran popularidad, Chávez sufrió su
primera derrota electoral, perdiendo un referéndum para eliminar los límites al
período de gobierno.
Poco
después, los precios del petróleo se desplomaron, golpeando a la economía casi
monoproductora.
Chávez
se esforzó para apaciguar su base de clase trabajadora, incluyendo a muchos que
aún carecían de esos documentos de identidad. Y envió a China a Daquin, el
principal asesor de seguridad de la información de su Ministerio de Justicia.
La
tecnología que Daquin y sus colegas conocieron en Shenzhen fue la base de lo
que se convertiría en el “Sistema de Crédito Social” de China.
El
sistema, en constante evolución y parte del cual usa “tarjetas inteligentes de
ciudadanos” desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su
comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política.
El
buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en
servicios públicos o préstamos. Las “malas notas” pueden llevar a que se les
prohíba usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las
mejores escuelas.
Los
ejecutivos de ZTE mostraron las tarjetas inteligentes venezolanas a las que se
integró una identificación por radiofrecuencia o RFID, una tecnología que
permite a través de ondas de radio rastrear la ubicación y datos.
Otras
tarjetas utilizan los llamados códigos de respuesta rápida, o QR, códigos de
barras matriciales que se usan comúnmente para almacenar y procesar
información.
Después
del viaje, Venezuela volteó la mirada a Cuba, su más cercano aliado político, y
le pidió ayuda para crear su propia versión de tarjetas RFID.
“El
nuevo objetivo era Big Data”, dijo Daquin.
En
junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172
millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas, según una copia
del contrato.
Los
funcionarios del gobierno cubano no respondieron a las preguntas sobre el
acuerdo.
Para
el año 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial que tenía el
programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de los ciudadanos. Y
expresó sus preocupaciones ante funcionarios como Vladimir Padrino, un general
de la época que ahora es ministro de Defensa de Venezuela.
El
Ministerio de Defensa no respondió a las llamadas telefónicas, correos
electrónicos ni a una carta presentada por Reuters para hacer comentarios.
En la
mañana del 12 de noviembre del 2009, en su panadería habitual de Caracas, seis
oficiales armados con uniformes de la agencia nacional de inteligencia
esperaban a Daquin, según contó a Reuters.
Le
mostraron fotos de su hija y lo obligaron a conducir hacia el este, hacia la
ciudad de Guatire.
En un
camino secundario, dijo Daquin, lo golpearon con pistolas, le metieron un arma
en la boca y le sacaron varios dientes, que aún le faltan.
“¿Por
qué traicionas a la revolución?”, preguntó uno.
Le
exigieron 100.000 dólares por su liberación, dijo Daquin.
Daquin,
quien dice que había estado ahorrando durante años para comprar una propiedad,
fue a su casa, sacó dinero de una caja fuerte y se lo entregó a los hombres.
Esa
noche, reservó un vuelo para él, su esposa y sus tres hijos a Estados Unidos,
donde ha vivido desde entonces, trabajando como asesor de seguridad de la
información.
Su
hermano, Guy, que también vive en Estados Unidos, confirmó la narración de
Daquin.
La
documentación revisada por Reuters corrobora su papel en el Ministerio, y
personas familiarizadas con el trabajo de Daquin confirmaron su participación
en el proyecto del carnet.
Después
de que Daquin huyó, el contrato con Cuba no llegó a ninguna parte, según otro
exasesor.
En
marzo de 2013, Chávez murió. Maduro, su heredero como candidato del Partido
Socialista, fue elegido presidente al mes siguiente. El prolongado desplome
petrolero arrastró a Venezuela a la recesión.
“AVERIGUAREMOS”
Con el
aumento de la pobreza y el hambre, el gobierno lanzó en 2016 un programa para
distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Contrató a Soltein SA de CV, una
compañía con sede en México, para diseñar una plataforma en línea para rastrear
los paquetes, según los documentos revisados por Reuters.
La
plataforma fue el comienzo de la base de datos que ahora se usa para el sistema
del carnet de la patria.
Los
directores de Soltein, según los perfiles de LinkedIn, son en su mayoría
exempleados estatales cubanos.
Una
persona que contestó un teléfono registrado a nombre de Soltein negó que la
empresa trabajara en el sistema de la patria. Una mujer en la dirección
registrada de la compañía en la ciudad turística de Cancún dijo a Reuters que
nunca había oído hablar de Soltein.
El
sistema funcionó. Un 90 por ciento de los residentes del país recibe hoy los
paquetes de alimentos, según un estudio publicado en febrero por la Universidad
Católica Andrés Bello y otras dos universidades.
Ya más
satisfecho con su capacidad de rastrear las entregas, el gobierno buscó saber
más sobre los beneficiarios, de acuerdo con personas involucradas en el
proyecto. Así que volvió a ZTE.
La
empresa china, que está en Venezuela desde hace aproximadamente una década,
tiene más de 100 empleados que trabajan en dos pisos de un rascacielos de
Caracas. Primero trabajó con CANTV, la compañía de telecomunicaciones, para
habilitar la programación de televisión en línea.
Como
muchas empresas estatales en Venezuela, CANTV está sedienta de inversiones.
ZTE se
convirtió en un socio clave, asumiendo muchos proyectos que alguna vez hubieran
sido responsabilidad de CANTV, dijeron personas familiarizadas con ambas
compañías.
La
compañía china está ayudando hoy al gobierno de Venezuela a construir seis centros
de respuesta a emergencias que monitorizan las principales ciudades del país,
según un comunicado de prensa de 2015.
En
2016, ZTE comenzó a centralizar para el gobierno la vigilancia por video de
todo el país, dijeron empleados actuales y anteriores.
En su
empuje final por los carnets de la patria, el gobierno ya no consideraba la
tecnología RFID, según personas familiarizadas con el esfuerzo. La tecnología
de rastreo era demasiado costosa.
En
cambio, le pidió a ZTE que lo ayudara con los códigos QR, los cuadros en blanco
y negro que los usuarios de teléfonos inteligentes pueden escanear para
dirigirse a sitios web.
ZTE
desarrolló los códigos, a un costo de menos de 3 dólares por cuenta, y el
gobierno imprimió las tarjetas, vinculándolas a la base de datos de Soltein,
dijeron esas fuentes.
En una
llamada telefónica con Reuters en septiembre, Su, el jefe de negocios de ZTE en
Venezuela, confirmó el acuerdo de la compañía con CANTV. Se negó a responder
otras preguntas.
Maduro
presentó las tarjetas en diciembre de 2016. En un discurso televisado, sostuvo
una, agradeció a China por prestar un apoyo que no especificó y dijo que “todo
el mundo debe carnetizarse”.
El
sistema de identificación, que aún se ejecuta en la plataforma Soltein, todavía
no se había migrado a los servidores ZTE.
El
desastre pronto golpeó. En mayo de 2017, los hackers irrumpieron en la base de
datos del sistema del carnet. El ataque fue llevado a cabo por activistas
anónimos anti Maduro conocidos como TeamHDP.
El
líder del grupo, en una cuenta en Twitter bajo el nombre @YoSoyJustincito,
escribió que el pirateo fue “sumamente sencillo” y estaba motivado por la
misión del TeamHDP de exponer los secretos de Maduro.
El
hacker, que habló con Reuters por mensajes de texto, se negó a ser identificado
y dijo que ya no está en Venezuela. Un administrador de CANTV que luego ayudó a
migrar la base de datos a los servidores ZTE confirmó los detalles de la
violación.
Durante
el hackeo, TeamHDP tomó capturas de pantalla de los datos de los usuarios y
eliminó las cuentas de los funcionarios del gobierno, incluido Maduro. Más
tarde, el presidente apareció en la televisión escaneando su tarjeta y
recibiendo un mensaje de error: “La persona no existe”.
Las
capturas de pantalla de la información de varias cuentas de tarjetas,
compartidas por TeamHDP con Reuters, incluían números de teléfono, correos
electrónicos, domicilios, participación en eventos del Partido Socialista e,
incluso, si una persona tiene una mascota.
Las
personas familiarizadas con la base de datos dijeron que las capturas de
pantalla parecen auténticas.
Poco
después del hackeo, Maduro firmó un contrato de 70 millones de dólares con
CANTV y un banco estatal para proyectos de “seguridad nacional”. Eso incluyó el
desarrollo de una “base de datos centralizada de la patria” y una aplicación
móvil para procesar pagos asociados con la tarjeta, como la compra de la caja
de alimentos que entrega el gobierno a precio de descuento.
“La
seguridad integral de la nación (...) pretende ser vulnerada por factores
apátridas y antiimperialistas”, dice el contrato, que sostiene que una parte no
revelada del dinero provendría del Fondo Conjunto de China y Venezuela, un
programa de financiamiento bilateral.
Un
contrato relacionado, también revisado por Reuters, asigna la base de datos y
los proyectos de aplicaciones de pago a ZTE. El documento no revela cuánto de
los 70 millones de dólares se destinarían a la empresa china.
ZTE
declinó comentar sobre los detalles financieros de su negocio en el país
petrolero. Ni el gobierno venezolano ni el chino respondieron a preguntas de
Reuters sobre los contratos.
En
julio de 2017, Soltein transfirió la propiedad de los datos del sistema de la
patria a CANTV, según muestran los documentos del proyecto.
Un
equipo de una docena de desarrolladores de ZTE comenzó a reforzar la capacidad
y la seguridad de la base de datos, dijeron los empleados actuales y anteriores
de CANTV.
Entre
otras medidas, ZTE instaló unidades de almacenamiento de datos construidas por
Dell Technologies Inc., con sede en los Estados Unidos, según un documento de
ZTE. La portavoz de Dell, Lauren Lee, dijo que ZTE es un cliente en China, pero
que la empresa no vende equipos a ZTE en Venezuela.
Agregó
que Dell revisó sus transacciones en Venezuela y que tampoco tenía conocimiento
de ninguna venta a CANTV.
“Dell
se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables donde hacemos negocios”,
dijo Lee en un correo electrónico. “Esperamos que nuestros clientes, socios y
proveedores sigan estas mismas leyes”.
En
mayo, Venezuela celebró elecciones que fueron desacreditadas por gobiernos
extranjeros después de que las autoridades electorales venezolanas
inhabilitaran a varios partidos de oposición.
Antes
de la jornada electoral, los funcionarios del partido gobernante instaron a los
votantes a estar “agradecidos” por la generosidad del gobierno a través de los
carnet de la patria.
Instalaron
quioscos llamados “puntos rojos” cerca de los centros de votación, donde los
votantes podían escanear sus tarjetas y registrarse. El mismo Maduro prometió
un “premio de la patria” para quien votara.
Los
que escanearon sus tarjetas más tarde recibieron un mensaje de texto
agradeciéndoles por apoyar a Maduro, según varios titulares de tarjetas y un
mensaje de texto revisado por Reuters.
Los
premios para votar, sin embargo, nunca fueron emitidos, dijeron los dueños de
las tarjetas y personas familiarizadas con el sistema.
Los
empleados actuales y anteriores de CANTV dicen que la base de datos registra si
votó una persona, pero no cómo.
Sin
embargo, a algunos votantes se les hizo creer que el gobierno lo sabría.
Una
organizadora de un comité de distribución de alimentos en la ciudad de Barinas,
en el oeste del país, aseguró que empleados del gobierno le pidieron a ella y a
sus colegas que les dijeran a los beneficiarios de las cajas con comida que
podían saber cómo votaron.
“Nosotros
nos vamos a enterar si va a votar o no por el gobierno”, recordó la mujer
haberles dicho.
Los
trabajadores del Estado dicen que son un blanco. Una presentación interna de
CANTV del año pasado dijo que el sistema puede transmitir información de la
base de datos a los ministerios para ayudar a “generar estadísticas y tomar
decisiones”.
Después
de la votación, oficinas gubernamentales, como el estatal Banco Bicentenario,
enviaron listas a CANTV con nombres de empleados estatales para determinar si
habían votado, según un gerente que ayudó a configurar los servidores.
El
Banco Bicentenario no respondió a un pedido de comentarios.
Ahora
que los datos personales están tan disponibles, algunos ciudadanos temen perder
más que sus empleos, dijo Mariela Magallanes, una legisladora de la oposición
que encabezó una comisión para investigar los carnet de la patria.
“El
gobierno sabe exactamente quién es más vulnerable a la presión”, dijo.
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