Fernando Camino Peñalver 12 de noviembre de 2018
El
régimen en casi veinte años de desgobierno ha aplicado tres planes destinados a
modificar el marco económico de nuestro país. La aplicación de estos planes se
centró en sustituir la actividad productiva privada por las fracasadas empresas
de producción “socialista”. Pero la ineptitud y la corrupción oficializada
acabaron también con estas empresas,
agravando aún más la caída de la oferta de bienes y servicios nacionales.
Hasta
el año 2013, debido a los elevados precios del crudo y a pesar del desastroso
manejo de las industrias básicas, el régimen pudo mantener abastecido al país
mediante la importación de todo tipo de bienes. Este plan de corte populista
mal llamado inversión social, creó una falsa prosperidad en parte de la
población. Mientras el despilfarro y la corrupción oficial dilapidó más de mil
ciento cincuenta millones de millones de dólares provenientes de la renta
petrolera y de deuda pública, el régimen con una mínima fracción de esta
descomunal cifra, logró mantener distraída a gran parte de la población,
mientras se dedicaban a destruir el marco constitucional de la nación y al
sector de la producción privada.
Pero a
partir de 2014 debido a la caída de los precios del petróleo y al deterioro de
Pdvsa, empezó a disminuir progresivamente el ingreso de divisas y con ello la
incapacidad de sustituir la producción privada por bienes importados. Ese año
se inicia el ciclo más prolongado de la caída del PIB desde que se publican
estadísticas económicas en nuestro país.
En
2013 se inicia la aplicación del tercer plan, el Plan de la Patria 2013-2019.
En este plan se promete mantener un crecimiento del PIB entre un 3% a un 4%
interanual, pero la realidad es que entre
2014 a 2017 la contracción del crecimiento económico fue de un -45% y el FMI estima para este año una caída de
-18% del PIB. En las metas macro económicas del plan estiman un promedio anual
de la tasa de inflación de un 20%, pero estamos padeciendo una hiperinflación
que cerró el 2017 en 2.735%. Las estimaciones del FMI prevén para el cierre de
este año que será de 1.350.000% aproximadamente.
En el
plan, se estima un cronograma de crecimiento de la producción petrolera con una
proyección de 6.000.000 de b/d en 2019; pero la terrible realidad es que la
producción de Pdvsa y sus aliados comerciales se redujo en septiembre de este
año a 1.197.000 b/d, una reducción promedio de 38.000 bp/d con respecto a
agosto un -3,3%. En ocho meses de este año Pdvsa ha dejado de producir 557.000
bp. Esto representa un 45% del promedio de 2016 que fue de 2.150.000 b/d. En
1.998 cuando aún estábamos en Democracia, la producción fue de 3.100.000
barriles diarios.
Pero
más ambiciosa es la propuesta del Plan de la Patria en relación al combate de
la pobreza y del desempleo: se promete a partir de 2013 reducir la pobreza a un
15% y la pobreza extrema hacerla inexistente, es decir 0% y el desempleo
mantenerlo en una tasa de entre un 5% a un 7% anual. Precisamente a partir de
2013, en los índices de pobreza se refleja una escalada perversa que este año
ha llegado hasta niveles cercanos al 90% de pobreza y superiores al 60% de
pobreza extrema. El desempleo según el FMI se situó el 2017 en un 27% y prevé
el mismo organismo internacional que para este año llegará por lo menos a un
33%.
La
aplicación por parte del régimen de estos tres planes destinados a modificar el
marco económico e institucional de nuestro país, ha creado un impacto negativo
sobre la producción del sector privado y público y un retroceso institucional
de más de sesenta años. El sector privado ha tenido una reducción de
aproximadamente dos tercios de su capacidad productiva e igual situación ha ocurrido con las empresas
básicas del sector público, así como con los sectores de electrificación, servicios
sanitarios, vivienda, infraestructura y de la salud.
Ante
la gravedad de la crisis institucional que padecemos, estamos urgidos de un
gobierno y de poderes públicos independientes que resuelvan de forma inmediata
la situación creada por este régimen indolente, corrupto e ineficaz. Necesitamos
un Estado Democrático que garantice al sector productivo privado seguridad
jurídica y políticas públicas necesarias para estimular la propensión a
invertir y a producir en nuestro país, para poder llevar un merecido bienestar
social a nuestra población.
Fernando
Camino Peñalver
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