JOSÉ MARÍA IRUJO y JOAQUÍN GIL 29 de noviembre de 2018
Directivos próximos a Hugo Chávez y
ejecutivos de PDVSA ocultaron su botín en Andorra
El
Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros)
sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La
construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un
fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de
Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar
y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros)
de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca
Privada d'Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades
de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.
Al
gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían
empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de
Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos
países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China
otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China
(BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y
Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para
modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.
Y es
que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de
Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano
entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía
pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que
Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio
de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de
Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio
creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA
de Andorra.
Salazar
fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.
El
circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la
sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con
la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de
los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía,
especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se
ofrecían en el Gran Volumen.
El
contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La
magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar
a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos
conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría
un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de
un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría,
donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de
informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente
auto de la juez andorrana.
Tras
la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La
primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que
sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta
andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer
pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del
proyecto de construcción de la planta termoeléctrica El Vigía”.
Por
cada obra adjudicaba, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Un millón de
dólares (882.591 euros) por el proyecto del delta del Orinoco; 400.000 dólares
(353.072 euros) por el del río Guarico; 600.000 (529.610 euros) y un millón de
dólares (882.591 euros) por el del rio Orinoco; tres millones (2,6 euros) por
los proyectos de Fábrica, Tiznado, Piritu Becerrra, Delta Orinoco y Guarico.
Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró. Y sumó 106 millones de
dólares (93,5 de euros)
Al
tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras
millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios
venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA. Los ejecutivos
del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del
empresario venezolano al que ayudaron a constituir su red de sociedades
panameñas.
El
negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que
Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares.
China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la
estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con
un pago de 55 millones de dólares (48,5 de euros). Rodríguez percibió 9,5
millones dólares (8,3 de euros). El dinero fue a parar a la cuenta andorrana de
la sociedad holandesa Investments and Consulting.
La
firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de
la central de La Cabrera. Cinco días antes, la sociedad panameña de Salazar
había firmado un contrato con Francisco Jiménez Villaroel, gerente de la
oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar en el
mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna
estructura para prestar esos supuestos servicios. La empresa china no tardó en
transferir 50 millones de dólares (44,1 de euros) a la cuenta de Salazar y
Eudomario Carruyo, entonces director financiero de PDVSA, recibió en su cuenta
de la BPA 7 millones de dólares (6,1 millones de euros)
El
caudal de pagos millonarios del Gran Volumen no se detuvo. Nuevas comisiones
por La Cabrera, por el proyecto Agrícola Integral Pajuey y Santo Domingo Llano
Alto. Y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas
de Salazar y sus colaboradores. Como la firma de fabricación de autobuses
Yutong Hongkong Ltd., que le transfirió 11 millones de dólares (9,7 de euros);
la petrolera Shandong Kerui Petroleum, que le envíó 17 millones (15 de euros).
Salazar
declaró en 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos
más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de
decidir que empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que
fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de
expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país
latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos, y Javier
Alvarado, exviceministros de Energía de Hugo Chávez.
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