Por Carolina Gómez-Ávila
“Las acciones de resistencia previstas en la
Constitución de 1999 (…) implican, no una ruptura del orden constitucional
existente, sino su precisa aplicación con base a la primera fuente de
legitimidad que son los principios y valores constitucionales”.
Nunca hubiera leído este
texto si Gerardo Blyde no hubiera publicado un
interesante tuit al respecto, el 17 de junio de 2017.
Digo interesante porque, además del contenido, destacó que pertenece al libro
“La Constitución de 1999”, autoría de Hermann Escarrá.
Reconozco el destello
republicano, dígalo quien lo diga. Eso por una parte. Por la otra, no hay mejor
cuña que la del mismo palo. Así que lo traigo a colación hoy para unas pocas
reflexiones sobre la resistencia.
La República exige “poderes
independientes que se controlen recíprocamente”. En nuestra actual situación,
el único Poder Público que podría ofrecer control -puesto que está
políticamente dispuesto a hacerlo; es decir, es el único que se opone al resto
de los poderes- es el Legislativo.
En este desequilibrio
flagrante no es posible ofrecer resistencia sin dar apoyo irrestricto a la
Asamblea Nacional. Pero dar apoyo al Parlamento, dar apoyo a los diputados en
tanto representantes electos hasta 2021, no significa dar apoyo a los
individuos. Nadie pretende eso. Lo que se pretende es que discernamos entre el
ciudadano, el diputado en la curul y la institución misma.
Si se les llama
parlamentarios no se puede esperar que su acción fundamental sea distinta de
hablar, declarar, conversar, tratar puntos de vista diferentes y llegar a
acuerdos. Esto contiene una curiosa implicación: pide parlamentar quien se
considera vencido o en la imposibilidad de vencer y le responde quien se
considera convencido o en capacidad para convencer. Así que parlamentar implica
diálogo y negociación desde una posición no necesariamente ganadora.
Con esto encuentro
explicación a la campaña de difamación a los diputados y a la, más perversa
aún, campaña de desprestigio de la actividad parlamentaria, que se apuntala en
un par de conclusiones tácitas: que la Asamblea Nacional no puede acometer
acciones propias del Poder Ejecutivo ni de la Fuerza Armada Nacional
Pienso que estamos ante una
operación de opinión para entrampar a la población. Percolar estos errores,
permitir que subyazcan, hará que la población desprecie, por considerarlo
inútil, todo lo que se relacione con el sistema republicano y la democracia.
Por resultado, a ese pueblo le será fácil tolerar, aceptar de buen grado o
pedir una acción de fuerza para instaurar otra dictadura que actúe con la
eficacia que sólo los tiranos tienen.
La contraoperación debería
mostrar que por el solo hecho de ser mayoritariamente opositor, el Poder
Legislativo es la única cortapisa institucional para la tiranía; que a pesar de
maniatado, violado y vejado, sigue siendo nuestra única voz y mecanismo de
acción y que en ello vale la pena perseverar.
Para lograrlo, la Asamblea
Nacional debería ser la institución a la que los medios de comunicación social
traten con mayor esmero. Sin olvidar que representa su posibilidad de libertad
de prensa y, para el pueblo, de libertad de expresión.
Pero esta campaña de
descrédito no va sólo contra la institucionalidad sino que también ataca al
sistema de partidos múltiples. El descrédito de quienes se dedican a la
actividad político-partidista, a partir de difamaciones que si no son falsas es
prácticamente imposibles de probar, recae en los partidos políticos robándoles
el prestigio y favor popular y, como quiera que usted lo entienda, no hay
democracia sin partidos políticos.
La resistencia claudica cuando
se desdeña la actividad parlamentaria “por inútil” y la actividad
político-partidista “por colaboracionista”. No opone resistencia quien le quita
poder a las dos únicas instituciones que pueden ayudarnos a salir de esta
pesadilla. No hay otra que nos pueda representar.
17-11-18
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