Gonzalo González 14 de noviembre de 2018
Asistimos
impotentes a la demolición del Estado venezolano, materializado en el dominio
de amplias zonas de la geografía nacional por actores ajenos al mismo,
vinculados directamente al hampa organizada y grupos irregulares colombianos.
Proceso permitido por acción y omisión de quienes gobiernan.
El
chavismo, ha propiciado y permitido este proceso de debilitamiento del Estado,
que constituye una clara dejación de sus obligaciones y competencias como
gobierno así como un atentado a los intereses del país, por razones subalternas
vinculadas a su objetivo primordial (demostrado hasta la saciedad) de
perpetuarse en el poder. Desde el principio de su gestión identifico en la
FARC, el ELN y en sectores del crimen organizado unos aliados fundamentales
para llevar adelante su proyecto de dominación.
El
precio a pagar por tales alianzas ha sido el debilitamiento del control estatal
y la cesión a esos grupos de amplias zonas del territorio nacional para que
puedan desarrollar impunemente e incluso con protección de organismos de
defensa y seguridad del Estado sus actividades subversivo-delictivas.
La
vigencia de esa alianza contra natura y perversa ha ocasionado y ocasiona
crecientes perjuicios a los intereses del Estado venezolano, a su seguridad
nacional y ciudadana, a su integridad territorial y a su vigencia en tanto que
ente representativo y vertebrador de la nación e impide la preservación y
explotación en función del bienestar nacional de los recursos naturales en
algunas zonas del territorio.
El
avance dramático de esa situación ha sido relevado en los últimos días por la
denuncias del diputado Américo de Gracia referentes a toda la operación que se
lleva a cabo en el llamado Arco Minero, en la cual funciona aceitadamente la
alianza Gobierno- ELN y hampa organizada (suerte de mafia paraestatal) para
usufructuar ilegalmente los vastos recursos mineros de la zona.
Según
el diputado, el ELN y el hampa se ocupan del trabajo sucio de represión en la
zona contra comunidades indígenas y mineros artesanales a cambio de pingues
beneficios. Es vox populi en la zona que toda ésta actividad se hace a costa de
grandes daños ecológicos en la región.
A
estas alturas uno se pregunta dónde queda el honor, el sentido del deber y la
obligación de defender los intereses del país de la institución a quien la
Constitución encomienda expresamente la custodia y preservación de la
integridad del territorio nacional, la seguridad nacional y el monopolio de la
violencia
La
situación arriba descrita es un elemento más a favor de un cambio urgente de
gobierno y de régimen. El problema es que los políticos no están haciendo su
trabajo de ser portavoces e instrumentos para beneficiar los intereses
nacionales y ciudadanos. Quienes gobiernan por ser causantes y cómplices de la
crisis sistémica en progreso. Y los democráticos por su incapacidad y falta de
voluntad política para construir una alternativa de poder (con todas las
dificultades de hacer política en una dictadura) como lo demanda la situación y
la mayoría determinante del cuerpo social.
Gonzalo
González
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