EFE 16 de noviembre de 2018
La ONG
Transparencia Venezuela hizo público hoy un informe en el que detalla el
desempeño de 42 empresas del Estado que fueron arropadas por la corrupción y ha
agravado la crisis alimentaria que agobia al país petrolero, y responsabiliza a
los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por esta situación.
En
este informe, que indaga sobre el desempeño de 576 empresas estatales, con
especial énfasis en 160 de las áreas de minería, hidrocarburos, servicios
públicos y agroalimentario, se analizan sus reglas, resultados financieros,
responsables de gestión y casos de corrupción que se han denunciado
públicamente.
“La
materia prima agrícola y los alimentos, en los últimos diecinueve años, han
sido manejados como instrumentos de dominación y proselitismo político de la
clase gobernante”, dice el escrito.
En el
caso del sector agroalimentario se destaca el caso de la empresa española
Agroisleña, expropiada en 2010 y bautizada por Chávez como Agropatria y que
hasta ese momento prestaba servicios a los productores agropecuarios a quienes
vendía materia prima, equipos, fertilizantes y ofrecía asistencia técnica.
“Ocho
años después de creada Agropatria, ente adscrito al Ministerio de Agricultura
Productiva y Tierras, muestra una marcada involución caracterizada por:
convertirse en un monopolio de agroinsumos producto de la negación de divisas y
la no cancelación de la deuda a las empresas de la misma rama”, dice el
documento.
Asimismo,
en el informe se indica que debido a la caída en sus funciones, la empresa
ahora convertida en Agropatria ha “desabastecido” y “abandonado” los sectores
agrícolas que tienen que ver con hortalizas, raíces tubérculos, frutales y
medicina veterinaria, entre otros.
Además
Agropatria, según el informe, “condiciona la venta de insumos (materiales) a la
entrega de parte de la cosecha de los agricultores y sus asociaciones a sus
silos”.
Los
agricultores, dice el reporte, se quejan de la calidad de los productos que se
venden en la empresa, ahora estatal, por “inefectivos”, entre otras críticas
que incluyen precios “especulativos”.
Se
subraya: “La estatal Agropatria impuso, desde el año 2017, la celebración de un
contrato a través del cual los agricultores se comprometen a venderle el 30 %
de su cosecha, como condición para venderles insumos”.
El
informe también destaca la situación de la empresa estatal Agrofanb, creada en
2013 “con el objetivo de producir alimentos para los distintos componentes que
conforman la Fuerzas Armadas”.
Los
programas de Agrofanb, dice el reporte de la ONG, “compiten ventajosamente con
las asociaciones de productores de arraigo y tradición en el sector, y
funcionan en alianza con Agropatria, acaparando la semilla, el fertilizante,
los agroquímicos y demás insumos que la mermada empresa estatal está en
capacidad de ofrecer”.
Así,
dice el informe, Agrofanb “escapa del rol para la cual fue creada y emerge como
una de las empresas públicas con mayores beneficios (apoyos o subsidios)
otorgados por el Estado”.
En el
largo escrito también se incluyen detalles de supuestas desviaciones por
corrupción en la “Empresa Socialista Pedro Camejo”, encargada de prestar
servicio de maquinaria pesada como tractores, y en la Corporación Única de
Servicios Productivos y Alimentarios, C.A., (Cuspalca), adscrita al Ministerio
de Alimentación.
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