IBIS LEON 16 de noviembre de 2018
La
Asamblea Nacional opositora no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de
la República a partir del 10 de enero de 2019. Tampoco lo harán 46 países que
desconocieron la pasada elección presidencial del 20 de mayo.
Esta
“ilegitimidad” del jefe de Estado provocará nuevamente el
desconocimiento recíproco entre Poderes Públicos –Asamblea Nacional y Tribunal
Supremo de Justicia– con consecuencias para el país en materia de deudas,
importaciones, funcionamiento del Estado, sanciones y relaciones
internacionales, advierte el constitucionalista Juan Manuel Raffalli.
“La
única solución a la crisis es una negociación (…) El 10 de enero debe ser el
catalizador para un acuerdo político nacional para llamar elecciones, para que
la gente se exprese y para permitir se aplique el artículo 5 constitucional”,
manifestó.
El
artículo 5 establece:
“La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente,
mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos
del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
El
acuerdo político electoral debe contener un pacto entre los Poderes Públicos y
la posible convocatoria de elecciones generales, en opinión de Raffalli.
“Las
elecciones generales no están previstas en la Constitución, pero el texto
constitucional privilegia los acuerdos políticos, por eso los límites del
artículo 333 no están en la Constitución sino en el seno de la sociedad”,
señaló.
Presidenciales
en 30 días
El
abogado comparte la tesis del profesor Gustavo Linares Benzo, según
la cual el 10 de enero de 2019 la Presidencia de la República quedará vacante
porque Maduro “no fue electo democráticamente”.
Raffalli
argumentó que se debe aplicar el artículo 233 constitucional, es decir el
presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el mandato y convocar elecciones
en 30 días.
Una
salida más política que jurídica
El
constitucionalista insistió en que la salida legal es la aplicación del
artículo 233; sin embargo, explicó que su aplicación “es un tema de fuerza
política porque la fortaleza institucional, que debe ser asumida por
el Tribunal Supremo de Justicia no existe. Seguimos con el funcionamiento
atípico de los Poderes Públicos”.
La
presión nacional con mecanismos de protesta y la presión internacional son
factores que podrían perturbar la gobernabilidad del Gobierno nacional en 2019.
El
constitucionalista considera que la oposición tiene la posibilidad de ejercer
mecanismos de protesta, presión internacional en organismo multinacionales como
la Organización de Estados Americanos y las Naciones
Unidas. “Sin un Gobierno legítimo no hay manera de salir de la crisis
política”, dijo.
Este
martes 13 de noviembre el Parlamento aprobó un acuerdo que declara
inconstitucional el mandato de Maduro en 2019 y exige la convocatoria de
elecciones generales.
“Por
primera vez en Venezuela después de más de 60 años nos encontramos con una
elección cuyo efecto legitimador, para ejercer la presidencia, está
cuestionado. Desde el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez (en 1957) hasta hoy
todas las elecciones se centraban en discutir los resultados, pero nunca se
había cuestionado el proceso electoral en sí mismo. Se está cuestionando la
legitimidad de origen de Maduro”, manifestó.
Raffalli
reiteró que las elecciones del 20 de mayo “son producto de un desacuerdo en
República Dominicana”. “¿Cómo de un desacuerdo puede surgir un evento electoral
auténtico?”, se preguntó.
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