Miguel Méndez Rodulfo Caracas,
8 de agosto de 2013
Aunque es cierto que México en los
últimos lustros ha mostrado progresos evidentes en materia de cobertura
educativa, también es verdad que este esfuerzo se ha hecho a contracorriente,
debido a la oposición soterrada de los organismos sindicales a todo intento de
mejorar el sistema de enseñanza. Los sindicatos controlan la provisión de
puestos, los aumentos de sueldos, las jornadas laborales, etc., y han
implantado la práctica de comprar y vender los puestos de profesor, de tal
manera que se ha configurado un sistema educativo que más que favorecer al
estudiantado, beneficia a los maestros y profesores. Contra esto Peña Nieto
propuso su reforma educativa, como parte del Pacto por México, para ello
presentó una reforma constitucional que fue sancionada por el congreso mexicano
el 20 de diciembre de 2012, sometida a consideración de los parlamentos
regionales, y promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de febrero de 2013.
La reforma consiste, en primer lugar,
en la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el cual será
coordinado por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), otorgándosele a este organismo
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus integrantes, elegidos
por el senado, durarán 7 años en sus funciones. La labor del instituto será
evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;
para ello realizará mediciones a los componentes, procesos y/o resultados del
sistema educativo. Lo que el INNE busca es que la evaluación magisterial no sea
potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros; que no sea
pactable y que tenga consecuencias jurídicas, es decir, el maestro que repruebe
la evaluación se tendrá que ir. Hay que recordar que en la última evaluación
nacional reprobó el 75 por ciento de los maestros. El gobierno ha presentado un
anteproyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente, en el que se
menciona que los maestros serán sometidos de forma obligatoria a una evaluación
periódica al menos cada cuatro años, y contarán con tres oportunidades para
aprobarla. En caso de no aprobar su primera evaluación, los docentes deben
acudir a programas de regularización y presentar un segundo examen. Si tampoco
llegaran a aprobar éste, deberán volver a acudir a cursos; se evaluará entonces
por tercera vez a los maestros.
Quien no se incorpore a los programas
de evaluación o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que
se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad para la
Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. En el
caso de los maestros con una plaza temporal, el límite para que sean despedidos
será dos evaluaciones.
En segundo lugar, se crea crear el Sistema de Servicio Profesional Docente,
el cual promueve la realización de concursos de ingresos para docentes y para
la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la
educación básica y media superior. Con dicha creación se estarían fijando los
términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los
criterios para determinar la promoción o el sistema de reconocimientos
corresponderán exclusivamente al mérito y a la preparación de cada maestro en
particular.
En tercer lugar se crean las escuelas
dignas y escuelas de tiempo completo
con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión en los centros de
enseñanza; es decir, se busca darle a cada escuela, los medios necesarios para
que cada director pueda resolver los problemas de operación básicos, con el fin
de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y en general
resolver problemas con la ayuda de los de padres de familia, maestros y
alumnos. Por otra parte se impulsan esquemas de suministro de alimentos
nutritivos por micro empresas locales. De igual modo, se prohíbe la venta en
las escuelas de alimentos que no cumplan con el objetivo de fortalecer la salud
de los estudiantes.
Elba Esther Gordillo (conocida como
“La Maestra”), quien como líder del sindicato de profesores de México había
amasado toda una fortuna personal mientras vivía de modo extravagante y ejercía
considerable influencia sobre los principales políticos de México, se aseguró
durante años que los sindicatos educativos hayan estado exentos de
responsabilidad y de tener que rendir cuentas. Mientras tanto, cerca de la
mitad de los estudiantes mexicanos de secundaria abandonaban los estudios.
Gordillo fue arrestada recientemente bajo la acusación de fraude e indecencia.
Al permitir actuar a la justicia, Peña Nieto ha enviado el firme mensaje de que
a su administración no le tiembla la mano para enfrentarse a un miembro
poderoso de este influyente lobby.
Los sindicatos de profesores han
respondido a los cambios realizando enormes y perjudiciales protestas públicas
afirmando que las reformas conducirán a una completa privatización del sistema
educativo mexicano. Los maestros guerrerenses incluso vandalizaron edificios de
gobierno e incendiaron sedes partidistas en Chilpancingo. En julio, los
sindicatos decidieron cesar las protestas de calle y sentarse a negociar con el
gobierno. La aplicación de la reforma parece ir bien.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 8 de agosto de 2013
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