Miguel Mendez Rodulfo 26 de julio de 2014
Colocada contra la pared, la nación
austral está mostrando signos inequívocos de ir hacia un default con las
tremendas consecuencias que ello implica para el pueblo argentino, para los
siguientes gobiernos que sucedan al actual y para el país dado que mancha su
imagen ante la comunidad financiera internacional. Argentina no se encuentra
actualmente en la mejor situación económica, pero tampoco está en los niveles
previos al 2001, por lo que puede perfectamente negociar con los holdouts un
acuerdo que incluso incluya el pago con otros bonos. Lo que sucede es que en
estas neodictaduras, acostumbradas a gobernar a su real capricho, las cosas se
hacen como ellas piensan, o no se hacen, y para salirse con la suya no temen
convertirse en parias. Al contrario que otras naciones que al saber que no
tienen más margen de maniobra, se disponen a negociar, los gauchos prefieren la
salida al caos. Si no ganan, arrebatan.
El discurso confrontacional de la
presidenta, la movilización del aparataje publicitario a escala mundial, la
búsqueda del apoyo de El Grupo de los 77, la OEA, la ONU, etc., y la
movilización de activistas pagados, ha hecho que las escasas posibilidades de
entendimiento se hayan evaporando. Ahora hay en ese país un clima contrario al
pago a los fondos especulativos y favorable al default (tal como ocurrió en
2001). Los anuncios anteriores y actuales de Captanich, vocero del gobierno,
acerca de que Argentina cumplió con su obligación de hacer la transferencia al
Banco de Nueva York, lo que comprueba su disposición de pagar a los bonistas
reestructurados, y que ello no deja dudas de que técnicamente no hay default,
ignoran el fallo ya inapelable de Griesa. El gran temor del gobierno de
Fernández es que una vez pagado a los holdouts, se active la cláusula RUFO y
los bonistas ya restructurados reclamen el pago completo de sus bonos, sin
quita alguna.
Diversos bufetes argentinos y
estudiosos del tema coinciden en que dicha cláusula no tendría por qué activarse
ya que no se trata de una mejor oferta a nuevos bonistas, sino del cumplimento
de una sentencia; sin embargo, como también casi todos coincidían en que las
demandas de los fondos buitres no prosperarían y ya vemos lo que pasó,
Argentina prefiere no correr ningún riesgo. Ahora bien, en el peor de los
casos, las renegociaciones para buscarle la salida al atolladero son factibles:
alargamiento de los plazos, disminución de las tasas, etc. Por otra parte,
incumplir la sentencia y tirarse al default, tampoco es que soluciona el
problema para Argentina, ya que ese país afronta serios problemas económicos de
inflación, falta de divisas, necesidad de capitales foráneos, etc., y no puede
darse el lujo del ostracismo; además se expone a la incautación del dinero
depositado para dárselo a los fondos especulativos y a toda una serie de
demandas en el mundo entero para confiscarle bienes.
Basados en la sentencia, los fondos
buitre intentarán obtener información de los bancos comerciales para rastrear
cuentas de ese país en el exterior. Esto será un proceso complejo porque
deberán pasar por jurisdicciones extranjeras para tratar de localizar los
bienes que puedan embargar.
De esta manera, vuelven las presiones
sobre los activos de YPF, sobre la empresa estatal de energía Enarsa, los
bancos internacionales y hasta el Banco Central (BCRA). Esto quedó en claro en
una audiencia el año pasado en la que el juez Griesa dejó abierta esa puerta.
Los acreedores trataron anteriormente de embargar activos argentinos, ese fue el
caso de la Fragata Libertad, cuando estuvo varada casi un año en Ghana. Pero
algo más, e inusual, los fondos buitres anuncian que rastrearán los bienes en
USA de algunos de los más conspicuos testaferros del régimen argentino.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 26/07/2011
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