Leopoldo López 22 de julio de 2014
He sido un perseguido político del
régimen chavista por más de 10 años. Más de 20 expedientes, juicios políticos,
intentos de homicidio debidamente denunciados y nunca resueltos, asesinato
moral por parte de los medios de comunicación del Estado y dos inhabilitaciones
políticas a pesar de haber obtenido una sentencia favorable de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la violación a mis derechos a la defensa
y a la participación política.
Durante más de un año, a partir de
enero de 2013, Nicolás Maduro expresó públicamente, incluso en cadenas
nacionales de radio y televisión, su deseo de meterme preso por las opiniones
emitidas en contra de su gobierno. Fue en ese contexto de persecución permanente
y de amenaza explícita por parte de Maduro que se emitió una orden de captura
en mí contra el 12 de febrero del presente año.
Estoy preso por haber denunciado al
Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Estoy
preso por haber denunciado a viva voz que en Venezuela no hay democracia, que
los poderes públicos han sido secuestrados por una élite corrupta, ineficiente
y antidemocrática responsable de la
grave crisis social, económica y política que hoy sufrimos todos los
venezolanos. Estoy preso por haber denunciado que en Venezuela vivimos en
dictadura. Estoy preso por haber propuesto un cambio profundo que pasa por la
sustitución de quienes están a cargo de todos los poderes públicos. Estoy preso
por haber solicitado la renuncia o la sustitución por la vía constitucional de
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Estoy preso por haber hecho un llamado
al pueblo venezolano a salir a la calle a protestar, haciendo uso de nuestro
derecho histórico y constitucional a la protesta, hasta lograr un cambio
político que garantice la paz, el bienestar y el progreso para todos los
venezolanos. Estoy preso por haber expuesto ideas, opiniones y propuestas que
hoy comparten la mayoría de los venezolanos, que desde la indignación piden un cambio profundo que permita enrumbar
a la nación.
Estoy preso físicamente, me tienen
aislado y con restricción severa de visitas, pero ni ahora ni nunca podrán
encarcelar mi absoluta convicción de que tenemos el derecho y el deber de
luchar para conquistar la democracia y la libertad para Venezuela. Gracias a
Dios no estoy solo en estas ideas, somos millones, somos mayoría los que
estamos dispuestos a luchar por un cambio hacia la democracia. Podrán
encarcelarme a mí y a miles más pero nunca podrán encarcelar el espíritu de
lucha que con los jóvenes en la vanguardia, hoy recorre la calle de los
pueblos, barrios y ciudades de todo el país. Ya Venezuela decidió cambiar, por
tanto mi encarcelamiento y el de muchos otros no es sino la cara de una dictadura
cada día más débil y con menos apoyo popular, que pretende mantenerse en el
poder reprimiendo, silenciando las voces críticas y criminalizando la protesta.
La acusación en mi contra,
fundamentada en varios discursos que hice entre el 23 de enero y el 12 de
febrero, tiene como mejor defensa los propios discursos, leídos o vistos desde
su inicio a fin, sin edición ni manipulación alguna. En esos discursos, basado en un análisis crítico de la actual
crisis, propuse una salida, un cambio político definitivo, activado desde la
calle con acciones no violentas y materializado mediante la convocatoria
popular a una de las cuatro alternativas que ofrece la Constitución para
producir un cambio de gobierno.
El 23 de enero hicimos un llamado al
alzamiento de nuestra conciencia, al alzamiento del espíritu optimista del
pueblo venezolano, convencidos de que sí podemos tener una mejor Venezuela. Un
llamado a salir a la calle hecho en el aniversario del 23 de Enero de 1958,
celebrado por gobierno y oposición, fecha en la que el pueblo venezolano se
alzó contra la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez. Ese día convocamos a la celebración, el día 2 de febrero, de asambleas
populares en toda Venezuela para debatir las opciones a la salida de la crisis
social, económica y política que vivimos.
El 2 de febrero se realizaron
centenares de asambleas en toda Venezuela, unas grandes, otras menos, unas en
plazas, otras en casas o calles. En esas asambleas participaron distintas
organizaciones, personas y partidos con distintas propuestas. La conclusión fue
asumir el compromiso de protestar pacíficamente en la calle por un mejor país,
fijándose el 12 de febrero como la fecha para realizar las primeras
manifestaciones.
En esa oportunidad dije: “Estas
luchas, hermanas, hermanos, tienen que tener una conducción y una metodología
clara, basada en la no violencia. La no violencia ha sido el método de lucha
más eficaz que se ha inventado por los pueblos oprimidos. La no violencia no
significa pasividad, la no violencia no significa agachar la cabeza, la no
violencia no significa retroceder. La no violencia es no tener miedo, significa
desafiar, la no violencia significa estar en las calles, la no violencia
significa tener un estado de consciencia en donde no permitimos que nos manipulen”.
El día 12 de febrero, tal como
habíamos convocado, miles de personas salieron a las calles en toda Venezuela.
En Caracas, la manifestación comenzó en Plaza Venezuela. De allí salimos rumbo a la sede principal del Ministerio
Público, tal como se había notificado a las autoridades. Allí manifestamos, en
paz y sin violencia, durante más de dos horas, luego nos retiramos en paz. Los
hechos violentos se presentaron después de nuestra partida y en ellos el
gobierno de Nicolás Maduro está comprometido.
Por cierto, lo que más llama la
atención con respecto a la narrativa de los hechos por parte del gobierno en su
acusación en mi contra es que omite por completo el hecho más relevante
ocurrido ese día: el asesinato de dos ciudadanos venezolanos, Juan Montoya y
Bassil Da Costa, ejecutados por funcionarios de la policía política del
gobierno. Calla también el gobierno que desde esa fecha hasta el presente 42
venezolanos han sido asesinados en las protestas de la calle, que miles fueron
detenidos y sometidos a juicio y que más de un centenar están todavía privados
de libertad por ejercer su derecho constitucional a protestar*.
En mi caso, nada tengo que rectificar
a lo dicho y hecho. Si es un delito denunciar la corrupción, la ineficiencia,
la pérdida de libertades y la vocación antidemocrática de quienes gobiernan,
asumo mi responsabilidad. Asimismo, me declaro responsable de haber convocado a
la protesta, a la calle, con la intención de salir a conquistar la democracia y
la libertad para todos los venezolanos.
Soy inocente de los delitos que me
imputan, pero nada espero de un sistema de justicia compuesto por unos
tribunales, un Ministerio Público y una Defensoría del Pueblo, altamente
corrompido, secuestrado y manipulado por el gobierno de Nicolás Maduro. Soy,
junto a cientos de compañeros, un preso político, un preso de conciencia.
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