SILVIA AYUSO Washington 28 JUL 2014
El militar es “un
narcotraficante con orden de búsqueda”, insiste Washington
A Estados Unidos no le ha sentado bien la
decisión de Holanda de permitir que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo
Carvajal fuera liberado el domingo en Aruba. Carvajal ha logrado regresar a
Caracas, zafándose así de la extradición que Washington buscaba para juzgar por
narcotráfico al antiguo hombre de confianza del fallecido presidente Hugo
Chávez.
La portavoz del Departamento de
Estado, Jennifer Psaki, afirmó el lunes que el Gobierno de Barack Obama está
“profundamente decepcionado” por la decisión tomada en La Haya -la política
exterior de Aruba, una excolonia holandesa, sigue estando ligada a los Países
Bajos-. Carvajal es un “narcotraficante con orden de búsqueda” para cuya
captura Washington había realizado una “petición legítima de arresto en
conformidad con el tratado de extradición entre EE UU, Holanda y Aruba”, recordó
el Departamento de Estado.
En este sentido, Washington dijo
cuestionar el argumento de inmunidad diplomática esgrimido por Holanda, un
estrecho aliado de EE UU, porque a su juicio ha sido usado “más allá de las
normas internacionales establecidas”, sostuvo.
La BBC citó el lunes a una portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores holandés según la cual se llegó a la conclusión de que Carvajal
“sí goza de inmunidad”, puesto que estaba a la espera de recibir el visto bueno
de La Haya para asumir como cónsul general de Venezuela en Aruba. La fuente
explicó a la cadena británica que Holanda considera que a Carvajal, que fue
detenido el jueves en Aruba a petición de la justicia de EE UU, se le debía
aplicar el artículo 13 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Dicho artículo establece que “hasta
que se le conceda el exequátur , el jefe de oficina consular podrá ser admitido
provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En este caso le serán
aplicables las disposiciones de la presente Convención”.
Carvajal, alias El Pollo,
fue uno de los colaboradores más cercanos de Hugo Chávez. EE UU lo incluyó en
2008 en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que ordena la
congelación de bienes en territorio estadounidense a extranjeros vinculados al
tráfico de drogas, además de prohibir a los ciudadanos norteamericanos realizar
transacciones comerciales con ellos.
Según el Departamento del Tesoro,
Carvajal usó su puesto como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGIM) para proporcionar “ayuda material” a las actividades
narcotraficantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La portavoz oficial manifestó además
la “preocupación” de Washington por las “informaciones creíbles” recibidas,
según las cuales -dijo- “el Gobierno de Venezuela amenazó a los gobiernos de
Aruba, Holanda y otros para obtener este resultado”.
“Ésta no es la manera en que se
deberían tratar cuestiones legales”, subrayó Psaki, que aseguró que EE UU
“continuará sus esfuerzos para lograr que Carvajal responda ante la justicia”.
Aunque la portavoz no detalló las
presuntas presiones, The Wall Street Journal afirma que desde la
detención de Carvajal, Venezuela habría amenazado a Aruba con cerrar su
servicio de vuelos comerciales con la isla, entre otros asuntos. Caracas
también habría amenazado con cerrar la refinería que mantiene en la vecina
Curaçao, también holandesa, con lo que se habrían perdido 8.000 empleos.
Pese a la protesta oficial de
Washington, analistas de diverso signo coinciden en considerar la liberación de
Carvajal como una muestra de una falta de interés real del Gobierno de Barack
Obama por actuar contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro, con el que está intentando
recomponer discretamente una vía de diálogo.
La liberación de Carvajal “facilitará
al Gobierno de Obama seguir ignorando el régimen corrupto y represivo en
Venezuela”, escribió el antiguo subsecretario de Estado para el Hemisferio
Occidental, Roger Noriega, en The New York Post. En cambio, un defensor habitual
de Caracas como Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy
Research (CERP), consideró que la fallida extradición de Carvajal constituye
“otro intento de la derecha dura por dinamitar las relaciones diplomáticas con
Venezuela”.
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