Por Jesús Alexis González, 28/07/2014
El ayer hace referencia a la
Venezuela desde 1989 (segundo mandato de C.A.Perez), momento cuando se
instrumentó un Plan de Ajuste Económico
(PAE) denominado Gran Viraje (GV) con
el propósito de reducir el tamaño del
Estado y acabar con el Estado paternalista,e
introducir cambios radicales en un modelo económico que presentaba,
entre otros desequilibrios, un bajo nivel de reservas internacionales, alto
déficit fiscal, depreciación progresiva de la moneda y un deterioro de los salaros
reales. En el VIII Plan de la Nación (1990-94), y separándose
de las orientaciones de la CEPAL, se da apertura a una economía centrada en el
mercado y la participación privada con la intención de insertarla en la
economía mundial.
En tal sentido, formularon los siguientes lineamientos:(1) crecimiento sin
inflación (equilibrio fiscal, eficiencia del gasto público), (2) cambio institucional (reforma
integral del Estado, descentralización de la administración pública), (3) competitividad internacional (promoción
de las exportaciones, creación y reconversión industrial) y (4) formación integral del capital humano
(reforma de la educación); y se plantearon algunos fines tales como: (a) sustitución
de importaciones, (b) reducción del
servicio de la deuda externa, (c)
restablecimiento del equilibrio sin hiperinflación, y (d) crecimiento de la economía en un 2% en 1989 y de un 5% a 6% a
partir de 1990.
El paquete se orientó a la
adopción de un cambio único libre-flotante, liberación de precios y tasas de
interés, eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos por el
Estado y a un aumento de las tarifas de los servicios públicos. En lo atinente
a la política cambiaria, asumieron
como norte que la tasa de cambio debía dejar de ser un mecanismo de subsidio
que posibilitaba al venezolano vivir por encima de la productividad y
producción interna, en función de ello acordaron tanto una unificación cambiaria con tasa de cambio flexible de acuerdo con el
libre juego de la oferta y demanda, así como la eliminación de todo tipo de
control de cambio y de los permisos y cupos de importación (RECADI). En política fiscal se propusieron la
reducción del déficit fiscal (causa primaria de la inflación), la congelación
de cargos en la administración pública, impuesto al consumo no esencial,
elevación de los desgravámenes y niveles de excepción en el impuesto sobre la
renta de personas naturales, y un aumento progresivo anual de la gasolina
durante 3 años. En política social acordaron (1)
incremento del salario mínimo, (2) aumento
de sueldos en la administración pública y en el sector privado,(3) aumento de los bonos de transporte
y comida, (4) programa de
transferencias alimentarias a niños, madres embarazadas y lactantes, (5) creación de 42.000 hogares de
cuidado diario, (6) regulación de
precios y subsidios para 18 productos de la canasta básica, (7) plan de consolidación de barrios, (8) apoyo a las microempresas, (9) consolidación de los ambulatorios y
(10) creación de la Comisión
Presidencial para la Lucha Contra la Pobreza. Al propio tiempo se firmó una Carta de Intención con el FMI, donde se
incluía, entre otros aspectos, un financiamiento externo por unos US$ 5.000
millones anuales por 4 años(US$20.000 millones hasta 1993) en aras de adelantar
los cambios y programas propuestos.Luego de destituido C.A. Pérez, previa
decisión de la Corte Suprema de Justicia (20/05/1993) y posterior acuerdo del
Congreso de la República (21/05/1993), es nombrado en enero 1994 Ramón J.
Velásquez (luego de una breve presidencia de Octavio Lepage) para la
culminación del periodo; quien promulgó
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo cual había sido negado reiteradamente.
En enero 1994, inicia Rafael Caldera su segundo mandato en el marco del
IX Plan de la Nación al cual se incorporó
un programa de ajuste (1996-98)
llamado Agenda Venezuela (AV), (con
un ambiente político favorable)que igualmente tenía como propósito corregir los
desequilibrios macroeconómicos. Dentro de los pilares de la AV valen destacar: (a) énfasis en lo social mediante una
vinculación de la economía con la sociedad, (b) medidas en materia fiscal, monetaria y cambiaria en aras de
reducir la inflación al corto plazo, (c)
ajustes a la demanda agregada, (d) negociación
con los organismos multilaterales para financiar las reformas estructurales,
los programas sociales y fortalecer las reservas internacionales, (e) inserción de la economía en el
mercado internacional, (f) transformación
del aparato productivo mejorando la productividad y la competitividad, (g) transformación de la educación
mediante cambios en los sistemas de enseñanza, y (h) la reforma del Estado para limitarlo a sus funciones
esenciales. En lo atinente al Plan de
Protección Social, se propusieron aumentar el gasto social desde un 0,45%
del PIB hasta un 2% del PIB, como requisito para adelantar programas sociales
compensatorios tales como: (1) subsidio
al pasaje estudiantil, (2) merienda,
desayuno y comedores escolares, (3) subsidio
a la pensión de vejez, (4) atención
integral al anciano, (5) hogares y
multihogares diarios,(6) capacitación
y empleo joven, (7) Fondo de
Fortalecimiento Social, (8) subsidio
familiar, (9) alimentación materno
infantil, (10) alimentos
estratégicos, (11) dotación material
médico-quirúrgico, (12) dotación de
uniformes y útiles escolares, (13) suministro
de medicamentos, y (14) alimentación
escolar.
El hoy hace referencia, a la
urgente necesidad que tiene el actual Gobierno Nacional de corregir los
desequilibrios macroeconómicos, donde el control de la inflación, la reducción
del déficit fiscal, la recuperación de las reservas internacionales, la
racionalización del gasto público, la disminución de la liquidez monetaria, la
unificación cambiaria, la flexibilización del control de cambio, la
recuperación del salario real, entre otras, son materia de primer orden; en el entendido que todo plan de ajuste requiere de un financiamiento externo (unos
US$ 25.000 millones para el plan en comento) que el Gobierno rechaza
provenga del al Fondo Monetario Internacional, pero que tampoco podrá ser a
través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano que ha recibido créditos
(desde 2007) por algo más de US$ 50.000 millones, que retornarán como materia
prima y están garantizados con venta de petróleo a futuro a un promedio de US$
40 el barril,; escenario posible gracias
al comportamiento del imperio asiático y su socialismo de mercado. Las referencias en relación al pasado, son
sólo ilustrativas.
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