Por Econ. Jesús Alexis González, 21/07/2014
Iniciamos el articulo con una conclusión parcial anticipada: es de
obviedad manifiesta que en la actualidad la economía venezolana requiere
(nuevamente) de un plan de ajuste
medular (PAM) en aras de corregir los desequilibrios macroeconómicos, como
una purga que facilite cara al
futuro un sano y sostenido crecimiento económico. El PAM ha de entenderse como
un conjunto de medidas de política
económica (estrategia para procurar el crecimiento económico) emanadas de
un previo análisis profundo en el campo de la economía política (táctica traducida en teoría), a la luz de
alcanzar distintas finalidades tales como: (1)
control de la inflación, (2) reducción
del tamaño del Estado, (3) disminución
del gasto público, (4) control del
déficit fiscal, (5) elevación del
ingreso nacional, (6) estímulo a la
inversión nacional y extranjera directa, (7)
disminución de la deuda pública; y en general la creación de un ambiente de
confianza para apuntalar el desenvolvimiento económico en procura del bienestar
social.
En tal sentido, un PAM debe integrar tanto medidas estabilizadoras para controlar la demanda como medidas estructurales para afectar
positivamente la oferta. En el primer
caso (medidas estabilizadoras) se actúa para, principalmente, corregir un
déficit fiscal (más gastos que ingresos) que propicia un desequilibrio
oferta-demanda de bienes y servicios (con impacto en la elevación de los
precios), razón por la cual ha de aplicarse (según la ortodoxia) una drástica
reducción de la demanda para ajustar el consumo interno a la capacidad de
producción del país. Nos permitimos un
alto reflexivo: para el caso venezolano, aun siendo necesario este tipo de
ajuste, es prácticamente imposible aplicarlo en el presente habida cuenta que
el aparato productivo nacional apenas aporta menos de un 40% de la oferta
global. Continuamos. La pretensión
de reducir la demanda, es canalizada básicamente mediante instrumentos de
política monetaria para restringir la oferta monetaria, incluida muy
especialmente la emisión de dinero inorgánico; e igualmente instrumentos de
política fiscal en aras de reducir el gasto público, como una estrategia para,
no solo contraer la demanda, sino para reducir las importaciones en función de
generar excedentes en divisas. Nos
permitimos otro alto reflexivo. En la Venezuela actual, aplicar esta
política reviste una gran dificultad cuando más del 65% del presupuesto
nacional se destina a gastos sociales (principalmente Misiones) y al propio tiempo
las importaciones (mayoría del sector público) representan cerca del 60% de la
oferta global nacional. Continuamos.
De igual modo, por el lado de los ingresos pudieren intentarse reformas al
sistema impositivo (actualmente en nuestro país la carga fiscal absorbe cerca
del 50% de las ganancias empresariales) como por ejemplo elevar el impuesto
sobre la renta a los que más ganan y aplicar un impuesto al consumo suntuario;
acciones de poca importancia en la recaudación al corto plazo, circunstancia
que puede motivar introducir otras herramientas tales como un aumento del IVA, un
impuesto al débito bancario, un impuesto a las transacciones financieras, u
otros similares. Otra reflexión. En
el marco del facilismo planificador venezolano, permanentemente emerge la
tentación de sincerar (aumentar) el precio de la gasolina como un recurso
fiscal (de poca cuantificación ante la
ineficiencia del elevado gasto público), acción que en estos momentos
nos resulta improcedente e inoportuna ante la cercanía de aplicarse un paquete
de medidas económicas. Continuamos. En
el segundo caso (medidas
estructurales) se aplican políticas para incentivar un aumento en la capacidad
de producción como alternativa para alcanzar al mediano plazo un crecimiento
económico permanente y sustentable; para lo cual la ortodoxia recomienda una
disminución de la presencia del Estado (como empresario y controlador) en aras
de liberar la economía de la influencia político-partidista e ideológica, al
punto de darle abierta participación a la iniciativa privada. Tal escenario
exige como requisito primario la adopción de un tipo de cambio único que
fluctué entre bandas; al propio tiempo se hace obligante corregir la
sobrevaluación de la moneda lo cual implica devaluar como mecanismo (no fiscal)
para inducir que el sistema de precios internos se aproxime al del mercado
mundial; todo ello en el marco de un afinado plan contra la inflación.Otra reflexión. Cualquier PAM que se
pretenda aplicar en Venezuela, está condicionado en su éxito (o fracaso) al comportamiento
de la inflación como requisito para estabilizar la tasa
de cambio y así poder flexibilizar el control de cambio, con efecto
multiplicador sobre la inversión nacional y extranjera en conjunción con una
disminución de la presión para la obtención especulativa de divisas, al igual
que para mantener la competitividad de nuestras exportaciones no petroleras (si
las hubiere); hasta potencialmente propiciar una variación en la percepción
negativa sobre la futura estabilidad económica y política del país.
La situación actual de Venezuela, marcada por la presencia de
desequilibrios económicos recurrentes así como por la profundización del rentismo, nos refleja que toda iniciativa de un
plan de ajuste (o sacudón) ha de
considerar prioritariamente una unificación
cambiaria, en el entendido que la variable económica clave para condicionar
el comportamiento de la tasa de cambio es la inflación interna, lo cual
siempre inducirá, para su control, la aplicación de la perversa devaluación en aras de solventar la sobrevaluación de nuestro signo monetario; todo lo cual puede
conducirnos a una recesión económica al
inicio del plan en razón al conflicto que se suscita entre el control de la
inflación y el crecimiento económico, con el consecuente costo social y político. A pesar de ello, no debe prolongarse el
tiempo para la toma de decisiones escudándose temporalmente en medidas
(improvisadas o no) económicamente
populistas. Una acción tardía hará másdifícil corregir los desequilibrios
que dificultan el crecimiento económico; situación donde se debe prestar
especial atención al malestar social teniendo el debido cuidado de no
subestimar la condición explosiva del
consumidor venezolano en momentos de angustia.
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