Comunicado GRUPO ÁVILA
La progresiva
militarización de la sociedad y el Estado es uno de los objetivos fundamentales
del gobierno del presidente Maduro. La administración pública, las empresas del
Estado, el Servicio Exterior, las Gobernaciones
y las Alcaldías están siendo colmada de profesionales militares, en
total se estiman aproximadamente 1.700 profesionales militares activos que se
agregan a un número mucho mayor de retirados.
La Fuerza
Armada ocupa funciones que en toda sociedad democrática son para civiles. En
las regiones hay una subordinación de las autoridades civiles a las autoridades
militares de las Regiones de Defensa
Integral (REDI), que generalmente manejan recursos superiores a los primeros para atender los problemas de salud,
programas de vivienda, sistema de suministros de alimentos y sistema electoral,
con autoridad real sobre la actuación del ciudadano en el acto del sufragio.
A las Fuerzas
Armadas regulares hay que agregar los centenares de miles de civiles
regimentados e indoctrinados en las “Milicias Populares”, verdadero brazo
armado del partido de gobierno. Con el nombre de “unidad cívico-militar”, se
quiere encuadrar militarmente a la mayor parte posible de la sociedad civil con
el objetivo de facilitar su adoctrinamiento, movilización y control.
Aún más grave es el modelo de seguridad nacional al que responden:
seguridad alimentaria, plantel industrial estatizado, seguridad de
comunicaciones, división territorial y desarrollo de infraestructura en
función de planificación de conflictos internos y externos, exclusión política
y reserva de funciones (caso Servicio exterior, Judicatura, FAN, etc.),
armamentismo y la conformación de alianzas internacionales en base a
modelos de conflicto, por citar algunas manifestaciones.
Es evidente que el modelo encomendado al
estamento militar no ha tenido resultados positivos en materia de asegurar
nuestra soberanía, resguardar nuestras fronteras, combatir algunos flagelos
como tráfico de drogas. Por el contrario, está llevando al país al desastre
y está penetrado de factores antinacionales (Cuba, narcotráfico,
corrupción).
Este fracaso operativo del estamento
militar como un todo en el desarrollo del modelo, y su politización, realizada
ex-profeso para subordinarla a un partido político, la ha incapacitado para una
apreciación objetiva del interés nacional y la está convirtiendo en una fuerza
cuyo enemigo parece ser cada vez más la sociedad civil.
Además,
recientemente, se crearon las “Brigadas especiales contra las actuaciones de
los grupos generadores de violencia” (BEGV), adscritas al Ministerio del
Interior. Estas Brigadas acompañarán a
la Guardia Nacional y a los llamados “colectivos” civiles armados en la
represión de las manifestaciones pacíficas de la oposición. Siguiendo el
ejemplo cubano, el gobierno se está apoyando crecientemente en un sector
militar. Hace poco el Tribunal Supremo
sentenció que los miembros de la Fuerza Armada pueden apoyar a un partido
político y participar en sus actos, violando claramente la Constitución.
El militarismo
es una deformación de la profesión militar, que tiende a convertirse en una usurpación, por parte del estamento
militar, del poder de autodeterminación del pueblo, al utilizar ilegítimamente la amenaza o la fuerza de las
armas que el mismo pueblo le otorga en custodia. En democracia las
instituciones políticas son fuertes y las fuerzas armadas son profesionales,
apolíticas, obedientes y no deliberantes. En cambio el militarismo es cada vez
más una característica típica de
sociedades atrasadas, despóticas y con graves carencias de
gobernabilidad.
La Constitución
venezolana dice que: “La Fuerza Armada constituye una institución esencialmente
profesional, sin militancia política…está al servicio de la nación y en ningún
caso de persona o parcialidad política…”.
Efectivamente, en democracia las Fuerzas Armadas no pueden ser otra cosa que institucionales,
profesionales y sobretodo apolíticas,
porque tienen en custodia las armas de la totalidad de la nación,
constituyen el brazo armado del Estado, que tiene el monopolio de la violencia legítima. Por
tanto, no pueden intervenir en la lucha política, porque se convertirían en un
partido armado.
Las Fuerzas
Armadas respetadas por sus pueblos son las FAN eficientes, institucionales
y profesionales que acatan y velan por
el cumplimiento de la Constitución. Es necesario alertar a la opinión pública
en general y en particular a la
comunidad democrática internacional sobre el creciente e inconstitucional
proceso de militarización de la sociedad y el Estado venezolanos.
Caracas, 29 de julio de 2014
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