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lunes, 21 de julio de 2014

La Micro y la Macro del Control del Precios

Escrito por Rafael González Lunes, 21 de Julio de 2014

El presente artículo no pretende agotar teórica ni analíticamente un reto como sería valorar el coste-beneficio del modelo económico-regulatorio subyacente en la Ley Orgánica de Precios Justos de forma exhaustiva.

Partiremos diciendo que la regulación y el control de precios; cuando no se justifica en una falla de mercado del tipo monopolio natural; suele ser normativamente innecesario. Sin embargo, considerando la teoría del Public Choice, así como el modelo económico rentista-populista venezolano; el control de precios instrumentado a través de la Ley Orgánica de Precios Justos parece responder a razones políticas más que económicas.

Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards en un trabajo intitulado “La Macroeconomía del Populismo en la América Latina” (1989); definen "populismo" como un enfoque que prestaría especial atención al crecimiento y la redistribución del ingreso, utilizando políticas corto placistas ineficientes para controlar los riesgos de inflación, el financiamiento deficitario, las restricciones externas y las lesiones a la seguridad jurídica producto de fallas de Gobierno. En resumidas cuentas, Dornbusch y Edwards plantean que los responsables de la política parten de la premisa de expansión del gasto público y nacionalización de empresas, como instrumento para incrementar los salarios reales y con fines redistributivos. De igual manera, estos funcionarios suelen creer que al existir capacidad instalada ociosa, con la expansión de la liquidez y el gasto público; las empresas actúan como residual claimants sobre las cantidades, especialmente cuando se instrumentan controles de precios –especialmente sobre el tipo de cambio-. Así las cosas, el anclaje cambiario evitaría inflación de costos. Esta visión “justificaría” controles de precios, porque según este enfoque, la expansión de la liquidez no ejercería presiones inflacionarias por la existencia de suficiente capacidad instalada ociosa. De hecho, este enfoque según Dornbusch y Edwards asume a los incrementos en los niveles de precios como un ejercicio de poder de mercado, producto de monopolios y de prácticas explotativas directas contra el consumidor final. En una segunda etapa, el anclaje cambiario y los diferenciales inflacionarios con los socios comerciales que generarían sobrevaluación de la moneda, estaría acompañado de importaciones para lidiar con la escasez. A lo largo del tiempo, se deteriora el déficit presupuestario, se reducen los inventarios y las reservas internacionales producto del sobredimensionamiento de las importaciones, se acelera la inflación, se produce una disminución de los salarios reales aumentando la pobreza –recordemos que la inflación suele impactar regresivamente-. En este orden de ideas, los beneficios de redistribución e incremento de los salarios reales, no resultan sostenibles y se producirán retrocesos sociales y redistributivos por problemas de sostenibilidad de la política populista.


En Venezuela, el Ejecutivo Nacional y la SUNDDE en particular, ha planteado a sectores sometidos a inspecciones y a eventuales regulaciones que, por medio de controles de precios se incentivaría un aumento de la oferta, porque con capacidad ociosa y precios fijos, la única variable de decisión en manos de las empresas son las cantidades –dejarían actuando a las empresas como residual claimants respecto a las cantidades-. Por otra parte, respecto a la eventual unificación cambiaria, parece ser una tesis oficialista que el impacto inflacionario sería nulo porque los precios en el país se encuentran indexados al mercado negro y más bien podría bajar los precios en la medida que el referente sea el nuevo tipo de cambio y no el paralelo. En la acera de enfrente, se encentran aquellos economistas que plantean que el impacto inflacionario será proporcional ponderado a la devaluación. La verdad es que la respuesta está entre las dos posiciones. Una cosa es el valor de la divisa a la cual se tenga acceso aguas arriba y su impacto sobre los costos; y otra muy distinta el proceso de formación de precios en el estadio de comercialización final –incluyendo los mercados informales, donde la dimensión escasez y exceso de liquidez determinan preponderantemente el proceso de formación de precios-. Así las cosas, a favor de la tesis oficialista, en aquellos casos cuyo acceso a las divisas sea en el mercado paralelo o en los que por ausencia de control de precios, estos se determinan en el mercado –ponderando liquidez monetaria y su presión sobre los precios de los bienes, el nivel de oferta o escasez, el valor de dólar paralelo o del implícito, así como las preferencias y disponibilidades de pago por parte de los demandantes-; un nuevo tipo de cambio producto de una unificación cambiaria, superior al tipo de CENCOEX, podría implicar, simplemente, una nueva regla de reparto del valor del bien o del servicio entre sus factores determinantes –el capital, el trabajo y el oferente de la divisa-. Lo anterior podría significar que el Gobierno descremará el mercado de divisas, en la medida que el eventual pinzamiento de márgenes no viole la restricción de participación que implica la necesaria remuneración del costo del capital o que exista la posibilidad de pass-on hacia el precio ante una demanda infinitamente inelástica –lo que significa que no habría cambios en las cantidades demandadas-. Vale destacar que la posibilidad de un pass-on completo o perfecto, sin pérdida de demandantes supramarginales; significará aumento de precios sin preocupación en materia de interés público –se produce una simple redistribución de rentas sin afectar el nivel de bienestar social-. Esta visión parcial de los hechos es la que puede motivar al oficialismo a instrumentar controles de precios. Sin embargo, parece un contrasentido tal justificación de los controles, porque de ser cierto que los precios de los bienes sean actualmente de equilibrio, cualquier pass-on del impacto cambiario a los precios de los bienes solo podrá explicarse por inflación de costos y no por un ejercicio de poder de mercado. Más allá, un control de precios que pince los márgenes, lesionará los incentivos a la oferta y en consecuencia el acceso a los bienes y servicios.

En favor de los detractores a la posición oficial, los bienes que han tenido acceso a las divisas del CENCOEX –donde suelen entrar las grandes empresas y oferentes-, ante la unificación cambiaria, sufrirán un ajuste al alza en sus estructuras de costos –lo anterior en el estadio de la cadena de valor ubicada aguas arriba, tanto en la manufactura como para los importadores-. Esto podría exigir ajustes de precios regulados en los estadios de la cadena de valor ubicados aguas arriba. Respecto a la comercialización final de estos bienes, aplica el análisis anteriormente expuesto.

Llegados a este punto, queremos aportar nuevos elementos respecto al riesgo y a las distorsiones asociadas a los controles de precios, más allá de nuestros señalamientos que la regulación constituye per se un problema clásico de asimetría de información. Para avanzar más allá de las precisiones que hemos realizado respecto al error que implica utilizar instrumentos y mecanismos regulatorios de bajo poder de incentivo, por anacrónicos como el control de la rentabilidad y de los precios basados en costos; destacaremos el problema de distorsionar los incentivos en el margen o los precios marginales, artificialmente, producto de los controles de precios.

El “acceso a los bienes y servicios” como objetivo de las acciones públicas, podría encontrar sinónimo en el objetivo de equidad y redistribución; pudiéndose instrumentar por medio de acciones públicas alternativas. En específico, podría instrumentarse un control de precios o una política de transferencias directas.

Un control de precios afecta los precios en el margen y genera típicamente un efecto sustitución. En contraste, un subsidio directo produciría un efecto renta de expansión del poder de compra del beneficiado –lo anterior no significa que en ocasiones muchas políticas públicas puedan crear ambos efectos simultáneamente-.

Los controles de precios sobre un tipo de producto sobre el cual se pretende garantizar acceso, cambiando la relación de precios relativos y los incentivos marginales; generará un efecto sustitución. Políticamente este tipo de “política de acceso y/o equidad” encuentra justificación por cambiar los incentivos en el margen a favor de la demanda del bien regulado. Esta política podría encontrar lógica cuando se trata de un bien que resulta esencial o con elevadas externalidades positivas de consumo –educación, vacunación, etc.-; pero genera ineficiencias económicas en detrimento del bienestar social por el otro lado.

Supongamos que un Gobierno otorga una tarjeta de consumo para alimentos con un monto de dinero de 10 Bs. Si el individuo desea consumir adicionalmente más de 10 Bs. en alimentos, tendrá que sustituir consumo de los demás bienes por alimentos. En la medida que el individuo desee consumidor alimentos por 10 Bs. y no menos; la política de tarjeta de consumo equivale a una transferencia de renta de igual cuantía.

  Por el contrario un control de precios, con la misma renta por parte del receptor permitiría comprar más productos regulados –alimentos-, rotando y desplazando la restricción presupuestaria hacia la derecha producto del cambio de precios relativos –manteniéndose el mismo corte con el eje correspondiente al resto de los bienes consumidos-. La ventaja de esta política es que incentiva el consumo del bien al cual se pretende resguardarse el acceso. Sin embargo, esta política puede igualmente generar sobredemanda a niveles socialmente indeseables, por el simple hecho de trastocar los incentivos marginales.
De hecho es posible garantizar una transferencia directa al grupo de interés, que resguarde el mismo nivel de bienestar que generaría un control de precios, reduciendo el sobreconsumo de los bienes controlados y por tanto la ineficiencia económica de la política. En el segundo gráfico tenemos la representación gráfica de un control de precios que genera un efecto sustitución.

Finalmente, en el tercer gráfico representamos una política de control de precios o pago parcial de los precios de los productos regulados por medio de una subvención, subsidio o descuento parcial porcentual sobre el consumo del bien regulado, hasta digamos el nivel K y a partir de allí aplican los precios no regulados–fin de la distorsión de los incentivos marginales-.

Una transferencia de monto A resulta inferior al subsidio porcentual de precios materializado en B, permitiendo mantener al individuo target en el mismo nivel de utilidad –sobre la misma curva de utilidad-. Los controles de precios por generar distorsiones en el margen pueden crear distorsiones de sobredemanda del bien regulado a niveles socialmente indeseables. Supongamos que el subsidio es del 30% del precio, el individuo paga 70% del precio, por lo que lo demandará hasta que su utilidad marginal iguale este 70% y no el 100% de su utilidad marginal; generando sobredemanda y sobrecosto del subsidio.

Adicionalmente restaría evaluar el riesgo de que los subsidios simplemente impliquen un negocio y una transferencia de rentas hacia cierto grupo de empresarios, comisionistas e importadores para atender la “expandida” capacidad de compra de la población target –valorando el costo de oportunidad de los recursos públicos utilizados en la política pública-.

Postgraduate Program in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London. Master en Economía y Derecho del Consumo, Universidad Castilla La Mancha. Master in Competition and Market Regulation, Barcelona Graduate School of Economics, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Especialización en Economía de los Sectores Energía, Telecomunicaciones, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra. Programa Avanzado en Política de Competencia, Instituto de Empresas, IE.

Tomado de: http://www.opinionynoticias.com/opinioneconomica/19972-la-micro-y-la-macro-del-control-del-precios

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