Omar Barboza Gutiérrez 26 de julio de 2015
En una democracia de verdad, quien
habilita o no a un ciudadano para ejercer su representación es el pueblo, que
hace uso de ese derecho a través del voto, y solo el ciudadano elector debe
tener el derecho a elegir, reelegir o revocar cargos de elección popular.
En Venezuela el actual control que
ejerce el Poder Ejecutivo y el partido de Gobierno sobre el resto de los
poderes públicos, es utilizado para perseguir a sus adversarios políticos,
abusando del ejercicio del poder e impidiendo que sea el pueblo en uso de sus
derechos, el que se pronuncie sobre los méritos de quienes deban representarlo,
pero el gobierno pretende impedir que haga efectiva su decisión de pronunciarse
el próximo 6 de diciembre por el cambio político que la gran mayoría de los
venezolanos está apoyando.
Esta actitud del oficialismo, es una
prueba clara de que ya están convencidos de que la inmensa mayoría de los
venezolanos rechaza su fracasada gestión de gobierno, por lo que tienen miedo
de que se exprese libremente, entonces utilizan la persecución política y el
abuso de poder. Creen que pueden intimidar a todo un pueblo que los quiere
cambiar, persiguiendo a sus dirigentes, pero, están muy equivocados.
La voluntad de cambio representada en la
unidad de la sociedad democrática venezolana, no se dejará atemorizar, y a
pesar de los perseguidos, de los presos, de los inhabilitados, de los
exiliados, por el único delito de pensar distinto, la decisión de producir el
cambio político urgente que necesita Venezuela no se detendrá, y estas
persecuciones injustas lo que hacen es estimular el propósito de continuar en
la lucha para sustituir a los responsables de la escasez, el alto costo de la
vida, de la inseguridad personal, y de la gran corrupción que ha caracterizado
al actual gobierno. Mientras que los que se robaron los 25.000 millones de
dólares, que denunció el ex ministro Giordani, gozan de impunidad. La
Contraloría General de la República sólo hace uso de sus atribuciones para perseguir
a los adversarios políticos del gobierno, pero permite la impunidad de los que
realmente se han robado el dinero de todos los venezolanos, protegiéndolos por
pertenecer al partido de gobierno o por ser testaferros de sus dirigentes.
Con el propósito de preservar el poder,
los oficialistas violan la Constitución Nacional cada vez que le es necesario
para lograr sus objetivos, y por eso se deslegitiman cada vez más como
gobernantes. Esa situación se ha repetido con las recientes inhabilitaciones de
líderes de la oposición democrática, quienes han sido inhabilitados sin que se
haya producido una sentencia firme en su contra que les sirva de fundamento
para esas decisiones, que son inconstitucionales por violar el Artículo 42 de
la Carta Magna, que dispone: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los
derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en
los casos que determine la Ley”. De tal manera que las inhabilitaciones
ordenadas por el oficialismo en contra de los líderes de la oposición, no
tienen fundamento ético, ni democrático, ni constitucional. El gran motivador
de estas decisiones injustas es el miedo que tiene el oficialismo de que el
pueblo, que ha sufrido las consecuencias negativas de la actual gestión de gobierno,
se exprese libremente rechazándolos y apoyando a quienes realmente representan
un cambio profundo a la actual situación del país.
Por ello, utilizamos este artículo para
hacer un llamado a esa contundente mayoría que rechaza la gestión del actual gobierno,
para que a través del voto el próximo 6 de diciembre inhabilite políticamente,
popularmente, al actual gobierno, derrotándolo con una gran mayoría de votos a
favor de los candidatos de la Unidad Democrática, y el oficialismo reciba una
lección cívica y firme de un pueblo que está cansado del abuso de poder, de la
mala gestión económica expresada en escasez y alto costo de la vida, de la
destrucción de la economía nacional, de la inseguridad desbordada por
incompetencia y la complicidad de quienes gobiernan, de la persecución en
contra de los que piensan distinto, de la gran corrupción, y de la impunidad de
quienes se han robado el dinero de todos los venezolanos.
Vamos a inhabilitar al actual gobierno
nacional votando masivamente el próximo 6 de diciembre por quienes representan
el cambio político en Venezuela. De esa manera, con una mayoría en la Asamblea
Nacional, a través de una amplia Ley de Amnistía, se habilite a los compañeros
de lucha que injustamente han sido inhabilitados, para que esos líderes de la
oposición democrática con quienes somos solidarios, puedan continuar al lado de
la Unidad Democrática conduciendo el cambio político que Venezuela necesita lo
más pronto posible.
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