Pablo Pérez 21 de julio de 2015
@PabloPerezOf
¿Con las inhabilitaciones se disminuye
la inseguridad, se acaba con la escasez, se genera más empleo y se mejora la
deficitaria situación de las finanzas públicas? Por supuesto que no. Ninguno de
los problemas que agobian a los venezolanos se resuelve con esa medida política
de la cual he sido víctima al igual que María Corina Machado, Enzo Scarano,
Daniel Ceballos, César Pérez Vivas y Manuel Rosales.
No hay que ser muy inteligente para
entender que las recientes decisiones tomadas por la Contraloría General de la
República obedecen a razones políticas, más no de justicia. No hemos cometido
irregularidades en el ejercicio de nuestras funciones públicas. Nuestro único
delito es pensar distinto al gobierno, es haber dicho desde hace mucho tiempo
que el modelo fracasó y haber alertado siempre que nos llevaban a esta crisis.
En Venezuela se pretende acabar con la
pluralidad y la diversidad. El Gobierno busca minimizar a la disidencia,
generar desmotivación y construir una falsa sensación que están fuertes, que su
permanencia en el poder está garantizada y que pueden torcer la ley cada vez
que quieran para satisfacer sus aspiraciones, sin importar si con eso acaban
con el país.
Estas inhabilitaciones demuestran que el
Gobierno está débil y que en medio de su caída quiere castigar a todos aquellos
que nos hemos dedicado a hablar con la verdad al pueblo, a quienes nos
dedicamos a gobernar teniendo como basamento un modelo de democracia social
equitativo, incluyente, eficiente y exitoso.
Con esa inhabilitación no lograrán
impedir que siga defendiendo los intereses del pueblo. Jamás impedirán que esté
en la calle en esta campaña electoral acompañando a los candidatos de la Unidad
para batallar contra el abuso, el uso indiscriminado de los recursos públicos y
con las tantas mañas electorales que el PSUV ha creado y desarrollado en todos
estos años.
El pueblo quiere un cambio y así lo
demuestran los distintos estudios de opinión pública que en promedio arrojan
como resultado que más del 80% de la población quiere un cambio. Un cambio de modelo
que resuelva sus problemas. Un viraje total que le devuelva al pueblo la
posibilidad de progresar, disfrutar de calidad de vida y dedicarse a producir
en Venezuela.
A ese deseo de cambio es que le teme el
Gobierno. Un anhelo de cambio que se escucha en las conversaciones diarias o se
palpa en los rostros de los ciudadanos cansados de las colas, agobiados por la
escasez, quebrados por la inflación y desamparados ante la inseguridad. Con
inhabilitaciones no van a resolver la crisis de gobernabilidad que hay en
Venezuela.
Los venezolanos tenemos un examen
pendiente. Pero no se trata de cualquier examen, sino de uno que será clave
para comenzar el proceso de recuperación de nuestra Venezuela. Un examen que
implica participación. Un examen que implica activismo ciudadano. Un examen que
será el 6D.
Pablo Pérez
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