¿Por qué esperar hasta 2019? por Alexis Alzuru en El Nacional

Alexis Alzuru (@aaalzuru)

La derrota oficialista se puede concretar en las urnas, aun aceptando que hay un sistema de privilegios y abusos institucionalizados para beneficiar al PSUV. De hecho, mientras las ilegalidades oficiales se multiplican, el deseo de cambio permanece intacto. Las encuestas siguen señalando que con independencia de las posiciones ideológicas y de las militancias partidistas, las mayorías anhelan otro proyecto de sociedad. Reclaman maneras distintas de organizar el Estado y, por consiguiente, de administrar el gobierno. Ese clamor recorre los barrios y las urbanizaciones del país. Otro asunto es que esa aspiración no se haya logrado concretar. ¿Cómo se explica que una expectativa colectiva no se haya hecho realidad política? Algunos hablan de pasividad de la gente, con lo cual ofrecen una explicación que es desmentida por la realidad. En 2014 el pueblo se lanzó a la calle. Ese año ocurrieron alrededor de 10.000 protestas sociales. Un Récord Guinness en manifestaciones.

En 2015 la gente sigue activa; las calles permanecen prendidas. El número de conflictos se acerca a los 4.000. Los datos precisan que más de 90% de esos reclamos son de carácter reivindicativo, no partidistas, lo cual deja claro que los ciudadanos están en pie de guerra, exigen calidad de vida y respeto a sus derechos. De modo que la teoría de la comodidad es una opinión peregrina, un cuento que algunos dirigentes repiten para no reconocer lo que se les está prescribiendo: que el cambio se realice sin violencia y sin personalismos.

Los venezolanos presionan una transición pactada políticamente, no quieren doblegarse ante la bota militar ni ante algún caudillo por mártir que parezca. Sin embargo, hay quienes divulgan que por vía constitucional no saldrán del poder aquellos que hoy lo monopolizan. A partir de esa creencia desacreditan la idea misma de acuerdo político y la ruta electoral. 

Algunos se limitan a repetir que el CNE y las órganos del Estado realizarán una nueva estafa al electorado el próximo 6 de diciembre. Una tesis estéril por equivocada. Basta revisar la historia ajena y la propia para aceptar que los pueblos que cierran fila terminan fabricando sus destinos. Cuando las sociedades persiguen objetivos consensuados, no hay dictadores ni fraudes que las dobleguen. Por supuesto, en Venezuela la reunificación popular es un postulado repudiado por aquellos que piensan que una minoría opositora debe suceder a la élite roja que gobierna.

La derrota electoral del PSUV depende de la actuación de los jefes de la MUD, no de las patrañas que el Estado realice para evitarla. Tal vez por este motivo, la oposición debería ocuparse más de construir una agenda incluyente que de responder a los ataques que reciben algunos de sus líderes. Además, es bueno advertir que parte de la estrategia oficialista es que la campaña opositora se limite a la defensa de los derechos de sus voceros. Ellos quieren una oposición llorona, leguleya y volcada sobre sí misma; con escasa capacidad de reacción y sin una propuesta parlamentaria que conecte con los intereses de la gente.

Hay que pasar de la tarjeta única a la definición de una agenda parlamentaria para la inclusión social. Ello exige que la publicidad sobre los atropellos oficiales descienda al tercer lugar de las prioridades de la oposición, puesto que lo esencial no es cazar una disputa jurídica con los burócratas del Estado, sino posicionar una oferta y un mensaje que ganen el consentimiento y los votos de los distintos estratos populares.

El momento es político, no electoral. Este tiempo tampoco es partidista, y, aún menos, es para cálculos personales. De allí que los directivos de la oposición se encuentren en una encrucijada: o perfilan un proyecto para pactar los términos de la democratización y de la renovación económica del socialismo, o apuestan a una pírrica victoria electoral. Ello, en el entendido de que nunca será suficiente precisar que una Asamblea ligeramente opositora será la mejor garantía para la continuidad de Maduro en la jefatura de la república; sobre todo, será el piso para prolongar hasta 2019 la guerrilla con la que pretende sojuzgar a los venezolanos.