AFP 25 de febrero de 2016
El
parlamento venezolano, controlado por la oposición, suspendió este jueves la
primera discusión de una ley para restituir empresas y tierras expropiadas por
el gobierno chavista -rechazada por el oficialismo-, debido a desórdenes del
público en las intervenciones de los legisladores.
El
presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, canceló la
sesión tras la negativa de un grupo de seguidores del chavismo a abandonar el
recinto, como lo había ordenado la directiva del parlamento tras reiterados
llamados infructuosos al orden interno.
Durante
la accidentada sesión se tenía previsto discutir el proyecto de “Ley de
Activación y Fortalecimiento de Producción Nacional”, presentado por la
oposición para el fomento de la industria local que, según afirma, ha sido
destruida por la política económica del chavismo.
Con la
intervención de Julio Borges, jefe de la bancada opositora, que abrió el
debate, se produjeron cánticos, gritos y abucheos de parte del público que
apoyaba al chavismo, contestadas por seguidores de la oposición.
Los
chavistas, que según Borges eran dirigidos por el diputado oficialista
Francisco Torrealba, se negaron a retirarse, mientras cantaban el Himno
Nacional de Venezuela y gritaban consignas contra la “burguesía” y la
oposición: “La patria no se vende, la patria se defiende”.
Tras
varios minutos de espera, Ramos Allup anunció la suspensión de la sesión y la
convocó para el martes. Las próximas sesiones “serán sin barras y con
transmisión de los medios de comunicación”, agregó.
Por su
parte, el diputado Torrealba declaró a los periodistas -tras pedir a los
seguidores guardar silencio- que “el sabotaje” fue propiciado por “infiltrados
de la derecha”.
El
proyecto de Ley de Producción Nacional genera una fuerte polémica en el país.
Borges afirmó que esa iniciativa “va a poner a producir más de 6,000 empresas
que han sido expropiadas”.
“Las
empresas estratégicas del Estado como Petróleos de Venezuela no son
privatizables”, manifestó Borges, en respuesta a las acusaciones del
oficialismo de que la ley impulsa las privatizaciones.
La
iniciativa incluye una auditoría a cuatro millones de hectáreas de tierras con
vocación agrícola, para determinar cuáles están productivas, según Borges,
quien además plantea simplificar trámites para realizar inversiones y proteger
la propiedad privada.
Venezuela
enfrenta una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo,
que se refleja en una escasez de alimentos y medicinas y una inflación del 180%
en 2015.
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