Prensa UNT 22 de febrero de 2016
@partidoUNT
El
gobierno gasta mucho dinero y esfuerzo para desvirtuar la ley de Amnistía, que
promueve la justicia y no la impunidad, es un clamor nacional, por lo que debe
ser una obligación moral del gobierno, que se encuentra en una situación de
crisis política y social.
Así lo
manifestó la Vicepresidente del partido UNT y Presidenta de la Comisión de
Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, en rueda de prensa,
con la finalidad de aclarar aspectos de la Ley de Amnistía que el gobierno está
tratando de desprestigiar.
“La
Ley de Amnistía promueve la justicia tan necesaria y anhelada hoy por cada
venezolano. Promueve la justicia desde todo punto de vista desde nuestros
presos políticos. Para los diputados que se encuentran presos. Promueve la
amnistía laboral, para todos los empleados públicos que se sienten perseguidos
políticos, por este gobierno”
Agregó
que el proyecto de Ley de Amnistía busca liberar a los 115 presos políticos que
hay en el país y que merecen estar en libertad, porque no han cometido ningún
delito. Como los casos de Manuel Rosales, Leopoldo López, quienes están presos
injustamente porque son inocentes de los hechos que se le imputan, hay
documentos y testigos que así lo avalan.
“Todos
los hechos contemplados y descritos en la Ley de Amnistía corresponden
exclusivamente a casos de reclusión y persecución política que han sido
descritos de modo detallado en la ley. Una Ley de Amnistía, borra de la
historia jurídica del país todas las consecuencias legales de los supuestos
hechos”.
Citó
el caso de la Jueza María Lourdes de Afiuni, a quien pusieron presa por cumplir
con su trabajo. “Afiuni fue acusada por graves hechos de corrupción. La verdad
es que lo único que hizo fue administrar justicia, acatando una decisión del
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que
obligaba a liberar un preso político”.
Reveló
que otro caso emblemático es el del líder fundamental de UNT Manuel Rosales,
que su delito fue haberse atrevido a ser candidato presidencial contra el
difunto Hugo Chávez. “Rosales se atrevió a salir a la calle a decirle a la
gente y al mundo que era posible derrotar, por la vía democrática, a un
gobierno antidemocrático. Ese es el pecado, el delito que cometió Rosales. Pasó
seis años en el exilio y ahora está preso en el Sebin, en el Helicoide, que es
como las mazmorras. La Tumba es otra de ellas y la Prisión Militar de Ramo
Verde donde tienen otra cantidad de presos políticos”.
Indicó
que en el país opera una “Justicia de Plastilina” como dijo en su oportunidad
el Magistrado Aponte Aponte, para poner presos y acusar a todos aquellos
líderes políticos que han pretendido ejercer sus derechos de pensar diferente y
expresarlo públicamente.
“Hoy
la impunidad en Venezuela se encuentra en 98 por ciento, de robos, secuestros,
homicidios, atracos, de cada delito que se cometen diariamente en el país. De
cada 100 crímenes solamente dos son sancionados. Porque jueces y fiscales del
Ministerio Público que no gozan de estabilidad están dedicados a la persecución
y prisión política. “
Dijo
que en Venezuela pensar diferente es un delito y que “el único requisito de la
libertad de expresión que se cumple es el de decir, porque después puedes ser
perseguido”. Afirmó que en Venezuela no hay libertad para informar, investigar
ni hablar.
En
cuanto a los argumentos del Estado para contrariar esta ley, aseguró que se
trata de una versión manipulada que demuestra que “el dinero del país se sigue
gastando en campañas y no en las prioridades de los venezolanos” e insistió en
que el documento que se aprobó en primera discusión no contempla ningún delito
de lesa humanidad.
Finalmente
dijo que no hay forma de vetar la ley ni por el Ejecutivo y tampoco por el
Tribunal Supremo de Justicia: “El artículo 214 de la Constitución dice que una
vez que la AN aprueba la ley, la mandamos al presidente, quien tiene 10 días
para pronunciarse. Puede devolverla, no hacer nada con la ley o devolverla con
observaciones. En cualquier caso el Parlamento puede promulgarla. En Venezuela
no existe poder de veto presidencial sobre las leyes. Maduro también puede
enviar la Ley de Amnistía al TSJ por un asunto de inconstitucionalidad, pero
solo puede decir que tal artículo es inconstitucional y aprobaremos la ley
igualito. No hay mecanismos constitucionales para impedir que se legisle sobre
la amnistía”.
Prensa
UNT
@partidoUNT
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico