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sábado, 29 de abril de 2017

Agentes de orden público incumplen 10 normas para control de manifestaciones por @MORELOSADA24


Por Vanessa Moreno Losada


Moretones, frentes rotas, una pierna fracturada y una vida perdida. Estas son algunas de las secuelas que han dejado en Caracas las bombas lacrimógenas usadas sin discrecionalidad por los funcionarios encargados de contener a las manifestaciones.

La muerte de Juan Pablo Pernalete este 26 de abril terminó de visibilizar la irregularidad en la que incurren los uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), denunciadas por organizaciones de derechos humanos y por los médicos de Salud Chacao, ente que ha recibido a la mayoría de heridos y lesionados durante el mes de abril.

En este periodo, los médicos de la institución de salud han atendido aproximadamente a 240 personas con traumatismos, asfixias, desmayos o problemas de tensión, quienes habían asistido a alguna de las 11 movilizaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática y que terminaron con represión policial o militar.

Según el director de la organización en defensa de los derechos humanos Provea, Rafael Uzcátegui, Juan Pablo murió cuando el impacto de la bomba lacrimógena lo alcanzó en el pectoral izquierdo, le rompió las costillas y estas afectaron al corazón. Testigos responsabilizan a la GNB, que en ese momento dispersaba la concentración.

“Por la herida y el resultado que dejó es evidente que quien activó la escopeta no se encontraba a una distancia de más de 30 metros, la cual establecen como mínima que debe haber entre los funcionarios y los manifestantes”, analizó Cristian Fuente, exfuncionario de la Policía de Chacao, instructor de ese mismo cuerpo y de la Policía de Baruta y también instructor certificado de bomberos.

De acuerdo con estándares internacionales, hay tres formas de disparar esta arma de control de orden público de forma segura y que evite el impacto directo con el cuerpo de las personas: parabólico, rasante y rastrero.


Fuentes precisó que el primero se usa para alcanzar una distancia de más de 80 metros y debe hacerse con una inclinación de 40 grados aproximadamente hacia arriba y preferiblemente en dirección a los costados de la concentración. “El funcionario debe tomar en cuenta la dirección de viento para que el humo vaya hacia la multitud que se quiere retirar de un lugar”, agregó.

En cuanto al disparo rasante, el experto explicó que éste se realiza entre 60 y 80 metros de distancia y se hace con el cálculo de que las cápsulas impacten el suelo unos metros antes de donde se encuentra la multitud. “De esa forma se evita lesionar a una persona”, recordó.

El último, el tiro rastrero o Skip Fire, debe ser usado a una distancia entre 30 y 60 metros  y el disparo se dirige al suelo y así se reduce la velocidad de impacto para no agredir a las personas.

Una vez que el fiscal 81º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, William Rojas, evalúe si los relatos de los testigos son ciertos y que Juan Pablo murió por el golpe de la bomba lacrimógena que salió de la escopeta de un GNB, sería la prueba oficial de que los agentes de orden público no acatan esta normativa.

Normativa venezolana

En Venezuela, la legislación que regula el control de manifestaciones recibe el nombre de “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales para garantizar el orden público”. En su artículo 21 se establece cómo debe comportarse un agente de seguridad ciudadana en estas situaciones:

  1. Extremarán precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables.
  2. No emplearán la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos (…)
  3. Extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones (…) y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas.
  4. Descenderán en la escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a medida que desciende la resistencia hasta que cese o cuando se produzca la finalización de actos violentos (…)
  5. No arrebatarán banderolas o pancartas utilizadas por quienes participan en las reuniones públicas.
  6. No arrojarán o devolverán objetos contundentes lanzados previamente por quienes actúan en forma violenta en las reuniones públicas o manifestaciones.
  7. Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a los heridos o lesionados (…)
  8. Notificarán en forma inmediata, en el plazo razonable, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la aprehensión de personas (…)
  9. No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.
  10. Las demás establecidas en las Leyes, Reglamentos, Resoluciones y guías prácticas.


Román Camacho, Ayatola Núñez, Wuai Sojo y Jonathan Parabí son testimonios vivos del incumplimiento de la normativa. Al primero, una bomba lacrimógena logró fracturarle la tibia el 10 de abril en la autopista Francisco Fajardo.

Camacho es periodista y se encontraba con Iván Reyes, reportero de Efecto Cocuyo, cuando la GNB lanzó lacrimógenas a los manifestantes que subieron a la autopista Francisco Fajardo desde el elevado de Las Mercedes.

“Había carros transitando todavía y disparaban las bombas de todas formas. Hubo gente asfixiada dentro de los vehículos. Nosotros escuchábamos cuando las bombas pasaban por nuestro lado y todas iban dirigidas de frente, a la altura de la rodilla y algunas nos pasaban rasando la cabeza”, narró Reyes.

En ese evento se rompió el numeral 3 del artículo 21 de la normativa que regula el control de manifestaciones. Pero también se incumplió el numeral 2: “Hubo un momento en el que las personas alzaron las manos y pidieron que no lanzaran más. Yo escuché cómo un GNB le dijo al otro ‘espera que se agrupen, espera que sean más’ y cuando llegaron más personas sonaron como 50 detonaciones”, indicó el reportero.

A Núñez, periodista de El Nacional, lo impactaron en la cabeza con proyectil de gas en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, el 26 de abril. Los dos últimos jóvenes, Sojo y Parabí, resultaron heridos cuando se encontraban en la autopista Francisco Fajardo el 19 de abril.

Ese día los funcionarios de la GNB y de la PNB rompieron las normas establecidas en los numerales 7, 4, 2 y 1.

“Ya cuando llegué a la autopista, al segundo tramo que es la parte de arriba, ya habían lanzado bombas. En promedio lanzaban bombas cada cinco minutos, porque algunos resistían y devolvían las bombas. Cuando replegaron a la manifestación habrán caído como unas 10 bombas, pero no pude ver porque la nube de gases era muy densa, la gente se tenía que agarrar de las manos para no caerse y avanzar con cuidado porque éramos muchas personas. Estuvimos así 20 minutos y no dejaron de echar gas. No había para donde correr. Cuando ya salimos de ese tramo, nos seguían correteando. Fue una humillación porque nos replegaron hasta Altamira”, contó Carlos Aguiló, de 29 años de edad, quien se encontraba entre los manifestantes.

Por la represión las personas se tuvieron que lanzar al río Guaire para buscar refugio del ataque policial.


El hombre de esta imagen había sido golpeado por un objeto contundente el 4 de abril. Reyes, periodista de Efecto Cocuyo, pudo observar de dónde salió el ataque: las filas de la PNB.

“Los policías devolvían lo que los manifestantes les lanzaban. A este señor le dieron con una piedra. La diferencia es que los jóvenes que protestan no tienen protección, no tienen cascos”, detalló Reyes quien precisó que esto ocurrió en la avenida Libertador.

 27-04-17