Por Leonardo Morales
Es la calle la protagonista,
son las avenidas, las veredas y las autopistas las que albergan a millares de
ciudadanos hartos de un gobierno indolente y deslegitimado por su incompetencia
para atender los reclamos ciudadanos. No es solo Caracas, son también los
pueblos y las grandes ciudades de Venezuela, las que al no ser oídos se asoman
en grandes manifestaciones para ver, sí así, el gobierno se da por enterado.
Dos respuestas alegan Maduro y
su comando militar: la primera, copia fiel y exacta de su antecesor y de algún
otro gobernante, la atribuye a un plan desestabilizador, agregando para
vestirla de nacionalismo, a intenciones imperiales. Algo de razón les asiste,
pero apuntan en dirección equivocada, la desestabilización es una consecuencia
de un gobierno que llevó al país una tremenda crisis y a una violación
reiterada de una Constitución que es patrimonio de los venezolanos y que, por
lo tanto, nadie tiene derecho a violarlo según su mezquino parecer.
La otra salida del gobierno
está dirigida a cargar la culpa a la falta de disposición de diálogo de la
oposición. Esta no es más que una salida para cargar la responsabilidad a
terceros. Un diálogo exige el cumplimiento de los acuerdos y ese es un bien
escaso en Maduro y su tropa.
El gran desestabilizador es el
gobierno a quien Venezuela le quedó enorme.
Los pueblos toman la calle de
tanto en tanto cuando los gobiernos no atienden sus peticiones. El TSJ, ese
cuerpo de magistrados nombrados apuraditos por la antigua AN, actuó en
violación de la Constitución, desafiando el ordenamiento jurídico y promoviendo
la ruptura del hilo constitucional. Ese “impase” revela la falta de cualidad de
quienes allí fueron nombrados y, además, pone de manifiesto una infracción
mayúscula que debe ser castigada.
Los venezolanos, en atención a
la violación de la Carta Magna, tienen derecho a ejercer una petición,
consagrada en el artículo 51 de la Constitución, ante el Poder Ciudadano. Ante
la certidumbre de un golpe de estado los venezolanos tienen el derecho y el
deber de pedir investigación y sanciones.
Impedir el ejercicio de un
derecho consagrado en la Constitución conduce a escalar el reclamo. Las
instituciones del Estado son públicas y todo ciudadano tiene el derecho a
asistir a ellas a elevar sus peticiones. Su impedimento implica otra violación,
una nueva de muchas otras, en la que incurre Maduro y su tropa.
La tropa y Maduro, que solo
pueden comparecer ante la opinión pública sentados y encerrados en sus
Palacios, a buen resguardo de recibir los “amores del pueblo”, agreden y violan
los derechos civiles de los venezolanos cuando de manera reiterada reprimen las
manifestaciones cívicas y pacíficas, claramente establecidas en el artículo 68
de la Constitución.
La represión, su
intensificación y la forma que toma en manos de policías y efectivos militares
define su naturaleza. La propia actuación reafirma la certeza de muchos acerca
de la complicidad mutua, TSJ, Gobierno y tropa, en la violación de la
Constitución que condujo al golpe de estado, porque eso fue lo que ocurrió.
Cuando la agresión es
despiadada contra unos manifestantes que, con razón o sin ella, toman las
calles para reclamar lo que suponen un derecho, y en este caso la tienen, la
masa allí presente, como diría Canetti, “…quedan despojados de sus diferencias
y se siente como iguales.” Las calles están tomadas por quienes creen que
deben crearse los mecanismos para superar las dificultades presentes, pero
también por quienes exigen algo así como la “solución final”. El gobierno,
insensato e irracional, los iguala en sus reclamos.
Maduro y su tropa, o
viceversa, es lo mismo, torpemente escalan el conflicto y se agudiza la crisis;
se aíslan cada vez más, aquí y allende nuestras fronteras.
21-04-17
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