Por Xabier Coscojuela
La fiscal general de la
república Luisa Ortega Díaz le dio un nocaut al golpe de Estado que había
perpetrado Nicolás Maduro con la complicidad de los integrantes de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La Fiscal venía marcando
distancia y ya había advertido, en el pasado no tan lejano, que pretender
disolver la asamblea Nacional violaba la Constitución.
La diferencia entre su
actuación y la del Defensor del Pueblo o del Contralor es importante. Nos
referimos a los tres porque ellos conforman ese invento chavista del Poder
Moral.
El Defensor quedó desnudo realmente
ya no le quedaba mucha ropa con su declaración de la semana pasada, pues avaló
la primera de las sentencias, la que le quitaba la inmunidad parlamentaria a
los diputados, nada menos.
El Contralor no dijo nada,
pero todos sabemos que está 100% sintonizado con lo que desea Nicolás Maduro.
Es obvio que los miembros de
la Sala Constitucional no van a ser removidos porque para ello se requiere la
aprobación previa del Poder Moral y dos de sus miembros van a validar lo hecho
por Maikel Moreno y sus compinches.
Ahora bien, la Fiscal tiene
trabajo pendiente por la actuación de los integrantes de la Sala
Constitucional, decirles Magistrados les queda grande, ya que ella afirmó que
dichos sujetos habían violado la Carta Magna por lo que cometieron un delito y,
como tal, no puede quedar impune.
La Constitución le da al
despacho de Luisa Ortega la titularidad en la acción penal y por ello debe
acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia -a su Sala Plena- y pedir que
decidan sobre la actuación de los sujetos que conforman la Sala Constitucional.
Es hora de que en Venezuela
las instituciones cumplan con sus funciones. Esta le corresponde al despacho de
Luisa Ortega Díaz. Como dice el refrán: la Fiscal mató al tigre, no le puede
tener miedo al cuero.
08-04-17
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