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viernes, 21 de abril de 2017

¿Los llamamos colectivos armados? por @atilanolinares


Por Atilano José Linares Torrealba


Que importa su nombre. Colectivos armados, pistoleros ilegales, grupos paramilitares o parapoliciales, círculos bolivarianos, bandas de choque, frentes violentos, fuerzas irregulares, grupos de exterminio o escuadrones de la muerte, para los venezolanos da lo mismo, es lo mismo. Por cierto, el término “escuadrón de la muerte” se utilizó en la década de los ochenta del siglo pasado, en la guerra civil de El Salvador, para señalar los grupos armados ligados estrechamente con los cuerpos de seguridad del estado salvadoreño, que se atribuían funciones de profilaxis política. Si bien las autoridades gubernamentales negaban toda relación con estos grupos armados, en la opinión pública eran ampliamente conocida sus relaciones con el ejército y la policía salvadoreña. Los grupos de derechos humanos y la comunidad internacional, denunciaron en su oportunidad  la autoría de “los escuadrones de la muerte” en asesinatos y desapariciones diarias de personas, incluso no relacionadas con sus objetivos políticos (que en el caso particular salvadoreño era acabar con la guerrilla izquierdista) y la impunidad que las autoridades les proporcionaban.

          Que importa su nombre. Los términos colectivos armados, pistoleros ilegales, grupos paramilitares o parapoliciales, círculos bolivarianos, bandas de choque, frentes violentos, fuerzas irregulares, grupos de exterminio o escuadrones de la muerte, se han generalizado a todo grupo armado (hecho en socialismo) que recibe apoyo o impunidad deliberada de las autoridades gubernamentales con el fin de amedrentar, causar daño o borrar la presencia física del enemigo político y de hacer la justicia, a la sazón revolucionaria, por sí mismo. La medida del daño a infligir la determina el régimen y las circunstancias que le rodean. Estos grupos armados, al principio no se encapuchaban y gritaban consignas pero ahora, no reivindican ni justifican su actuación, en virtud de la incapacidad de identificarse o visibilizarse por la necesidad de mantener la complacencia y protección de las policías, fuerzas militares y órganos formales de la administración de justicia que les encubren. Realmente son delincuentes que, en nombre de una justicia paralela con objetivos políticos, cometen toda clase de violaciones contra los derechos humanos. El fin último, generar violencia, crear el caos, culpar al contrario, desvirtuar la protesta pacífica y declarar el estado de sitio o toque de queda. Gobierno de Fuerza y a la fuerza. La Patria deshilachada y el país cada vez peor pues. Esta situación en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como el consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es inaceptable.


          La represión iniciada y de la que fue objeto la marcha pacífica de la oposición el día 04 de abril por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de  la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resultó verdaderamente  brutal. La misma trató de impedir que en el Palacio Legislativo se tratara el caso de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evitar el debate sobre las sentencias de marras 155 y 156, y en consecuencia se produjera decisión. Pero al día siguiente, los diputados de la MUD madrugaron y realizaron la sesión. Ese mismo día el gobierno de Nicolás Maduro supo que la oposición se adueñaría de las calles.

          Que importa su nombre. Los colectivos armados volvieron a aparecer entonces en el escenario venezolano para sumarse a la violencia represiva de la fuerza pública y a los esbirros judiciales del régimen. Muertes, torturas, desapariciones, detenciones ilegales, juicios civiles o militares, saqueos, quemas o destrozos a propiedades públicas o privadas y todo tipo de tropelías comenzaron nuevamente  a sembrar de odio, sangre y terror las calles de Venezuela. Inclusive, al margen de la propia ley, los colectivos (paramilitares) empezaron a detener manifestantes para entregarlos a los verdugos del régimen.

          Un twit de Henry Ramos Allup del día 12 de abril advierte: “Atención larenses: colectivos armados salen del CORE 4 Barquisimeto. Ahí es donde les dan instrucciones, armas y protección”. Se refería al comando zonal 12 de la GNB. Pero la gente, hace rato, había perdido el miedo. El día anterior (11 de abril) las redes informaban que en la Urb. El Obelisco de Barquisimeto sus habitantes habían quemado dos motos a los colectivos que amenazaban a manifestantes de la zona.

          Que importa su nombre. Hace ya casi quince años en Barquisimeto, por ejemplo, estos colectivos armados incendiaron parcialmente el automóvil del periodista José Ángel Ocanto en el estacionamiento del edificio donde habitaba, para meses más tarde causar destrozos en el séptimo piso del Edificio Nacional, lugar donde se tramitaba la demanda intentada por un alto funcionario del gobierno socialista de Lara, por difamación e injuria, en contra del citado periodista. Los colectivos gritaban entonces “muerte a Ocanto”.

          El gobernador Henri Falcón informó sobre la realización de trabajos de inteligencia de la Policía de Lara para dar con los integrantes de los colectivos involucrados en los hechos violentos de los últimos días en la entidad. Presuntamente un concejal de Iribarren se encuentra al frente de estos grupos.

          La seguridad ciudadana (de personas y bienes) es una competencia concurrente en el plano constitucional y legal por lo tanto responsabilidad de todos los organismos de seguridad del estado (GNB, PNB, Policías Estadales y Municipales). Si bien el fenómeno paramilitar pudiera considerársele  materia de seguridad nacional, no puede dejarse a la población civil y desarmada (personas y bienes me refiero) a merced de estos grupos violentos, máxime si el gobierno del presidente Maduro no los detiene, peor aún les protege. El gobierno forajido y casquivano al utilizar la violencia física e institucional no está garantizando, como es su obligación, la paz y la seguridad de todos los venezolanos. Más aun, parece estar llevando a los venezolanos a situaciones de límite, a tomar la justicia por sus propias manos, lo que puede resultar muy peligroso para el bien de todos. Cada día  se menoscaban más los derechos constitucionales. El Estado-Gobierno  fungiendo como rector de la maldad.

          Que importa su nombre. Según el Padre José Palmar: “Cuando hay protestas y marchas la GNB lanza bombas y disparos, pero cuando hay saqueos no pasa nada. Muy sencillo. El PSUV es el que saquea”. Ojalá los colectivos armados no se sigan desbordando porque podrían ponerse fuera de control hasta para el propio gobierno que les patrocina y protege.

          Casi toda Venezuela padece los ataques de estos grupos. Sin embargo, las policías de Lara y Miranda, pertenecen a las entidades opositoras que han sufrido en mayor proporción los excesos de estos colectivos armados, por lo cual deben accionar con mucha firmeza e inteligencia (léase corazón de fuego y cerebro de hielo).  Esta aseveración se basa en la experiencia vivida en el país con los pistoleros de Puente LLaguno, donde lo malo pasó a ser bueno, donde los victimarios pasaron a ser víctimas, por tanto vista esta situación, superiores y oficiales de las policías de Lara y Miranda podrían correr la misma suerte de los comisarios Vivas, Forero, Simonovis y otros, y sus instituciones pudieran ser intervenidas para pasar a manos del gobierno nacional cada día más autoritario y menos democrático. Sin lugar a dudas, hay que tomar en cuenta  estos hechos pasados  y evitar a toda costa que se repitan, pues podrían sumar dos policías estadales más a la represión.

          Ante la judicialización de la política, criminalización de la disidencia y falta de separación de los poderes públicos, el combate contra estos colectivos armados puede terminar convirtiéndose en una pelea de tigre contra burro amarrado. No obstante las policías estadales y municipales, de Lara y Miranda, deben detener a los colectivos armados aunque la fiscalía o los tribunales no soliciten o les priven de libertad.

          Que importa su nombre. Señala el 350 constitucional: “El pueblo…, fiel a su tradición republicana… desconocerá cualquier régimen… que contraríe principios y garantías democráticos…” Concluyente el artículo,  no se puede abandonar la calle, roto el hilo u orden constitucional, es el lugar de lucha donde la oposición pacífica gana, el gobierno y los colectivos armados pierden y Maduro lo sabe. No cabe duda, parte importante de la ruta política a seguir continua siendo la protesta pacífica del pueblo en la calle, transida por los problemas que ha creado o agravado el régimen castro comunista que nos gobierna.  Pero, no puede dejar de transitarse la ruta del voto, debate parlamentario, opinión pública, activismo internacional y dialogo. La oposición ha venido sacrificando vidas, libertad, familia, trabajo, estudio, tiempo y esfuerzo en una lucha NO violenta para templar una resistencia indefinida y así recobrar la democracia extraviada.  No serán en vano las muertes de Jairo Ortiz, Daniel Queliz, Miguel Ángel Colmenares, Gruseny (Tony) Canelón, Ricarda González, Brayan Principal, Yeil Amaro,  tampoco las detenciones arbitrarias de otros venezolanos más, mucho menos el dolor y sacrificio de sus respectivas familias.

          Sometimiento pleno a la constitución, elecciones libres y limpias, sin venganza e inhabilitaciones,  libertad para los presos políticos,  respeto a la Asamblea Nacional, aceptación del canal humanitario, entre otros, son los objetivos de esta lucha. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la razón de la ley y la sinrazón de la fuerza, entre la constitución y un sector del mundo militar, entre la paz y la violencia, entre la mayoría del pueblo y el gobierno, entre la sociedad civil y los colectivos armados, entre la civilización y la barbarie, entre la resurrección y la muerte, entre la democracia y la dictadura. Gloria al Bravo Pueblo. Que viva Venezuela.

18-04-17