Por Xabier Coscojuela
El defensor del Pueblo
asegura que la decisión de no iniciar un proceso judicial contra los
integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue
tomada de manera unánime por los integrantes del Poder Moral
1. Usted reivindica la
Constitución y en particular su capítulo relativo a los DDHH, qué tan cerca
está el dicho del hecho en ese aspecto
Fui el presidente de la
Comisión de Derecho Humanos de la Asamblea Constituyente encargada de redactar,
articular, recopilar junto a activistas de derechos humanos, todo ese hermoso
título 3, que es el título de los derechos humanos y deberes. Es un título
completo cuyos capítulos son dedicados a los derechos políticos, civiles,
económicos sociales culturales, ambientales e indígenas.
Reivindico ese trabajo y
creo que ese título, independientemente que toda democracia tiene debilidades
institucionales y que todavía hay un largo camino por recorrer, siento que ese
título que luego derivó en leyes de protección a derecho humanos ha sido un
muro de contención para que en Venezuela no se practique el terrorismo de
Estado como se hizo durante las décadas de los 60, 70, 80 y 90 que ocasionó
masacres tan espantosas como Cantaura, Yumare y el Caracazo.
Siento que del dicho al
hecho siempre va a haber un trecho, pero estamos vigilantes para que no ocurran
desafueros y lo he demostrado en más de dos años que tengo en esta gestión de
Defensor del Pueblo, que no me he quedado callado ante ningún exceso policial o
militar.
2. La fiscal Luisa
Ortega Díaz señaló que las decisiones del TSJ 155 y 156 significaban una
violación de la Constitución, ¿por qué usted no comparte tal apreciación?
La ciudadana Fiscal General
de la República habló de una ruptura del orden constitucional. Yo disiento de
esa frase porque si nos vamos a un ejemplo reciente en Venezuela, ruptura del
orden constitucional ocurrió con el Carmonazo de abril del año 2002. Eso sí fue
una ruptura del orden constitucional por eso yo disiento de una frase tan
gruesa como esa y considero que, independientemente de que no estoy de acuerdo
con la frase, es una opinión que emitió la ciudadana fiscal que luego tuvo una
corrección de oficio. Eso lo establecen también las vías de la Sala
Constitucional.
3. El TSJ no fue
elegido por el pueblo pero de facto desconoce a la Asamblea Nacional elegida
por el pueblo
La posición que fijé como
Defensor del Pueblo en este choque de poderes públicos entre el Poder Judicial
y la Asamblea Nacional fue en primer lugar expresar que para que fuese disuelta
la Asamblea Nacional tenía que probar uno de los supuestos establecidos en la
Constitución.
Lamentablemente durante los
años 2016 y parte del 2017 esos choques entre el Poder Legislativo el Poder
Judicial han tenido a veces cúspides que nos han llevado a lo que hoy
conocemos. Por un lado, varios desacatos por parte de la AN a decisiones que ha
tomado la Sala Constitucional del TSJ.
Y por supuesto también
algunas otras acciones que han venido del TSJ siendo luego aclaradas de oficio,
como ocurrió el primero de abril pasado, han generado pues la situación que ya
hemos conocido.
No he visto, por ejemplo,
una acción similar por parte del Poder Legislativo en el cual, sin ser
Venezuela un sistema parlamentario y sin haber habido el derecho a la defensa,
ellos decretaron de facto la ausencia física del Presidente en ejercicio de su
cargo, en una especie de Carmonazo más moderno decretaron la destitución del
Presidente a través de un juicio político totalmente irritó.
Eso poco los medios lo dicen
y TalCual, que se precia de querer ser un medio inteligente y equilibrado, no
ha hecho estudios sobre la materia.
Finalmente, no ha habido una
voluntad de principio de colaboración de poderes y eso nos ha llevado a esta
situación de alta tensión que yo aspiro que sea resuelta a través del diálogo y
sé que va a ser así, y no por la tesis de generar ingobernabilidad, porque eso
implica prácticamente sedición, implica jugar al caos, y eso no es político,
eso es aventurerismo y en mi caso estoy en contra de esos extremos.
4. El Consejo Moral
Republicano decidió no sancionar a magistrados por las sentencias del TSJ: si
se necesitan dos de tres votos, ¿cómo fue la votación?
El Consejo Moral Republicano
en mi persona como su presidente ha recibido varias cartas donde parlamentarios
han solicitado que se abra el procedimiento de destitución de la Sala
Constitucional, por lo tanto es falso que haya tenido que mediar
manifestaciones convocadas para entregar esta carta porque ya la carta, esa
misma carta, por numerosas vías ha sido entregada.
Una de ellas por el diputado
de Primero Justicia Juan Miguel Matheus junto con el doctor Jesús María Casal
el pasado lunes 16 de abril 48 horas antes de la manifestación del 19 abril;
fueron recibidos en la Defensoría del Pueblo y entregaron la carta.
En vista de esa primera que
recibimos hicimos una reunión, el pasado día jueves 16 de abril, y debo decirle
nuevamente como lo he dicho en medios nacionales e internacionales, que ninguno
de los tres titulares del Consejo Moral Republicano, ninguno de los tres -la
Fiscal, el Contralor y el Defensor- ni por vía oral o escrita se pronunciaron
para calificar de falta grave la acción o la decisión de la Sala Constitucional
del TSJ.
5. ¿Usted no cree que
impedir el voto al suspenderse el revocatorio y posponerse las elecciones
regionaleses una violación a los derechos humanos?
Entiendo que el voto y el
sufragio es una de las vías más simbólicas para ejercer la participación de la
gente, no es la única obviamente pero es una que tiene una trascendencia y un
valor muy grande, tan es así que en la Constituyente nosotros le dimos al
ejército sufragio como un derecho humano de carácter político.
Estoy convencido que el año
2017 será un año electoral sin lugar a dudas, donde según lo que establece la
Constitución deben realizarse las elecciones regionales, que por razones ya
conocidas, porque había en marcha una convocatoria de firmas, según dijo el
Poder Electoral, no tuvo la oportunidad de realizarse en esos términos que
debió haberse hecho.
6. Hay decisiones de
los tribunales otorgando la libertad de los detenidos que no son acatadas por
el Sebin y no conocemos un pronunciamiento preciso de usted sobre el tema, ¿por
qué?
Lamento
que TalCual que se precie de ser un diario equilibrado no tenga la
suficiente cualidad, al menos en el caso nuestro, de darle seguimiento a
nuestras declaraciones públicas sobre temas que tienen que ver de manera directa
con competencia en el caso de derechos humanos puesto que al decir que no nos
hemos pronunciado al respecto es una gran falsedad.
Siempre he dicho que la
primacia hay que darla al sistema de justicia y en ese sentido he precisado que
ningún órgano de policía está por encima de un tribunal de la República. Por lo
tanto, en cualquiera de los casos en que un tribunal dicta una orden a un
órgano de policía esa orden debe ser acatada sin discusión, y así lo solicito
todas las veces que sea necesario, en todos los casos sin distingo. No sólo los
que puedan tener una plataforma mediática, sino con igual fuerza para los más
pobres de los cuales nunca nadie habla.
7. La oposición
denuncia la actuación de colectivos armados, ¿es falso, no le consta? ¿Es
aceptable que grupos armados sin identificación repriman manifestaciones? No
conocemos una declaración suya al respecto
Siempre voy a estar en
contra por principio del uso indebido de armas de fuego, sea por parte de algún
funcionario del Estado o de algún civil militante o no de partido político,
porque mi lucha durante más de 40 años ha sido pacifista, no violenta. Hoy como
Defensor del Pueblo con más razón rechazo el uso de las armas También rechazo
que se quiere excusar que focos sumamente pequeños, llamados por algunos
guarimberos, usen armas de fuego como ocurrió durante el 2014, y matar a seis
guardias nacionales y tres policías, que también tienen familia, que también
tienen derechos humanos y que por ejemplo en este año han cobrado la vida de un
guardia nacional en el mes de abril y herido de bala a un Coronel.
Cuando ocurren eventos
observo con preocupación que para desviar y excusar la acción delictiva de esas
personas, sin pruebas se diga cuando ocurren los eventos que acabo de narrar
que fueron, Nacional tenía que probar uno de los supuestos establecidos en la
Constitución.
Lamentablemente durante los
años 2016 y parte del 2017 esos choques entre el Poder Legislativo el Poder
Judicial han tenido a veces cúspides que nos han llevado a lo que hoy
conocemos. Por un lado, varios desacatos por parte de la AN a decisiones que ha
tomado la Sala Constitucional del TSJ.
Y por supuesto también
algunas otras acciones que han venido del TSJ siendo luego aclaradas de oficio,
como ocurrió el primero de abril pasado, han generado pues la situación que ya
hemos conocido.
No he visto, por ejemplo,
una acción similar por parte del Poder Legislativo en el cual, sin ser
Venezuela un sistema parlamentario y sin haber habido el derecho a la defensa,
ellos decretaron de facto la ausencia física del Presidente en ejercicio de su
cargo, en una especie de Carmonazo más moderno decretaron la destitución del
Presidente a través de un juicio político totalmente irritó.
Eso poco los medios lo dicen
y TalCual, que se precia de querer ser un medio inteligente y equilibrado,
no ha hecho estudios sobre la materia.
Finalmente, no ha habido una
voluntad de principio de colaboración de poderes y eso nos ha llevado a esta
situación de alta tensión que yo aspiro que sea resuelta a través del diálogo y
sé que va a ser así, y no por la tesis de generar ingobernabilidad, porque eso
implica prácticamente sedición, implica jugar al caos, y eso no es político,
eso es aventurerismo y en mi caso estoy en contra de esos extremos.
8. El Foro Penal ha
dicho que en las más de 200 audiencias que han asistido por detenidos
en protestas la Defensoría no se ha hecho presente en ninguna. ¿Es
eso cierto? Y de serlo, ¿por qué?
Interpreto que la ignorancia
supina los lleva a cometer graves errores. Para empezar, es público y notorio
que en Venezuela y en el mundo las defensorías del pueblo no somos parte del
sistema de justicia por lo tanto no tenemos cualidad jurídica para asistir a
audiencias como tal.
La Defensoría del Pueblo asiste a víctimas de violación a derechos humanos, los acompaña hasta el final para que de haber una presunta violación a derechos humanos haya sanción para quien la cometa.
La Defensoría del Pueblo asiste a víctimas de violación a derechos humanos, los acompaña hasta el final para que de haber una presunta violación a derechos humanos haya sanción para quien la cometa.
9. El Foro Penal y
otros defensores han dado a conocer que algunos manifestantes detenidos han
denunciado torturas, maltratos o tratos crueles que deben ser investigados de
oficio según manda la Ley contra la tortura. Pero hay tribunales que se han
negado a abrir tales investigaciones. ¿Cuál es la postura de la Defensoría en
este aspecto?
La Defensoría del Pueblo
procesa en base a hechos, en base a denunciantes previamente identificados,
casos por violación a derechos humanos.
Inclusive lo hacemos también
de oficio siempre teniendo datos precisos para poder, ante los órganos
competentes, acompañar a las víctimas de esa presunta violación a derechos
humanos y ejercer de manera inmediata la defensa a cualquier ciudadano, de
cualquier militancia política, incluso por temas que no tengan que ver con
ámbito político.
Durante el año 2015 y
durante el año 2016, de manera muy discreta, con toda la prudencia, se trabajó
aproximadamente en 25 casos de personas con militancia política que estuvieron
detenidas por la manifestación del año 2014 y se logró a través de las acciones
de carácter jurídico y medidas coordinadas directas y estrictamente con la Sala
Penal del TSJ libertades, en unos casos, absolutas, y en otras condicionales y
en otras medidas sustitutivas de libertad que en su momento, por ejemplo,
favorecieron a Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Raúl Isaías Baduel, entre
otros. Y ocurría que luego que la Defensoría, de manera discreta y con
prudencia, anunciaba la acción con la libertad de las persona, algunas ONG
entre comillas lo anunciaban como si fueran propias.
Entiendo que hay aquí todo
un mundo heterogéneo en el mundo de los derechos humanos, así como existen ONG
que trabajan con objetividad, hay otras que de verdad en lo personal disiento
de su actuación porque parecieran más bien ser un bufete privado de abogados
que se aprovechan muchas veces de lo que la Defensoría del Pueblo hace.
Concluyo diciendo entonces
que todo caso de violación a derechos humanos que nos sea remitido o que lo
conozcamos de oficio lo trataremos para lograr el castigo de quienes hayan
actuado.
10. En varios casos,
como el de Rhobinson Rojas, se ha denunciado que las detenciones incumplen los
procedimientos al incomunicar a la persona detenida. ¿Existen detenciones
arbitrarias? ¿Existe irrespeto a las normas en el caso de algunas detenciones?
Sí pueden existir
detenciones arbitrarias o de cualquier otra índole que obviamente deben ser
investigadas y sancionadas. Usted me menciona el caso de Rhobinson Rojas, pero
no dice que fue la Defensoría del Pueblo la que, luego de que el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa, los familiares y los directores del
medio donde Rojas trabaja, tramitó la restitución de su situación legal, en
razón de una acción urgente que realizamos. Lo que se nos comunicó en el
momento es que el señor Rojas se encontraba sin identificación previa al
momento de una situación irregular que se dio en una zona de Caracas, fue
detenido por la Policía Nacional Bolivariana y nosotros directamente trabajamos
el caso logrando la respectiva, vamos a decir así, puesta en libertad Desde que
asumí la Defensoría del Pueblo hemos actuado en múltiples casos, muchos de
ellos resueltos, gracias a la intervención oportuna y temprana del Defensor del
Pueblo, como por ejemplo ocurrió en los casos de Tumeremo y de Barlovento.
11. No es una política
gubernamental, pero en Mérida desde hace casi 26 meses están desaparecidos
Alcedo Mora y los hermanos Vergel y no hay respuesta de las autoridades, ¿qué
puede decir de este caso?
En el caso de Alcedo Mora
hice múltiples diligencias directamente ante la fiscal superior del estado
Mérida, de manera personal ante la propia fiscal general de República, frente
al director nacional del Cicpc, Douglas Rico, para buscar esclarecer los
hechos. Hay múltiples versiones sobre estos hechos lamentables que no voy a
adelantar porque forman parte de las investigaciones y de la reserva legal.
Prejuzgar a priori y sentenciar sin que finalmente haya una investigación
conclusiva sobre estos hechos es un acto temerario del cual siempre me he
cuidado, como usted sabrá y se habrá dado cuenta.
12. ¿Qué le dice a los
venezolanos que dudan de su imparcialidad, que perciben que usted coincide
siempre con el gobierno?
Cuando hablas de venezolanos
que pueden dudar de nuestra imparcialidad me imagino que será gente que es de
tu entorno, que trabaja contigo de manera cercana, que no conoce mi trabajo,
tal vez que ni siquiera personalmente ha tenido un trato hacia mi persona y
mucho menos conoce nuestra trayectoria que para mí es un tesoro pues son 41
años de lucha cívica.
Hemos protegido y asistido a
todo ciudadano que ha requerido nuestro servicio.
Este mes de abril es
atípico, inédito. Lo he denunciado y lo vuelvo a repetir, se ha pretendido que
mi persona, como presidente del Consejo Moral Republicano sea pieza de un golpe
institucional que decapite el TSJ.
No me he prestado a eso.
Eso ha traído como
consecuencia un chantaje contra mí, contra mi familia. Todo tipo de guerra
sucia. Las infamias dichas por todos los medios no tienen precedente en la
historia de Venezuela. Es una campaña que ha buscado quebrar o desmoralizar a
alguien formado en la lucha. Pienso y creo que pronto volverán las aguas a su
cauce y se impondrá la sindéresis, este 2017será un año electoral sin lugar a
dudas. Quienes buscaron quebrar la dignidad del defensor y resquebrajar la
Defensoría del Pueblo no sólo quedarán desenmascarados, sino que lograrán
finalmente que nuestra institución y nuestra trayectoria quede finalmente
fortalecida.
29-04-17
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