Redacción 19 de abril de 2017
Agentes
antimotines impidieron este miércoles con bombas lacrimógenas el avance de una
gigantesca marcha en la que se exigía elecciones, retomar el hilo
constitucional a partir de que el Poder Moral califique las faltas graves de
los integrantes de la Sala Constitucional del TSJ cuando le quitaron a la AN
sus facultades constitucionales, en los primeros brotes de violencia que dejan
varios heridos y dos fallecidos a manos de irregulares por herida de bala.
Los
enfrentamientos entre la policía y manifestantes que les tiraban piedras
estallaron en una estratégica autopista y en varios sectores del oeste de
Caracas, así como en ciudades de los estados de Zulia, Carabobo, Táchira,
Mérida y Anzoátegui.
Cuando
se acercaba, con las manos en alto, a la barrera con que militares bloqueaban
el paso en la avenida Francisco Fajardo, el líder opositor Henrique Capriles
recibió una lluvia de gases lacrimógenos. Varios manifestantes huyeron
lanzándose al río Guaire .
En San
Bernardino, noroeste de Caracas, un manifestante de 17 años resultó herido
de bala en la cabeza, alcanzado por disparos de hombres en moto que
también lanzaron bombas lacrimógenas contra una concentración opositora. Otros
lesionados se reportan en otros puntos del país.
Por su
parte, Paola Andreina Ramírez Gómez de 23 años fue asesinada este
miércoles a manos de presuntos colectivos en la Plaza de Las Palomas San
Cristóbal estado Táchira.
En lo
que la oposición prometió como “la madre de todas las marchas”, la sexta en
abril, miles de manifestantes exigen en Caracas y otras ciudades del país
elecciones y respeto al Parlamento, único de los poderes públicos que no
controla el chavismo.
Los
opositores salieron de una veintena de puntos de concentración y
pretendían confluir en el centro histórico de Caracas, bastión chavista, donde
ya miles de seguidores de Maduro vestidos de rojos se manifiestan.
Pero
contingentes militares y policías bloquearon el paso en puntos estratégicos de
Caracas como en las cinco protestas anteriores, que derivaron en choques con
saldo de cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.
En lo
que la oposición calificó como un plan, llamado Zamora, para “intimidar” a la
gente, Maduro activó un operativo militar y policial para “derrotar el golpe de
Estado”, del que acusa a la “derecha apátrida venezolana” y a Estados Unidos.
–
Inquietud internacional –
Once
países latinoamericanos pidieron a Maduro garantizar el derecho a
protestar pacíficamente, lo que fue secundado este miércoles por la fiscal
venezolana Luisa Ortega.
Estados
Unidos, por su parte, lanzó una dura advertencia a los funcionarios públicos
venezolanos de desistir de la represión.
“Estamos
enfrentando una arremetida internacional (…) Estados Unidos ha dado la luz
verde para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela”,
reaccionó Maduro.
Cientos
de personas se han manifestado contra el gobierno chavista en los últimos días
en varios países -como este miércoles en Madrid-.
Pero
en una demostración de fuerza, el gobernante encabezó el lunes un acto militar
en el que recibió de la Fuerza Armada, su aliado con enorme poder político y
económico, la promesa de “lealtad”, al tiempo que anunció la ampliación de
las milicias a 500.000 civiles, cada uno con un fusil.
El
jefe legislativo Julio Borges pidió entonces a los militares ser “leales” sólo
a la Constitución, tras lo que Maduro lo acusó de liderar el “llamado
golpista” y lo amenazó con procesarlo judicialmente.
“Estamos
convencidos de que el país sabe quiénes son los golpistas”, respondió la
oposición.
El
jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que
el gobierno prepara una “acción represiva homicida” al armar a civiles; en
tanto que Colombia pidió a la ONU atender “la preocupante militarización” de
Venezuela.
“Venezuela
dará la batalla frente a este grupo minoritario de gobiernos que pretenden
promover una vergonzosa intervención, con la OEA”, dijo la canciller Delcy
Rodríguez.
– La
fuerza de la calle –
Los
opositores volvieron a la calle el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento, desatando una
protesta diplomática internacional que dos días después lo hizo dar marcha
atrás.
La
propia fiscal Ortega, cercana al chavismo, lo consideró una “ruptura del hilo
constitucional”.
La
oposición denunció esos fallos como un “golpe de Estado”, pero ese episodio la
reanimó, recobrando cohesión y apoyo popular que perdió tras fracasar su plan
de revocar a Maduro en un referendo.
“Esta
marcha pondrá de relieve la fuerza que la oposición es capaz de convocar y los
costos que potencialmente le puede generar al gobierno si persiste en evitar
elecciones en el corto plazo”, afirmó a AFP el politólogo John Magdaleno.
Analistas
estiman que Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, evita a toda costa
unas elecciones. Siete de cada diez venezolanos reprueban su gobierno, cansados
de la escasez y una brutal inflación que el FMI estima en 720,5% este año.
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