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domingo, 30 de abril de 2017

Una Constitución a la medida del régimen por @hl_lucena


Por Héctor Lucena


El gobierno Bolivariano tuvo en estos años de ejercicio del poder las mayores oportunidades para construir un mejor país del que encontró. Empezando por reconocer que los actores políticos a quienes enfrentó en el camino para su ascenso al poder no le ofrecieron mayores resistencias. Su entrada en escena nacional fue a partir de las rebeliones militares de 1992, para el país fue una sorpresa, sólo avezados analistas podían haber advertido las turbulencias en el seno militar y su posterior emergencia en asonadas armadas. Al propio gobierno de Carlos Andrés Pérez II le agarró por sorpresa.

En Suramérica, en donde los militares habían copado casi todo el mapa, para 1992 eran parte del pasado recién superado, los militares salieron del poder por distintas vías, pero rápidamente en donde estuvieron hubo un mea culpa por la sociedad civil por haber estado el poder político en manos militares. Todo esto hace más llamativo cuan a destiempo fue la emergencia militar venezolana si se mira el continente latinoamericano.

Los actores políticos tradicionales perdieron la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo para conducir a las masas y para orientar al país. Ese vacío dio lugar a que en las elecciones presidenciales de 1998, poco antes de la fecha de inscripciones de candidatos el partido más influyente -AD- en los cuarenta años precedentes se desprendía y dejaba de lado la opción que venía anunciando, y decidieron apoyar al candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ascendente Hugo Chávez. Abonó todo ello para su amplio triunfo. Basó su campaña electoral en una crítica radical al sistema político imperante. Criticó a la democracia representativa y promovió la democracia participativa. Calificó que la primera había sido hipotecada por el liderazgo político partidista de los partidos dominantes, que se había repartido el poder a lo largo de varias décadas.

Llenó el vacío del momento que se satisfizo con una imagen y un discurso diferente en el espectro político.


Más que el triunfo de Chávez fue la derrota de sus opositores lo que permitió que este nuevo gobierno se empoderara más allá de su caudal electoral. Los actores políticos tradicionales no fueron efectivos para defender lo que habían construido.

El mayor cuestionamiento a la democracia representativa del Pacto de Punto Fijo en sus treinta años para 1989 fue el “Caracazo” o “sacudón”. La primera explosión abierta de naturaleza social que ocurrió tanto en Venezuela como en América Latina, a propósito de la disconformidad y rechazo a las políticas neoliberales. El manejo de la situación de ese momento, y las repuestas posteriores no lograron superar el impacto traumático de lo ocurrido. El sistema político quedó agrietado y si bien se emprendieron algunas reformas favorables a la descentralización, desde cierto tiempo en discusión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, ellas no fueron suficientes para repararlo. Por cierto que más tarde, la descentralización se detuvo con la nueva institucionalidad puesta en ejercicio desde 1999, que recentralizó en el Poder Ejecutivo nacional estas mismas actividades.

En este ventajoso marco el gobierno bolivariano tuvo las mejores oportunidades para revisar, promover y ensayar conceptos e instituciones en todos los órdenes posibles de la vida nacional. El país le dio la más amplia oportunidad. En la misma convocatoria al primer referéndum consultivo, el que preguntaba a los ciudadanos si querían que se convocara a una Asamblea Constituyente, hay que destacar que la Constitución del momento, la de 1961, no tenía tal figura. Se invocó desde sus promotores bolivarianos que esa institución era el más autentico poder originario ya que era el pueblo quién iba a decidirlo. En el país no había antecedentes. Con la euforia del reciente triunfo electoral, y con la casi postración de los actores políticos tradicionales, lo que vino de ahí en adelante fue el llenado de los requisitos para hacer un proyecto a la medida del nuevo gobierno.

La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la fórmula gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 62% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas, en tanto, la oposición con un 35% apenas alcanzó un 5%.

La oposición sin brújula por varios años, dio lugar a un errático desempeño en la política electoral de 1998 y los años siguientes, incluso llegando a abandonar su participación en las elecciones parlamentarias del 2005.

Dos traspiés electorales efectivos se cuentan en tantos años de manejo por parte de los actores políticos del régimen bolivariano, el referéndum para modificar la CRBV en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. El partido gobernante tuvo un tercer traspié electoral, el de las mismas elecciones parlamentarias del 2010, cuando con sólo el 47% de los votos obtuvo más del 60% de los curules. Pero esas mismas matemáticas engañosas le sirvieron a la oposición en las elecciones del 2015 para que con menos del 60% de los votos lograra más de dos tercios de los diputados.

Hoy el régimen bolivariano viola la Constitución que hizo a su medida. ¿Y cómo lo hace?, negando elecciones, desconociendo poderes legítimamente electos, ejerciendo poderes inconstitucionales desde el Ejecutivo, comprometiendo a la República ante poderes externos sin el debido proceso legislativo, y todo con una Sala Constitucional del TSJ legislando más que interpretando, con la existencia de cuerpos paramilitares agrediendo a mujeres y hombres electos para representar al pueblo en el parlamento, y por supuesto a indefensos ciudadanos, y todo a la vista de cuerpos militares y policiales que olvidan el cumplimiento constitucional.


20-04-17