Prensa MUD 18 de abril de 2017
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La
Asamblea Nacional (AN), aprobó durante la sesión ordinaria de este martes, los
acuerdos para el procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la designación de la
Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y el proyecto de
acuerdo en condena a la represión, persecución, tontura y otras violaciones de
derechos humanos de la población.
El
diputado Rafael Guzmán fue el encargado de iniciar el debate y deploró que,
para conservar su puesto, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no
convocara al Poder Moral para completar el proceso de remoción de los siete
magistrados, responsables de la ruptura del orden democrático en Venezuela.
“Los
magistrados dieron un golpe de Estado al pretender abrogarse competencias de la
AN y anular la separación de los poderes públicos (…) El pueblo sabe que ellos
cometieron un delito y mañana 19 de abril saldrán a las calles a exigir su
destitución”, afirmó.
Mientras
que la segunda vicepresidenta del Legislativo, la parlamentaria Dennis
Fernández, rechazó la actitud del Defensor del Pueblo y según lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley Orgánica del TSJ, postuló a los 12 legisladores que
conformarán la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales.
En el
segundo punto del día, el proyecto de acuerdo en rechazo a la Ejecución
continuada del golpe de Estado y en condena a la represión, persecución,
tortura y otras violaciones a los DDHH de la población, el diputado Tomás
Guanipa hizo referencia a las diversas torturas que han tenido que soportar los
dirigentes del partido Primero Justicia, los hermanos Alejandro y José Sánchez,
por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Ninguna
confesión que ha sido obtenida bajo tortura, según la ley, será considerada
como prueba, es fraude”, apuntó Guanipa.
En
este sentido, José Sánchez, padre de los dos jóvenes denunció que sus hijos
fueron obligados, bajo torturas y amenazas de muerte, a realizar falsos
testimonios al ser arrestados durante una “guarimba” que jamás hubo.
Asimismo,
le exigió a Nicolás Maduro no fabricar falsas declaraciones a sus hijos porque
le están destrozando sus vidas. “¿Cómo se permite tal atropello contra los
venezolanos? Pido a Maduro que me deje defender a mis hijos en cadena
nacional”, sentenció.
Indicó
que, la Fiscalía dispuso que los videos utilizados como pruebas eran inaceptables
y que se debe iniciar una investigación a los funcionarios del Sebin.
Añadió
que sus hijos enviaron el siguiente mensaje: “Nos doblaron, pero no nos
quebraron, las lágrimas de hoy serán la sonrisa de mañana”.
Por su
parte, el expresidente del unicameral Henry Ramos Allup, aseguró que como el
gobierno no puede detener a los diputados, se enfocan en sus equipos y
compañeros de partidos para imputarlos ilícitamente.
Afirmó
que la Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene total conocimiento que cuando este
régimen se termine, deberá aceptar toda su culpabilidad por la fuerte represión
a la que han sido sometidos los venezolanos que han manifestado desde el pasado
4 de abril. Rechazó además que este lunes, Nicolás Maduro destinara recursos
para que cada miliciano tenga un fusil.
“La
Carta Magna establece los cuatro componentes de la FAN, cualquier otro es
inconstitucional. 500 mil fusiles para que la milicia reprima más”, dijo.
Como
tercer punto de la sesión, también aprobaron un acuerdo de calificación de
nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas
suscritos sin aprobación del Poder Legislativo y en perjuicio del patrimonio de
la Nación.
“El artículo
150 de la Constitución establece que ningún contrato entre empresas mixtas
tiene validez sin la aprobación de esta AN”, explicó el legislador Carlos
Prosperi.
Aseveró
que ninguna deuda pública que no esté aprobada por el parlamento llegará a ser reconocida
cuando este gobierno “forajido” acabe.
Por
último, el diputado Jorge Millán, manifestó que el único fin que ha tenido el
Estado para evitar que el Poder Legislativo no supervise todos los “acuerdos,
concesiones y ventas de acciones” es para continuar manteniendo la corrupción.
“Le
advertimos a las empresas: son cómplices de los delitos del gobierno por
acuerdos inconstitucionales y sin control”, concluyó Millán.
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