Por Miguel Ángel Martínez
Meucci
Sobre los diversos episodios
del diálogo entre el régimen preside Maduro y la oposición democrática se ha
escrito mucho durante los últimos años. Tanto, que este tema, si no fuera por
la importancia crucial que reviste para nuestro país, resultaría muy aburrido a
estas alturas. Ahora bien, no perdamos de vista que así son las conversaciones
en medio de conflictos prolongados: duras, arduas, a menudo estériles, pero
forzadas por las duras circunstancias y por la necesidad de encontrar caminos.
Sentarse a hablar con quien es o se comporta como nuestro enemigo es siempre
difícil, pero también una tarea recurrente a la hora de canalizar amargas
diferencias y disputas. La posibilidad de que tales conversaciones deriven en
acuerdos efectivos dependerá de muchos elementos, pero la relación entre los
mismos es tan compleja que a menudo el éxito sobreviene cuando menos nos lo
imaginamos.
Por eso es necesario que
cada intento o ronda de negociaciones sea examinado con la mente fresca y desde
una mínima aspiración a la objetividad o imparcialidad. En ese esfuerzo las
experiencias del pasado deben ser cuidadosamente consideradas porque nos
permiten entender mejor elementos muy importantes de las negociaciones
actuales, pero al mismo tiempo hemos de cuidarnos de que las conclusiones
previas nos impidan ver nuevas oportunidades que pudieran surgir de cara al
presente y el futuro. La búsqueda del acuerdo en medio del conflicto está
marcada por esos factores; requiere al mismo tiempo esperanza, pragmatismo,
firme voluntad y creatividad, y para ello es necesario que evitemos quedarnos
estancados en ideas fijas.
En función de lo anterior,
¿qué puede decirse con respecto a las nuevas conversaciones que se están
estableciendo entre el régimen de Maduro y los representantes de la MUD? En
primer lugar hay que referirse al momento en el que (re)surgen. El diálogo ha
vuelto a hacerse visible poco después de disolverse la movilización de protesta
por parte de la oposición, y apenas a unos días de que la mayoría de sus
líderes aceptara competir en elecciones regionales convocadas a destiempo y sin
que mediaran cambios en las fraudulentas condiciones demostradas por el actual
Consejo Nacional Electoral el pasado 30 de julio. Esta circunstancia ha
afectado negativamente la cohesión entre las fuerzas democráticas, así como la
conexión entre su liderazgo y la ciudadanía en Venezuela.
¿Implica lo anterior que la
oposición llega a este diálogo en una posición de debilidad? Es necesario
considerar que, como resultado de ese ciclo de protestas de cuatro meses, la
comunidad internacional (o mejor dicho, el consenso predominante entre las
naciones democráticas de Occidente) entiende ahora la necesidad de respaldar a
la oposición venezolana para que el diálogo pueda ser más equilibrado ante un
régimen que goza del monopolio de las armas. De hecho, este nuevo episodio del
diálogo parece, en cierta medida, haber sido forzado por una parte de esa
comunidad internacional. Si bien la gente se ha desmovilizado en las calles de
Venezuela, el apoyo externo es ahora muy claro y favorable a la oposición, al
punto de que varias naciones (sobre todo las que conforman la Unión Europea)
están dispuestas a sumarse al programa de sanciones a funcionarios venezolanos.
No obstante, y a pesar de que este apoyo internacional es tan invaluable como
imprescindible para lograr una salida a la crisis venezolana, en lo personal
estimo que no será suficiente para impulsar la firma de acuerdos provechosos si
los propios venezolanos no logran recuperar mínimos niveles de presión sobre el
régimen de Maduro. En tal sentido, en mi opinión sí cabría señalar que la
oposición negocia ahora desde una posición de debilidad relativa frente al
régimen, y que dicha debilidad conspira contra la posibilidad de que dos bandos
totalmente asimétricos puedan alcanzar acuerdos efectivos a favor de la
redemocratización del país.
En segundo lugar, otra novedad
en los diálogos de este momento radica en que en esta ocasión se percibe un
intento mucho más organizado y planificado por establecer las condiciones
básicas necesarias para que estas conversaciones efectivamente deriven en
negociaciones y acuerdos. Por ejemplo, no sólo se habla formalmente de
establecer una sede de las conversaciones en un territorio “neutral” (en este
caso la República Dominicana), sino que además la fase de prenegociación (en la
cual habría de establecerse una agenda de temas para la negociación, reglas del
juego apropiadas, unos interlocutores bien definidos y una mediación o
facilitación explícita, así como un conjunto de países amigos y de garantías)
parece estarse llevando con suficiente premeditación y paciencia. De lo
anterior es factible concluir que existe un mayor acompañamiento por parte de
expertos en temas de negociación y que hay también acuerdos internacionales
orientados a respaldar conjuntamente este proceso.
Sin embargo, por lo visto
hasta ahora, este diseño aún adolece de insuficiencias evidentes. La más
importante es que el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero (con el apoyo recurrente de Leonel Fernández), continúe siendo la
figura que se hace cargo de forma casi exclusiva de las labores de
facilitación/mediación. Lamentablemente, Zapatero no reúne las condiciones de
imparcialidad y confiabilidad que amerita el rol que viene desempeñando, dados
los profundos vínculos e intereses compartidos durante años con el chavismo.
Algo parecido podría señalarse con respecto a Leonel Fernández. Considérese,
además, el hecho de que las islas del Caribe se encuentran fuertemente
presionadas por el régimen venezolano y se terminará de comprender la poca
imparcialidad y autonomía que caracterizan a estas instancias mediadoras. La
propia República Dominicana no olvida que hace años vio cortados sus
suministros petroleros provenientes de Venezuela cuando su gobierno de turno se
negó a extraditar a Carlos Andrés Pérez, sufriendo así una grave crisis
energética. Estos obstáculos no son insalvables, pero requieren ser solventados
si se quiere contar con un mecanismo de facilitación y garantías verdaderamente
funcional.
En tercer lugar, hay un
elemento del contexto político actual que altera o condiciona todo posible
resultado de las negociaciones. El régimen de Maduro ha implantado
fraudulentamente una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que además
se ha erigido como un órgano de gobierno supra (en realidad anti)constitucional,
y de hecho considera que su reconocimiento es conditio sine qua
non para alcanzar acuerdos de la mesa de negociación. El órgano, así como
el mecanismo para implantarlo, es tan fraudulento, ilegal y antidemocrático que
las grandes potencias democráticas de Occidente abiertamente han decidido no
reconocerlo. Esto, en principio, ha de ser interpretado como un espaldarazo a
los demócratas venezolanos en su lucha contra la dictadura. No obstante, los
expresidentes Zapatero y Fernández han insistido en la conveniencia de que
dicho órgano sea reconocido por la oposición, sugerencia que no sólo los
descalifica como mediadores sino que además condicionaría el cumplimiento de
cualquier eventual acuerdo emanado de la mesa de negociaciones a la voluntad
supuestamente constituyente y soberana de la ANC. Reconocer a dicho órgano, así
sea de modo parcial, significa condicionar desde el principio el cumplimiento
de cualquier eventual acuerdo.
En cuarto lugar, un factor
siempre relevante en los procesos de negociación tiene que ver con el tiempo.
Los demócratas venezolanos, así como los gobiernos extranjeros que respaldan el
retorno de la democracia en Venezuela, han de considerar con cuidado el tema
del tiempo si quieren que las negociaciones conduzcan a buen puerto. De momento,
es al régimen a quien le conviene que los meses vayan pasando en medio de
intrascendentes diálogos que no conducen a acuerdos concretos. Y si bien para
la oposición la necesidad de producir resultados es mayor, dicha premura no se
compara con la que experimenta la población venezolana, para la cual cada día
que pasa representa la prolongación de su agonía. Para un país que está al
borde de la hiperinflación, que no tiene acceso regular a alimentos, que no
cuenta con servicios estables de electricidad, agua, salud y educación, con las
mayores tasas de secuestros y homicidios del mundo entero, con su aparato
productivo paralizado y en el que la tasa de emigrantes se ha disparado en las
últimas semanas, hablar de elecciones presidenciales a finales de 2018 y en
medio de las funciones de una supuesta Asamblea Constituyente resulta
devastador. Este desfase entre los tiempos de la política y los tiempos de la
gente tiene un efecto muy pernicioso sobre la unidad del liderazgo opositor y
en su conexión con la ciudadanía. Entre tanto, el tiempo ganado por el régimen
pudiera ser empleado por éste para consolidar el apoyo de Rusia, China, Irán y
Cuba, apoyo que, no obstante, aún pudiera no ser tan sólido como a veces
parece.
En función de lo anterior,
¿qué posibilidad hay para que en esta ocasión se alcancen acuerdos? Y en caso
de haberlos, ¿cuál podría ser la calidad de los mismos? Durante el reciente
ciclo de protestas lo que los expertos en negociación llaman la “zona de
acuerdo posible” (ZAP) se demostró inexistente. Suele ser así cuando nos
encontramos en presencia de dos bandos en conflicto que esperan poder vencer a
través de la confrontación. No obstante, la ZAP se abre cuando las perspectivas
de uno o dos bandos se modifican, lo cual sólo suele suceder como resultado de
los costos derivados del conflicto y no como fruto de una prístina voluntad de
entendimiento entre las partes. En estos momentos pudiera estarse abriendo una
pequeña zona de acuerdo, la cual, para desgracia de los demócratas, surge sobre
todo como resultado de las concesiones realizadas por la oposición que se ha
sentado a negociar. Mientras el régimen pudiera quizás ceder ¿temporalmente? en
el propósito de eliminar –vía constituyente– las elecciones de primer grado
para intentar evitar, o al menos diferir, mayores sanciones desde el extranjero
(la desmovilización opositora ya la obtuvo), la oposición se ha sentido
obligada a renunciar al objetivo urgente del cambio de régimen y se concentra
en obtener un reconocimiento mínimo que le permita seguir siendo una opción
(maltrecha y disminuida) de cara a futuros eventos electorales.
Es seguro que la estabilidad
relativa que se alcanzaría a través de estas negociaciones (incluso sin llegar
a acuerdos) serviría al régimen a corto plazo, pues le permitiría ganar tiempo
y avanzar en el propósito de dividir a la oposición, mientras que la MUD en
cambio apostaría a que le rinda frutos relevantes a mediano y largo plazo, con
la esperanza de que cualquier ventana electoral, por pequeña e injusta que sea,
le permitirá ocupar espacios y mantener viva la lucha por la democracia. Las
perspectivas, por lo tanto, no son demasiado halagüeñas para los demócratas en
tanto se negocie desde la actual correlación de fuerzas. Las posibilidades de
que el acuerdo negociado verdaderamente permitan avanzar hacia un cambio de
régimen (única medida que podría aliviar las penurias de los venezolanos)
dependerán de que el bando opositor y sus aliados internacionales puedan
desarrollar la capacidad de obligar al régimen que preside Maduro a ceder en
aspectos fundamentales. Hasta ahora, esta capacidad no se ha logrado mantener
en el tiempo.
19-09-17
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