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jueves, 21 de septiembre de 2017

Comentarios sobre las actuales conversaciones en República Dominicana por @PolitikaUCAB


Por Miguel Ángel Martínez Meucci


Sobre los diversos episodios del diálogo entre el régimen preside Maduro y la oposición democrática se ha escrito mucho durante los últimos años. Tanto, que este tema, si no fuera por la importancia crucial que reviste para nuestro país, resultaría muy aburrido a estas alturas. Ahora bien, no perdamos de vista que así son las conversaciones en medio de conflictos prolongados: duras, arduas, a menudo estériles, pero forzadas por las duras circunstancias y por la necesidad de encontrar caminos. Sentarse a hablar con quien es o se comporta como nuestro enemigo es siempre difícil, pero también una tarea recurrente a la hora de canalizar amargas diferencias y disputas. La posibilidad de que tales conversaciones deriven en acuerdos efectivos dependerá de muchos elementos, pero la relación entre los mismos es tan compleja que a menudo el éxito sobreviene cuando menos nos lo imaginamos.

Por eso es necesario  que cada intento o ronda de negociaciones sea examinado con la mente fresca y desde una mínima aspiración a la objetividad o imparcialidad. En ese esfuerzo las experiencias del pasado deben ser cuidadosamente consideradas porque nos permiten entender mejor elementos muy importantes de las negociaciones actuales, pero al mismo tiempo hemos de cuidarnos de que las conclusiones previas nos impidan ver nuevas oportunidades que pudieran surgir de cara al presente y el futuro. La búsqueda del acuerdo en medio del conflicto está marcada por esos factores; requiere al mismo tiempo esperanza, pragmatismo, firme voluntad y creatividad, y para ello es necesario que evitemos quedarnos estancados en ideas fijas.

En función de lo anterior, ¿qué puede decirse con respecto a las nuevas conversaciones que se están estableciendo entre el régimen de Maduro y los representantes de la MUD? En primer lugar hay que referirse al momento en el que (re)surgen. El diálogo ha vuelto a hacerse visible poco después de disolverse la movilización de protesta por parte de la oposición, y apenas a unos días de que la mayoría de sus líderes aceptara competir en elecciones regionales convocadas a destiempo y sin que mediaran cambios en las fraudulentas condiciones demostradas por el actual Consejo Nacional Electoral el pasado 30 de julio. Esta circunstancia ha afectado negativamente la cohesión entre las fuerzas democráticas, así como la conexión entre su liderazgo y la ciudadanía en Venezuela.


¿Implica lo anterior que la oposición llega a este diálogo en una posición de debilidad? Es necesario considerar que, como resultado de ese ciclo de protestas de cuatro meses, la comunidad internacional (o mejor dicho, el consenso predominante entre las naciones democráticas de Occidente) entiende ahora la necesidad de respaldar a la oposición venezolana para que el diálogo pueda ser más equilibrado ante un régimen que goza del monopolio de las armas. De hecho, este nuevo episodio del diálogo parece, en cierta medida, haber sido forzado por una parte de esa comunidad internacional. Si bien la gente se ha desmovilizado en las calles de Venezuela, el apoyo externo es ahora muy claro y favorable a la oposición, al punto de que varias naciones (sobre todo las que conforman la Unión Europea) están dispuestas a sumarse al programa de sanciones a funcionarios venezolanos. No obstante, y a pesar de que este apoyo internacional es tan invaluable como imprescindible para lograr una salida a la crisis venezolana, en lo personal estimo que no será suficiente para impulsar la firma de acuerdos provechosos si los propios venezolanos no logran recuperar mínimos niveles de presión sobre el régimen de Maduro. En tal sentido, en mi opinión sí cabría señalar que la oposición negocia ahora desde una posición de debilidad relativa frente al régimen, y que dicha debilidad conspira contra la posibilidad de que dos bandos totalmente asimétricos puedan alcanzar acuerdos efectivos a favor de la redemocratización del país.

En segundo lugar, otra novedad en los diálogos de este momento radica en que en esta ocasión se percibe un intento mucho más organizado y planificado por establecer las condiciones básicas necesarias para que estas conversaciones efectivamente deriven en negociaciones y acuerdos. Por ejemplo, no sólo se habla formalmente de establecer una sede de las conversaciones en un territorio “neutral” (en este caso la República Dominicana), sino que además la fase de prenegociación (en la cual habría de establecerse una agenda de temas para la negociación, reglas del juego apropiadas, unos interlocutores bien definidos y una mediación o facilitación explícita, así como un conjunto de países amigos y de garantías) parece estarse llevando con suficiente premeditación y paciencia. De lo anterior es factible concluir que existe un mayor acompañamiento por parte de expertos en temas de negociación y que hay también acuerdos internacionales orientados a respaldar conjuntamente este proceso.

Sin embargo, por lo visto hasta ahora, este diseño aún adolece de insuficiencias evidentes. La más importante es que el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (con el apoyo recurrente de Leonel Fernández), continúe siendo la figura que se hace cargo de forma casi exclusiva de las labores de facilitación/mediación. Lamentablemente, Zapatero no reúne las condiciones de imparcialidad y confiabilidad que amerita el rol que viene desempeñando, dados los profundos vínculos e intereses compartidos durante años con el chavismo. Algo parecido podría señalarse con respecto a Leonel Fernández. Considérese, además, el hecho de que las islas del Caribe se encuentran fuertemente presionadas por el régimen venezolano y se terminará de comprender la poca imparcialidad y autonomía que caracterizan a estas instancias mediadoras. La propia República Dominicana no olvida que hace años vio cortados sus suministros petroleros provenientes de Venezuela cuando su gobierno de turno se negó a extraditar a Carlos Andrés Pérez, sufriendo así una grave crisis energética. Estos obstáculos no son insalvables, pero requieren ser solventados si se quiere contar con un mecanismo de facilitación y garantías verdaderamente funcional.

En tercer lugar, hay un elemento del contexto político actual que altera o condiciona todo posible resultado de las negociaciones. El régimen de Maduro ha implantado fraudulentamente una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que además se ha erigido como un órgano de gobierno supra (en realidad anti)constitucional, y de hecho considera que su reconocimiento es conditio sine qua non para alcanzar acuerdos de la mesa de negociación. El órgano, así como el mecanismo para implantarlo, es tan fraudulento, ilegal y antidemocrático que las grandes potencias democráticas de Occidente abiertamente han decidido no reconocerlo. Esto, en principio, ha de ser interpretado como un espaldarazo a los demócratas venezolanos en su lucha contra la dictadura. No obstante, los expresidentes Zapatero y Fernández han insistido en la conveniencia de que dicho órgano sea reconocido por la oposición, sugerencia que no sólo los descalifica como mediadores sino que además condicionaría el cumplimiento de cualquier eventual acuerdo emanado de la mesa de negociaciones a la voluntad supuestamente constituyente y soberana de la ANC. Reconocer a dicho órgano, así sea de modo parcial, significa condicionar desde el principio el cumplimiento de cualquier eventual acuerdo.

En cuarto lugar, un factor siempre relevante en los procesos de negociación tiene que ver con el tiempo. Los demócratas venezolanos, así como los gobiernos extranjeros que respaldan el retorno de la democracia en Venezuela, han de considerar con cuidado el tema del tiempo si quieren que las negociaciones conduzcan a buen puerto. De momento, es al régimen a quien le conviene que los meses vayan pasando en medio de intrascendentes diálogos que no conducen a acuerdos concretos. Y si bien para la oposición la necesidad de producir resultados es mayor, dicha premura no se compara con la que experimenta la población venezolana, para la cual cada día que pasa representa la prolongación de su agonía. Para un país que está al borde de la hiperinflación, que no tiene acceso regular a alimentos, que no cuenta con servicios estables de electricidad, agua, salud y educación, con las mayores tasas de secuestros y homicidios del mundo entero, con su aparato productivo paralizado y en el que la tasa de emigrantes se ha disparado en las últimas semanas, hablar de elecciones presidenciales a finales de 2018 y en medio de las funciones de una supuesta Asamblea Constituyente resulta devastador. Este desfase entre los tiempos de la política y los tiempos de la gente tiene un efecto muy pernicioso sobre la unidad del liderazgo opositor y en su conexión con la ciudadanía. Entre tanto, el tiempo ganado por el régimen pudiera ser empleado por éste para consolidar el apoyo de Rusia, China, Irán y Cuba, apoyo que, no obstante, aún pudiera no ser tan sólido como a veces parece.

En función de lo anterior, ¿qué posibilidad hay para que en esta ocasión se alcancen acuerdos? Y en caso de haberlos, ¿cuál podría ser la calidad de los mismos? Durante el reciente ciclo de protestas lo que los expertos en negociación llaman la “zona de acuerdo posible” (ZAP) se demostró inexistente. Suele ser así cuando nos encontramos en presencia de dos bandos en conflicto que esperan poder vencer a través de la confrontación. No obstante, la ZAP se abre cuando las perspectivas de uno o dos bandos se modifican, lo cual sólo suele suceder como resultado de los costos derivados del conflicto y no como fruto de una prístina voluntad de entendimiento entre las partes. En estos momentos pudiera estarse abriendo una pequeña zona de acuerdo, la cual, para desgracia de los demócratas, surge sobre todo como resultado de las concesiones realizadas por la oposición que se ha sentado a negociar. Mientras el régimen pudiera quizás ceder ¿temporalmente? en el propósito de eliminar –vía constituyente– las elecciones de primer grado para intentar evitar, o al menos diferir, mayores sanciones desde el extranjero (la desmovilización opositora ya la obtuvo), la oposición se ha sentido obligada a renunciar al objetivo urgente del cambio de régimen y se concentra en obtener un reconocimiento mínimo que le permita seguir siendo una opción (maltrecha y disminuida) de cara a futuros eventos electorales.

Es seguro que la estabilidad relativa que se alcanzaría a través de estas negociaciones (incluso sin llegar a acuerdos) serviría al régimen a corto plazo, pues le permitiría ganar tiempo y avanzar en el propósito de dividir a la oposición, mientras que la MUD en cambio apostaría a que le rinda frutos relevantes a mediano y largo plazo, con la esperanza de que cualquier ventana electoral, por pequeña e injusta que sea, le permitirá ocupar espacios y mantener viva la lucha por la democracia. Las perspectivas, por lo tanto, no son demasiado halagüeñas para los demócratas en tanto se negocie desde la actual correlación de fuerzas. Las posibilidades de que el acuerdo negociado verdaderamente permitan avanzar hacia un cambio de régimen (única medida que podría aliviar las penurias de los venezolanos) dependerán de que el bando opositor y sus aliados internacionales puedan desarrollar la capacidad de obligar al régimen que preside Maduro a ceder en aspectos fundamentales. Hasta ahora, esta capacidad no se ha logrado mantener en el tiempo.

19-09-17




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