Por Ramón Escovar León
Para que una Asamblea
Constituyente sea reconocida como tal debe ser producto de una consulta
popular. Sobre este aspecto hay una opinión dominante en la doctrina venezolana
y extranjera, de hoy y de siempre. Siguiendo las recomendaciones de Vladimir
Ilich Lenin, la Constituyente “elegida” el pasado 30 de julio no “es expresión
exacta de la voluntad del pueblo”, como expliqué en Prodavinci en mi artículo del 1 de agosto pasado.
La Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) es el talón de Aquiles de la revolución populista. No fue
producto de la consulta al pueblo y se pretende imponer bajo la amenaza de las
bayonetas. Nace, así, herida y su origen está afectado de nulidad absoluta y,
por tanto, no puede ser convalidada por nadie. Padece de legitimidad de origen.
Por esta razón las democracias occidentales de mayor peso no la reconocen.
La prensa nacional e
internacional señala que los voceros del gobierno en la mesa de diálogo exigen
que la oposición reconozca la constituyente. Esto no debe sorprender porque a
través de ella se ha pretendido consolidar la dictadura del PSUV y fulminar el
único poder asambleísta que existe: la Asamblea Nacional. Pero esto no es
posible ya que nadie puede convalidar un acto que nació nulo. Así, por vía de
consecuencia, no se pueden ratificar los actos dictados por la ANC. Atrapado
como está, el gobierno pretende que la oposición reconozca lo que no puede
reconocer jurídicamente. Se trata de una exigencia mediante la cual se
manipularían las posibilidades de negociar una salida política a la enorme
crisis causada por el fracasado “socialismo del siglo XXI”.
En el supuesto de que la
ANC hubiese sido aprobada por el pueblo, la misma estaría limitada solo
a“transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución”, tal como lo señala el artículo 347 del Texto Fundamental.
No puede ir más allá de estos tres objetivos. Por esta razón, es nula tanto la
destitución de la Fiscal General como el nombramiento de uno nuevo. De hecho,
lo que está sucediendo en el escenario internacional es que cada país ha venido
desconociendo la ANC mientras reconocen como Fiscal a Luisa Ortega Díaz y la
reciben en esa condición. Al Fiscal designado por la ANC no lo reconocen,
lo que crea un serio problema con la validez internacional de sus actos, dada
su ilegitimidad de origen.
Tampoco puede tener la
Constituyente una duración de dos años, y mucho menos cuando durante ese
período están previstas unas elecciones porque se corre el riesgo de que usurpe
las facultades del CNE. Los actos de la ANC no tienen, entonces, ningún
valor jurídico ni político. Y esto pone al gobierno en una situación difícil,
la cual busca solventar con el diálogo que se anuncia. El respaldo del gobierno
a esta nueva versión del guion del diálogo tiene la intención de lograr que la
comunidad internacional reconozca su ANC, y con ello legitimar sus actos
autoritarios.
Tal vez el cuadro anterior es
lo que ha llevado al expresidente español Felipe González a decir que el
diálogo: “Desgraciadamente no irá a ninguna parte, porque no tiene ni agenda ni
objetivos”. Pese a la opinión del destacado político sevillano, sabemos que el
diálogo es un instrumento que bien utilizado puede permitir a la oposición
lograr claros objetivos: la liberación de los presos políticos; la revocación
de las inhabilitaciones; fijación de un calendario electoral con elecciones
presidenciales para el año 2018; el reconocimiento de las facultades de la
Asamblea Nacional y la aceptación de la ayuda humanitaria internacional. Lo que
sí queda claro es que debe establecerse un plazo para evitar el eterno juego de
la dictadura: ganar tiempo.
Asimismo, el hecho de que el
gobierno participe en esta jornada exploratoria es una señal que indica cuán
presionado está. El madurismo puede seguir siendo una opción política en el
futuro, pero para ello debe ajustarse a las reglas de la democracia y respetar
tanto los plazos constitucionales para efectuar elecciones como sus resultados.
La experiencia enseña que todas las partes de un conflicto tarde o temprano
negocian. En el caso venezolano esa negociación debe realizarse de inmediato.
En el proceso de diálogo que
se anuncia deben incluirse, además de los objetivos señalados, las reformas del
Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la
disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros temas. Todo esto
debe cumplirse en un lapso perentorio.
En relación con el Poder
Electoral, José Ortega y Gasset afirmó en La rebelión de las masas: “La
salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de
un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es
secundario”. Roma sigue Ortega- era una potencia al inicio del siglo I antes de
Cristo, pero “está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen
electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”.La
reflexión del pensador español tiene vigencia en el caso venezolano, porque el
CNEno ofrece confianza a nadie, pues en lugar de facilitar la libre
manifestación popular, burló la posibilidad de realizar el constitucional
referendo revocatorio en 2016 y permitió la “elección” de una constituyente sin
consulta previa al pueblo, lo que muestra abiertamente el talante autoritario
del gobierno. Y ello porque el revocatorio auguraba una estocada al modelodel
“socialismo del siglo XXI”, fracasado sin equívocos.
También la modificación del
TSJ debe formar parte de la agenda del diálogo, pues este se ha convertido en
un obstáculo para los valores de la democracia. No es una institución
independiente para administrar justicia y controlar el poder sino para
apuntalarlo. Esto se evidencia a través del elenco de decisiones dictadas a
partir de las sentencias números 155 y 156 de marzo de este año. A través de las
cuales, y ante el asombro de la comunidad internacional, se le arrebató las
facultades a la AN.
No puede entonces un tribunal
con este origen atribuirse todo tipo de potestades, hasta las dictatoriales,
bajo una pretendida tutela constitucional, e invalidar los actos dictados por
un cuerpo que ha sido elegido por el pueblo en un proceso electoral. El trabajo
iniciado por el TSJ con estas decisiones, pretende ser completado por la ANC
y despojar definitivamente a la AN de todas sus atribuciones y dejarla como
una cascaron vacío.
Un Tribunal Supremo puede
convertirse en un instrumento para el cambio social o en un obstáculo para la
paz y la democracia. En el primer caso, puede impulsar el cambio interpretando
rectamente la Constitución. Ejemplo de ello son los Tribunales Constitucionales
de Colombia y España que se han convertido en referencias confiables para
resolver disputas de interpretación constitucional. En otros casos, un Tribunal
Supremo puede comportarse como instrumento para convalidar situaciones autoritarias
y antidemocráticas, como ocurreen Venezuela.
La Sala Constitucional se
inmiscuye constantemente en asuntos políticos de naturaleza no justiciable
(political questions). Por ejemplo, la elección de magistrados ocurrida en
julio de este año, lo cual por ser una cuestión política, no es justiciable y,
por tanto, no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo de Justicia.
Mucho menos puede abrir juicios penales a los magistrados designados por la
instancia facultada constitucionalmente para ello, que no es otra que la
Asamblea Nacional.
Lo vivido por los venezolanos
demuestra que Lenin tenía razón cuando afirmó que una constituyente no podía
ser “expresión exacta de la voluntad del pueblo”. Por eso, los demócratas deben
incluir en la agenda del diálogo la disolución de la Asamblea Nacional
Constituyente. Así se dará el primer paso en el proceso de recuperar la
libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
19-09-17
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