Trino Márquez 20 de septiembre de 2017
@trinomarquezc
La
ronda de negociaciones entre el régimen presidido por Nicolás Maduro y la Mesa
de la Unidad Democrática iniciada en República Dominicana, cuyo gobierno es
intimo amigo de Miraflores, se desarrollará en el marco del mayor deterioro
económico y social que haya conocido el país y la mayor presión internacional
que se haya desatado contra gobierno venezolano alguno. Ni siquiera Hugo Chávez
fue tan hostigado cuando, a partir de 2007, inaugura el socialismo del siglo XXI
con expropiaciones y confiscaciones, acompañado de inhabilitaciones (Leopoldo
López fue la primera víctima importante) y amenazas a quienes se opusieran a su
modelo totalitario.
La
cena en Washington en la que participaron Donald Trump, Juan Manuel Santos y
Pedro Pablo Kuczynki, se inserta en esa atmósfera de alarma e intenciones de la
comunidad internacional de actuar con mayor decisión para impedir que Venezuela
termine convertida en una réplica del modelo cubano. Ya la nación es vista como
una seria amenaza internacional: las acusaciones de narcotráfico (las recientes
declaraciones del Vicepresidente colombiano fueron lapidarias), la violación
sistemática de los derechos humanos, la crisis humanitaria y la fuga masiva y
continua de venezolanos hacia otros países de la región, son algunos de
problemas graves que son observados con preocupación porque afectan de modo
directo la gobernabilidad de la zona.
La
situación de soledad, aislamiento y desprestigio internacional en la que se
encuentra Maduro, debe ser considerada por los negociadores de la MUD. Las
denuncias lideradas por Luis Almagro en la OEA y las sanciones impuestas por el
gobierno norteamericano están surtiendo los efectos esperados. El gobierno no
logra recomponer sus finanzas. El cuadro de Pdvsa es tan crítico que hasta
Rafael Ramírez, principal responsable del deterioro de la industria petrolera
ha formulado críticas severas al manejo de la empresa. El dólar paralelo
continúa su viaje meteórico hacia las nubes, arrastrando consigo a toda la economía.
A los castigos ya infringidos por los norteamericanos, podrían sumarse las
nueva sanciones que eventualmente tomarían la Unión Europea y los países más
importantes de América Latina.
Las
condiciones en las que el gobierno llega a República Dominicana son muy
distintas a las prevalecientes en noviembre del año 2016, cuando se realizó e
ciclo anterior. Ahora no es el momento de la arrogancia y el desparpajo por
parte del mandatario y su equipo, sino de la búsqueda genuina de una salida a
una crisis que no hayan como resolver y que se agudiza a ritmos acelerados.
Nicolás
Maduro aspira lograr la cuadratura del círculo. Pretende salir del aislamiento
en el que se encuentra y reducir en algunas atmósferas la presión
internacional, darle algo de prestancia a la asamblea constituyente, aquelarre
que no logra convencer a nadie ni dentro ni fuera del país, ganar tiempo para
ver si logra capear el temporal que se desató con sus continuos abusos a los
derechos humanos y el volumen creciente de presos políticos hacinados en las
cárceles venezolanas, y espera un milagro económico que dispare los precios del
crudo hasta las nubes para atenuar la crítica situación de las finanzas
públicas.
Dentro
de los límites del sistema democrático, el diálogo nunca puede proscribirse.
Forma parte de la esencia de la política. Con el diálogo las fuerzas opuestas
encuentran los espacios para evitar la confrontación destructiva. El quid de la
situación actual reside en que todos los problemas que suscitan el diálogo han
sido creados por el gobierno. La oposición lo único que ha hecho es denunciar,
como toda fuerza contrincante debe hacer, esas falencias con el ánimo de
demostrar que quienes ejercen la jefatura de la nación no están preparados para
dirigir, son ineptos y, peor aún, corruptos. El gobierno, por su parte, quiere
perpetuarse en el poder exclusivamente a partir de su control sobre las Fuerzas
Armadas, los tribunales y, desde hace algunos meses, de esa entelequia que es
la asamblea constituyente.
Para
empotrar en un cepo al diálogo, Maduro ha dicho que exige el reconocimiento,
por parte de la MUD, de la asamblea constituyente. Primer gran escollo. La
constituyente es fraudulenta e írrita. En el plebiscito del 16 de julio, más de
siete millones y medio de personas votaron a favor de que no se aceptara la
legalidad de ese cuerpo, ni se acataran sus decisiones. El gobierno, con su
demanda, busca colocar a la MUD en contra de sus bases naturales, constituidas
por esos millones de venezolanos que dentro y fuera de la nación expresaron su
rotundo rechazo a ese organismo. Amparada en la consulta de julio, la comunidad
internacional se solidarizó con los demócratas venezolanos, desconociendo la
legalidad de la constituyente. Aceptar ahora la legalidad de la constituyente
puede convertirse en un boomerang para la MUD. Resulta muy difícil explicar y
entender que lo que hace apenas unos meses se consideraba un fraude a la
Constitución del 99, hoy se le expida certificado de autenticidad.
Maduro
exige que se admita a la constituyente como órgano legítimo del ordenamiento
jurídico porque requiere con urgencia algún organismo oficial que avale los
créditos internacionales que necesita contraer el Estado a nombre de la
República. Esa certificación se la daría la constituyente avalada por la MUD.
Maduro exige las joyas de la Corona. A cambio es muy poco lo que ofrece, como
si fuese la oposición la única o la más interesada en que las negociaciones
prosperen. Ni siquiera admite liberar los presos políticos. De manera cínica
evita referirse a las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría,
un órgano administrativo. Aparenta una fuerza que no posee.
Entablar
el diálogo le conviene al país. Pero, quien se encuentra acorralado es el
gobierno. No está en capacidad de imponer condiciones inaceptables. Esta
debilidad debe aprovecharla la MUD para obtener los mayores beneficios para la
democracia y la gente.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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