Por Roberto Patiño
La semana pasada, Gilbert Caro
inició una huelga de hambre e incluso advirtió que tomaría medidas más extremas
como coserse los labios. Un acto de protesta por su detención y reclusión
ilegal desde enero de este año, en la que, además, ha sido juzgado por un
tribunal militar en contraposición a las normas jurídicas más elementales. Su
caso es representativo de los más de seiscientos venezolanos privados de
libertad por razones políticas a quienes se les han vulnerado no sólo sus
derechos legales sino también humanos, de manera no vista en nuestro país en
décadas.
Situaciones de secuestro como
la desaparición durante 20 días de Raúl Baduel o de irregularidad como el
incumplimiento de órdenes judiciales de excarcelación de Yon Goicochea, hasta
las situaciones de problemas de salud ignoradas por las autoridades como los
casos del general Vivas, Carlos Graffe o los estudiantes de la UPEL recluidos
en El Dorado y enfermos de paludismo, demuestran esta línea represiva del
régimen.
Más de 600 personas sometidas
a procesos de comprobada irregularidad y violatorios de los derechos humanos.
Estos venezolanos, y las
vejaciones a las que son sometidos, son el reflejo de la forma de gobierno que
ejerce el régimen actual, que priva de derechos a sus ciudadanos, o los
condiciona de forma discrecional, para someter y oprimir a la población.
De manera hipócrita y
engañosa, el régimen utiliza instituciones del Estado como la Fiscalía y la
Defensoría del Pueblo, o crea instancias fraudulentas como la llamada Comisión
de la Verdad, para manipular los hechos, impedir el cumplimiento de la justicia
y burlarse incluso de la opinión pública. Al respecto recordemos a Tarek William
Saab, luego de ser nombrado ilegalmente por la fraudulenta Asamblea
Constituyente como fiscal general, anunciando que llevaría a cabo denuncias por
“crímenes ecológicos” en relación a los sucesos ocurridos durante las protestas
multitudinarias entre abril y agosto, ignorando a los asesinados por fuerzas
policiales y militares.
Esta política violatoria de
derechos se manifiesta en todas las áreas de la vida nacional. La franca
extorsión con fines proselitistas y sectarios en la entrega de alimentos en los
comités CLAP y la adjudicación de inmuebles por misiones de vivienda. Las
medidas como la regulación del suministro de efectivo por cajeros o las de
control cambiario. La retención de pasaportes y la censura de medios. Las
gravísimas transgresiones en operativos como las OLP o la falta de
transparencia en cárceles y retenes como lo visto en los hechos de Puerto
Ayacucho. Los problemas de falta de insumos y del deterioro de los sistemas de
salud.
Estas situaciones no son
únicamente producto de una crisis general o de un gobierno ineficiente, sino
que hablan de un régimen que para mantenerse en el poder mantiene reprimida a
la gran mayoría de la población, deteriorando de manera profunda las
condiciones de vida del país. Todas estas situaciones son ataques directos a
los derechos humanos (como alimentación, vivienda, seguridad, a la vida, etc.),
que no sólo están contemplados en nuestra Constitución sino que son universales
y reconocidos en el mundo.
Estos derechos constituyen la
base de las sociedades y son fundamentales para su funcionamiento,
condicionando las relaciones entre los grupos e individuos que las conforman.
No pueden ser utilizados por el gobierno de turno, ignorados o manipulados por
particulares para su beneficio, sacrificando las necesidades del bien común.
Las violaciones a estos derechos no pueden ser “normalizadas” por el régimen
sin tomar en cuentas las terribles consecuencias sobre la vida de las personas.
Y esto es lo que el actual “gobierno”, encabezado por Nicolás Maduro, está
haciendo.
A nivel internacional esta
grave situación de ilegalidad y violación de derechos humanos de todo un país,
ha sido reconocida por instituciones como la ONU y la OEA y organizaciones como
Amnistía Internacional y HRW. El régimen ya ha sido desenmascarado y sus
desmanes no pueden ocultarse bajo fachadas de falsa causa social o diatriba
ideológica. Pero para los venezolanos se mantiene la dura realidad de vivir
bajo un Estado malandro y antidemocrático, que pone en peligro nuestras vidas y
condiciona negativamente nuestro futuro. En este dificilísimo contexto debemos
continuar denunciando y registrando esta situación.
A través de la solidaridad y
la convivencia podemos organizarnos frente a los problemas y participar, en la
medida de nuestras posibilidades, en iniciativas para enfrentarlos. Y buscar,
desde lo individual y lo colectivo, formas de defender esos derechos que han
sido agredidos y secuestrados por el actual Estado.
19-09-17
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