Por Michael Penfold
El país está atascado en la
parte más baja de un atolladero. La manera en la que salgamos de esta trampa histórica,
si es que escapamos, va a determinar el tipo de sociedad en la que viviremos en
un futuro próximo. El lugar en el que nos encontramos en estos momentos es
totalmente inhóspito. Es una comarca que carece de las condiciones mínimas para
ser habitado por los simpatizantes del gobierno y mucho menos por la oposición
y el resto de los venezolanos. Quedarse en este punto muerto es prohibitivo
para todos.
El gobierno ineludiblemente
tratará en los próximos meses de consolidar un proyecto autoritario a través de
la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello a pesar de que la población, la
oposición y el mundo no reconocen a la Constituyente como legítima. Ante esta
falta de legalidad, el gobierno acude, por la vía de los hechos, a la
negociación bajo la mediación internacional en busca de su reconocimiento
formal. En contraposición, la oposición se debate estérilmente entre una salida
electoral sin condiciones y resucitar la calle, sabiendo que si las protestas
son activadas serán reprimidas salvajemente. Esta realidad política los obliga,
ante la ausencia de un árbitro electoral creíble, a gravitar hacia la
negociación para que sea la comunidad internacional la que garantice, por medio
de presiones cada vez más grandes, unos comicios regionales y presidenciales
medianamente competitivos que apunten hacia una posible transición. Mientras
tanto, el país se aísla, fallece.
Tres preguntas alrededor de
tres temas cruciales determinarán la modalidad que nos permita salir de la
actual coyuntura histórica. El primer tema tiene que ver con la restricción
financiera internacional que enfrenta el país. A pesar de un conjunto de
políticas económicas ineficientes y corruptas, que condenaron a Venezuela a
experimentar innecesariamente la contracción económica más importante de su
historia, tanto el gobierno como Pdvsa continúan cumpliendo con sus elevados
compromisos externos. Pero más allá de su voluntad de pago es evidente que esta
estrategia tiene sus limitaciones. La caída tan rápida de la producción
petrolera, la liquidación de la mayor parte de los activos financieros
disponibles, las limitaciones legales para vender activos reales tanto
petroleros como no petroleros sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional
y la aparición de sanciones por parte de los Estados Unidos que le impedirían a
la actual administración entrar en un proceso de reestructuración o de
refinanciamiento de su deuda, se han convertido en restricciones reales que
hacen pensar que es cuestión de meses antes de que Venezuela se vea obligada a
dejar de pagar sus compromisos externos. Los costos sociales de mantener el
modelo actual de controles son cada vez más altos. La irresponsabilidad del
gobierno en el manejo de la política económica hace inevitable que el país
enfrente en el futuro inmediato algún tipo de reestructuración de su deuda.
La pregunta más importante es
si ese proceso va a ser ordenado o más bien caótico. ¿La cesación de pagos
ocurrirá bajo la administración de Maduro de una forma desordenada? ¿O durante
un gobierno diferente en el marco de un programa de estabilización económica?
Las características comerciales y petroleras de Venezuela, así como la
estructuración legal de los bonos que se cotizan en los mercados de capitales
internacionales, podrían hacer que un default dispare una serie de
conflictos legales por parte de los tenedores de estos papeles, que pueden
llegar a vulnerar los activos y los flujos de ingresos tanto del gobierno como
de Pdvsa. El impacto de este nuevo conflicto sería desestabilizante no solo
para el actual régimen sino también para un potencial gobierno de transición.
Desde una perspectiva estrictamente legal, este proceso será tremendamente
engorroso y por lo tanto riesgoso, no solo financiera y económicamente sino
también políticamente. Por si fuera poco, la existencia de cláusulas cruzadas
con el financiamiento bilateral que Venezuela recibe de China obligaría al país
asiático, si se diera una cesación de pagos, a acelerar el cierre de una de las
pocas líneas de crédito que el país mantiene abierta.
Ante un evento crediticio de
esta naturaleza hace una diferencia si Venezuela entra en default en
el marco de una transición política, así como de un cambio creíble de política
económica, que modifique a su vez el manejo de la industria petrolera. También
es fundamental saber si el país hace el default con el apoyo de los
organismos multilaterales y buscando un acuerdo rápido y transparente con el
mercado. En cambio, si el default ocurre en el marco de un gobierno
sujeto a sanciones internacionales que decidió irresponsablemente terminar de
aislar económicamente a la población, o incluso bajo un gobierno de transición
políticamente débil que realice cesaciones de pagos selectivos sobre
ciertos tipos de bonos, aumentaría la incertidumbre política como consecuencia
del conflicto legal que pudiese activarse con los tenedores de bonos, en
especial con los fondos buitres. Los mayores gurús de las reestructuraciones de
deuda a nivel mundial, Lee Buchheit y Mitu Gulati, afirman sin tapujos que la
crisis de la deuda venezolana si no es bien gestionada financiera, política y
legalmente pudiese llegar a ser comparable con la crisis de la deuda mexicana
durante la década de los ochenta e incluso mucho más compleja que la que vivió
Argentina a comienzos del milenio.
El segundo conjunto de
preguntas gira alrededor del tema de las sanciones internacionales. ¿Pueden
seguir escalando? Es indudable que las sanciones pueden perfectamente continuar
aumentando en la medida en que la comunidad internacional perciba que el
gobierno profundiza la senda autoritaria que decidió transitar con la
instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la disolución fáctica de la
Asamblea Nacional y la delicada situación en materia de derechos humanos que
enfrentan los presos políticos.
También es evidente que el
gobierno venezolano aceptó participar en el proceso de negociación que se
intenta llevar a cabo en República Dominicana, en parte, aunque no
exclusivamente, como una táctica dilatoria para evitar un escalamiento mayor de
las sanciones. Uno de los objetivos del gobierno con la negociación es disuadir
a la Casa Blanca de activar otra serie de medidas económicas que terminen de
afectar negativamente el funcionamiento comercial de la industria petrolera. En
una primera etapa, pareciera que estas sanciones estarán cada vez mejor
coordinadas con Europa, Canadá y América Latina. Probablemente su escalamiento
esté centrado exclusivamente en medidas individuales más que económicas. En una
segunda etapa, en caso que la negociación en Dominicana no avance en la
dirección correcta, que sería la de garantizar procesos electorales confiables
y competitivos, Estados Unidos procederá a introducir nuevas medidas económicas
y financieras.
La fecha límite para evaluar
esa situación será a comienzos del segundo trimestre de 2018. El gobierno
entiende que el efecto marginal de cualquier sanción económica adicional sobre
Venezuela será devastador ante su propia debilidad financiera. Estas medidas lo
obligarían a cesar los pagos de deuda y lo llevarían a asumir el costo
político, económico y social de una crisis externa aún más severa. Para el
gobierno de Maduro ya es evidente que las restricciones externas tanto
políticas como financieras son reales. Una nueva ronda de sanciones económicas
podrían convertirse a su vez en una perfecta excusa para suspender o posponer
hasta abril de 2019 los comicios presidenciales.
El tercer grupo de preguntas
están vinculadas con las características del ciclo electoral. ¿Qué tan
competitivas o no van a ser las elecciones para gobernadores, alcaldes y
Presidente? Las condiciones electorales técnicas (software, mesas y
totalización) se han deteriorado dramáticamente y aun así la oposición aceptó
participar en condiciones mucho más desventajosas que las que ha enfrentado en
el pasado. Los principales candidatos presidenciales de la oposición también
han sido inhabilitados. De modo que unas elecciones medianamente competitivas
dependen casi de forma exclusiva de la presión internacional y del mismo
proceso de negociación para poder resolver, o por lo menos aminorar, ambos
problemas.
El chavismo, por su parte,
también enfrentará algunos dilemas. El principal de estos es si Nicolás Maduro
aspirará o no a la reelección. Esta decisión es quizás la más importante. En
caso que decida optar por la reelección, es improbable que la comunidad
internacional termine reconociendo un supuesto triunfo electoral
oficialista ‒pues difícilmente Maduro podría ganar unas elecciones que
sean competitivas en un ambiente hiperinflacionario‒ y también es poco
probable suponer que las sanciones serán retiradas una vez que se mantenga en
la presidencia, pues las mismas parecieran estar centradas exclusivamente en su
permanencia en el poder.
Una reelección de Maduro
implica tanto para el chavismo como para el resto del país una profundización
segura de la crisis. Esta es una realidad que debe preocupar a toda la base de
apoyo político que lo sostiene. En este sentido, Maduro enfrenta el mismo
dilema de Boris Yeltsin en Rusia a finales de los noventa, quien ante su baja
popularidad y su exigua viabilidad política tuvo que fabricar, a través de su
control sobre el aparato estatal, un candidato alternativo como lo fue Vladimir
Putin, quien fue elevado mediáticamente desde el más absoluto anonimato a la
presidencia. En el caso venezolano, resolver este dilema es mucho más difícil,
pues un candidato chavista alternativo va a tener que luchar contra el pasivo
de una pésima gestión y un ambiente hiperinflacionario.
Si el chavismo decide optar
por una candidatura alternativa, igualmente tendrá que decidir si tolerará
elecciones competitivas. El chavismo quizás apueste a que estos comicios sean
significativamente menos competitivos para poder garantizar el triunfo de un
“delfín” o de una “transición controlada”. La comunidad internacional tendrá
que evaluar si acepta o no la validez legal de estos comicios. También deberá
valorar si acepta el retiro de las sanciones en caso que haya un cambio de
política económica y una mayor liberalización política. En este escenario, la
comunidad internacional podría estar modificando su deseo de “cambio de
sistema” (regime change) por un “cambio de comportamiento” (regime behavior).
La posibilidad de que el país alcance unas elecciones verdaderamente
competitivas, en el contexto de un chavismo que decidió entrar nuevamente en
etapa de “sucesión”, va a depender exclusivamente sobre qué tan integral sea el
compromiso de la comunidad internacional con la restauración de la democracia
venezolana.
Las respuestas a todas estas
interrogantes son totalmente inciertas pero serán verdaderamente determinantes
en el devenir de los acontecimientos del país. ¿Cuándo ocurre el default?
¿Cómo escalan las sanciones? ¿Aspira el oficialismo a la reelección o prefiere
más bien la sucesión? Se aceptan apuestas.
29-09-17
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