Por Ramón Antonio Pérez
El padre Raúl Herrera comparó
la reciente muerte del concejal Carlos Andrés García con la de Franklin Brito,
quien falleció como consecuencia de las huelgas de hambre contra el régimen
socialista
“El Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), es uno de los cuerpos de seguridad del Estado
Venezolano, encargado de detener a los dirigentes políticos. Se los llevan en
buenas condiciones físicas, pero los empiezan a torturar de forma mental y
física hasta deteriorar su buena salud. Luego, para que no los vayan a culpar
(al Estado) le dictan la medida cautelar de casa por cárcel, pero nunca se
llega a concretar”.
Así de dura fue la denuncia
del sacerdote jesuita, Raúl Herrera, director del centro para la paz y los
derechos humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), y responsable de la Parroquia Universitaria “Epifanía del
Señor”.
En conversación para Aleteia,
el religioso comparó en iguales términos de crueldad la reciente muerte del
concejal Carlos Andrés García, con la del productor agropecuario Franklin
Brito, ocurrida el 30 de agosto de 2010.
“Hace unos días se cumplieron
siete varios años de la muerte de Franklin Brito, -un productor agropecuario
que pasó cuatro meses en huelga de hambre- a quién el gobierno de Hugo Chávez
le expropió sus tierras situadas en el estado Bolívar y no atendió su
protesta”, recordó acerca de aquél episodio que conmocionó a Venezuela y el
mundo.
El padre Herrera enfatizó que
el Estado viola sistemáticamente y reiteradamente los derechos humanos de los
venezolanos y de los presos políticos. “No puede ser que la Fiscalía dicte una
orden de excarcelación, medida cautelar o sustitutiva y el Sebin no acate la
solicitud”, dijo durante la conversación.
Afirmó que el Estado mantuvo
al concejal García bajo su custodia, por lo cual fue su responsabilidad lo que
le ocurrió. “No se le brindó asistencia médica adecuada, fue desatendido y le
fueron violados sus derechos”, indicó.
En ese sentido, dirigió sus
críticas también para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha negado
cualquier posibilidad de autopsia al concejal apureño fallecido, para
determinar las causas de su deceso. “Es muy grave que el máximo tribunal del
país avale una mentira, y se le niegue al fallecido concejal García practicarle
una autopsia forense. Las violaciones de los derechos humanos no prescriben”,
añadió.
Comentó que el Gobierno de
Nicolás Maduro persiste en el ataque sistemático contra sus oponentes en
aspectos como “la tortura, el dolor o sufrimientos graves físicos o mentales, a
una persona que se tenga bajo custodia o control”.
También dijo que el Gobierno
usa “la persecución, la privación intencional y grave de derechos”, en contra
de la disidencia política y otros ciudadanos.
Son crímenes de lesa humanidad
El sacerdote y activista de
los derechos humanos manifestó que “la desaparición forzada de personas traducida
a la aprehensión, detención, encarcelamiento, hostigamiento o secuestro,
seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o de negar
información sobre el paradero de esas personas, son crímenes de lesa humanidad,
según el protocolo de Estambul y los estatutos de Roma”.
Finalmente, el padre Raúl
Herrera manifestó que, para los ciudadanos venezolanos, quedan dos cosas por
hacer. “La primera, mantenerse dentro de la Constitución, y la segundo,
participar en las elecciones porque somos demócratas y la lucha debe seguir
dentro de la ruta electoral, sin olvidar que la justicia siempre llega, esas
muertes en las protestas no quedarán impune”.
Fuente:
https://es.aleteia.org/2017/09/22/venezuela-la-dura-denuncia-de-un-jesuita-sobre-la-violacion-de-los-ddhh/
25-09-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico