Pedro Benítez 20 de diciembre de 2019
@PedroBenitezF
La
medición de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela que debía
ocurrir el próximo 5 de enero se adelantó el pasado martes 17 de diciembre. El
PSUV lo interpreta como lo que fue, una celada. Juan Guaidó adelantó una
votación para impedirle al oficialismo armar su propia emboscada. Modificar el
reglamento interno de la AN sólo fue el pretexto. Con eso ganó el primer round
de una pelea donde se juega el liderazgo de la oposición venezolana.
Juan Guaidó se
adelantó al 5 de enero de 2020. Esa es la fecha que establece la Constitución
para renovar la directiva del Parlamento venezolano. Se suponía que ese sería
el día para medir fuerzas dentro de la Asamblea Nacional (AN). Para
saber con cuántos de los 113 diputados del bloque original opositor aún puede
contar Guaidó, del total de 165 que componen a la AN. Ese debía ser el momento
de la verdad.
Nicolás Maduro viene
desde 2017 rebanando la mayoría opositora del Parlamento mediante la
persecución política. Ya se cuentan en más de 30 los diputados exiliados, más
uno asilado en una embajada en Caracas y otro preso.
Más recientemente ha aplicado el método de comprar
voluntades, menos efectivo en números, pero más destructivo moralmente para la
causa opositora.
Todo eso, junto con explotar las divisiones de la
oposición, los posibles descontentos que nunca faltan, más la incorporación de
los 50 diputados del PSUV, hacía posible que por las buenas y
por las malas se impidiera a Guaidó repetir como presidente del Legislativo. Un
golpe casi mortal para el campo democrático venezolano.
Sin
el control de la AN no hay presidencia interina, no hay reconocimiento de las
58 democracias más importantes del mundo, no hay liderazgo opositor visible
dentro y fuera del país.
Pero
algo ocurrió en el camino hacia enero. Este pasado martes, 93 diputados
opositores aprobaron la modificación del Reglamento de Interior y Debate para
permitir el voto de sus colegas exiliados en las sesiones a través de
plataformas tecnológicas. Con ello adelantaron sorpresivamente la medición de
fuerzas prevista para enero.
Fue
una celada a los diputados del PSUV, pues la reforma se aprobó en su presencia
y contra sus protestas, al punto de solicitar verificación de quorum.
En
el PSUV están indignados. Se creían con el monopolio de ese tipo de maniobras
que en Venezuela se llaman “viveza criolla”. Su actitud recuerda aquella
anécdota del cristiano enterrado hasta el cuello en la arena del circo romano a
quien le sueltan un león para que lo devore; el cristiano en su desesperación
logra morder y arrancar un testículo al animal, la reacción del público es
acusarlo de no jugar limpio.
Pues
la oposición encabezada por Guaidó no les jugó “limpiamente” a los
representantes de un régimen que siempre juega con la ventaja de poder torcer
la Constitución y las leyes a su antojo. Con esto, el joven presidente de la
Asamblea subió la apuesta.
Si
Maduro le quiere poner la mano a la AN el 5 de enero tendrá que aplicar
acciones de manera directa.
Cada vez está más cerca de hacer lo que no se ha
atrevido desde 2016: cerrar la Asamblea por la fuerza. Meter la policía
política, la Guardia Nacional (GNB), los colectivos o los tres al
mismo tiempo. Eso fue lo que el general Néstor Reverol, entonces
comandante de la GNB, propuso cuando la AN desafió la decisión del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que la declaró en desacato por incorporar a
los tres diputados de Amazonas. Eso fue a lo que el también
general, y ya entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López,
se opuso.
Hoy dentro del régimen hay un sector que lo presiona
para que negocie. Otro para que no lo haga y termine de cerrar ese estorbo que
es la Asamblea Nacional. Maduro no hace ni lo uno, ni lo otro. Apuesta por las
divisiones internas de la oposición, a su desgaste, consciente de que las
debilidades de ella son directamente proporcionales a su propio poder. Pero vio
una oportunidad de acelerar el proceso y apostó por ella.
Ahora está tentado a dar un paso en falso. Ese que
espera Juan Guaidó. A Maduro lo convencieron de que podía desalojar a Guaidó de
la presidencia del Parlamento fabricando una nueva mayoría con diputados
disidentes del bloque opositor. Este no era su plan original, que consistía en dejar
languidecer a la AN mientras preparaba el terreno para elecciones legislativas.
Pero al haberse aventurado a tomar el control de la AN
el 5 de enero, le regaló a la oposición una probable victoria que a esta le
hace falta. Maduro lo sabe. Lo saben sus operadores políticos.
Por eso el TSJ se tardó menos de 24 horas en
sentenciar la supuesta nulidad de la reforma del reglamento interno de la
Asamblea Nacional. Muy distinto a los cuatro años que lleva sin decidir sobre
la supuesta compra de votos en la elección de los tres diputados de Amazonas
(causa original que ha usado como pretexto para declarar en desacato a la AN),
o sobre las sentencias judiciales que paralizaron el referéndum revocatorio de
2016, o la impugnación por la elección de gobernador del estado Bolívar en
2017.
Quedan 15 largos días para el 5 de enero. Días sin
espíritu de Navidad ni en el Palacio de Miraflores ni en la Asamblea Nacional.
¿Optará Maduro por aplicar una razzia sobre todos los diputados opositores que
siguen en Caracas? Y si lo hace, ¿de qué le servirá? ¿Le quitarán las
sanciones? ¿Mejorará su imagen internacional? ¿O por el contrario esa es la
demostración al mundo de que Josep Borrell tiene razón y él es
el hombre fuerte de Venezuela?
¿Podrá Guaidó por su parte aprovechar una probable
victoria para reimpulsar la causa opositora el próximo año?
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