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viernes, 27 de diciembre de 2019

Usurpación y elecciones, por Genaro Mosquera




Genaro Mosquera 26 de diciembre de 2019

Un sector de la oposición previa negociación con el régimen estimula la celebración de elecciones parlamentarias y despliega una maniobra comunicacional para potenciar la participación electoral bajo argumentos ya debatidos en el pasado y pasa por alto que el sistema electoral ha sido y es fraudulento, proponiendo la falsa premisa de que la mayoría de la población es opositora y que por ese simple hecho elegirán los mejores candidatos a diputados de la oposición y que ganarán las elecciones parlamentarias sin dificultad. El tema fundamental de esta estrategia es que no solo es una falsa suposición, sino que ignora las tácticas fraudulentas del régimen, la negativa de cesar con la usurpación y, la más grave, deja de lado las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo.

El TSJL descalificó el pasado año mediante sentencia firme al sistema electoral, ordenó votaciones no electrónicas y exigió la designación bajo fórmulas claras a un nuevo equipo directivo del Consejo Nacional Electoral. Ordenó el  procesamiento penal de su directiva, incluidos los funcionarios que colaboraron con el sistema para llevar a cabo elecciones fraudulentas.

Todo se ha consumado, las negociaciones entre la oposición y el sector oficial funcionaron para imponer un proceso electoral que comienza con  la selección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Se inicia de esta manera una nueva etapa en el equivocado sendero de preparar unas elecciones que conducirán a una elección del nuevo Parlamento con la presencia del usurpador mayor en un proceso que muestra las debilidades de su propia concepción.

Sujeto a la decisión de ir a elecciones parlamentarias negociadas, reiteramos que –necesariamente hay que recordar– el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo ha sido reconocido internacionalmente como institución legalmente representativa de la justicia y goza del respeto de gobiernos y organizaciones democráticas. Pero sus actuaciones son despreciadas y sus miembros fueron abandonados por la Asamblea Nacional, que ha boicoteado sus decisiones, incluso ha ignorado su representatividad internacional. Los motivos de esta actitud no son desconocidos, pues se exige incondicionalidad de tal manera, que se atrevieron a cuestionar a su directiva de la manera parecida a como actúa el régimen, que crea sistemáticamente organismos paralelos tales como la asamblea nacional constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía de la nación.

Acciones directas se han hecho subrepticiamente con la actuación directa de ciertos dirigentes opositores oficiales para defenestrar a la directiva del TSJL coaccionando y usando métodos cuestionables a algunos magistrados, quienes intentaron cuadrar a la mayoría de ellos para imponer una directiva afecta a grupos bien conocidos de la Asamblea y prácticamente obligaron a una minoría de trece magistrados a imponer una nueva directiva en una reunión con un quórum insuficiente, ignorando las reglas y estatutos, e impusieron una nueva directiva “de mucha confianza con los directivos de la AN”.

La directiva que se considera legítima ejerce las acciones del caso para evitar este atropello, incluso la Organización de Estados Americanos ha desconocido esta decisión; sin embargo, los autonombrados comenzaron a actuar en coordinación con la Asamblea con propósitos aparentemente ocultos para apoyar las estrategias operacionales acordadas con el régimen mediante negociaciones, y repiten la fórmula, creando una tercera institución bajo el nombre de Tribunal Supremo de Justicia “de la MUD”.

El tema de la usurpación no es un tema sin importancia, es clave en el proceso político venezolano, en efecto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, previa instancia de la fiscal general de la República y autorización de la Asamblea Nacional, dictó sentencia condenatoria el 15/08/2018, declarando la culpabilidad presidencial en la perpetración de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, imponiéndosele una pena de dieciocho (18) años y tres (3) meses de prisión.

Dicha sentencia, permite la destitución del cargo de presidente de la República y declara su inhabilitación política. Por ello, en comunicación del 7 de enero de este año a la junta directiva de la Asamblea Nacional determina la falta absoluta del cargo de presidente de la República por fenecimiento posterior del período constitucional y la inexistencia de un acto de elección popular legítima, y permite cubrir interinamente la vacante del cargo de la Presidencia de la República, al producirse por varias vías las causas de cesación previstas en la Constitución.

En el ejercicio de su trabajo judicial, los magistrados han actuado a derecho y asumieron la denuncia y  petitorios de sometimiento a juicio de los responsables de los  fraudes electorales presentados formalmente con soportes documentales ampliamente revisados y comprobados. El reconocimiento de las pruebas derivadas de su examen condujo al TSJL a descalificar al Sistema Electoral y mediante sentencia  del 13 de junio de 2018 declaró la inconsistencia del Registro Electoral, nulo el uso del sistema automatizado de votación y de escrutinio para la elección de cargos de representación de los poderes públicos y ordenó que con la participación de las universidades, partidos políticos, grupos de electores y la Academia de Ciencias Políticas se inicie el proceso de depuración del Registro Electoral incluyendo las correcciones sobre la identidad de cada venezolano o extranjero habilitado para votar verificando las actas de nacimiento, digitalizando biométricamente su identidad, actualizando direcciones domiciliarias, excluyendo a fallecidos e inhabilitados judiciales. También ordenó que se diseñara un sistema de votación fundamentalmente manual con preeminencia del voto físico

Para todos estos efectos, exhortó a la Asamblea Nacional a la selección y designación de nuevos rectores electorales y a la Fiscalía Nacional dar inicio de acciones de responsabilidad penal a los rectores electorales y a funcionarios regionales, incluyendo el debido procesamiento a las empresas informáticas Smartmatic y Bitza, de tal manera, que con estas decisiones las elecciones del año 2018 no tienen validez y por tanto es nula la reelección del presidente y se declara que este ejerce la usurpación del cargo a partir del 10 de enero del año 2019.

Este conjunto de decisiones ajustadas a derecho dentro del marco constitucional  condicionan el ejercicio del poder mediante el nombramiento de un presidente interino, el cese de la usurpación, a la designación de un Consejo de Gobierno y a sustituir un sistema electoral corrompido por otro verdaderamente transparente y representativo, con supervisión internacional. Nada de esto se ha cumplido, por tanto, cómo se puede ir a un proceso electoral pura y simplemente de conveniencia política de los partidos políticos con dirigentes que ignoran la Constitución, leyes y sentencias de un TSJL que ellos mismos designaron.

Avanza la tesis sustentada por la negociación y la realización de  supuestas elecciones democráticas sin cambiar significativamente el aparato electoral para indirectamente proteger sus propios intereses volteando la cara para otro lado frente a la masacre humanitaria que cobra cientos de vidas. Se ha desestimulado la acción humanitaria y la intervención militar de paz, como consecuencia, el compromiso internacional con el país se diluye y se eleva de nivel a acuerdos y decisiones negociados dejando de lado un grave problema que representa la invasión tangible  de la  fuerza militar cubana, guerrillera, del narcotráfico y de la presencia táctica del ejército ruso, chino, incluso iraní, acompañadas con veladas amenazas subjetivas o directas a Estados Unidos y en general a los países democráticos de la región estimulando su desestabilización.

El resultado de repetidas negociaciones nos está conduciendo a una situación que alarga el tiempo cuya consecuencia es cada vez más grave para la población venezolana, la cual es diezmada sistemáticamente como consecuencia del hambre, falta de dinero, inseguridad y servicios de salud. Sin embargo, el manejo hipócrita de una salida de paz y de concesiones a la mafia del crimen organizado en la que el régimen es protagonista desea lograr centrar su supervivencia en un acuerdo para llevar a cabo elecciones legislativas

No se puede caer en ese juego sin disponer de los elementos fundamentales democráticos que condicionan cualquier movimiento en esa dirección sin resolver el asunto del registro electoral que deja fuera a los electores que han emigrado, a quienes se les pondrá difícil actualizar el registro y el régimen pondrá todos los obstáculos espaciales y estratégicos para no dejarlos votar en una eventual elección. Así mismo, resolver el tema relativo a los nuevos votantes sin inscripción, a 2,5 millones de cédulas falsas y el imprescindible ajuste de los circuitos electorales que han sido manipulados, igual que el sistema informático que obliga a elecciones manuales.

En resumen, sin la solución a los problemas señalados, fuente de elecciones fraudulentas y a pesar de lo acordado, no habrá elecciones creíbles si no cesa la usurpación, se nombre un consejo para la transición y se diseña un aparato electoral que ponga remedio a tanto desbarajuste procedimental, interesado y fraudulento. No podemos alimentar la esperanza de ganar unas elecciones que se fundamentan en una mayoría opositora, cuyos partidos políticos han perdido  el respaldo de la sociedad, cuando el régimen ha fragmentado e intervenido los circuitos electorales y ha sacado en la práctica a millones de electores que se han ido. Elecciones con ese perfil tendrá consecuencias políticas nacionales e internacionales muy graves.

No perdamos el camino, apartemos a esa falsa dirigencia cuya credibilidad los alejó no solo de su militancia, sino del pueblo en general, y asumamos la tarea de organizarnos para enfrentar al régimen ante su inevitable desplazamiento y eliminar sus intenciones de dominación en complicidad asociada a otros países  antidemocráticos.

Vemos con angustia que no hay contraparte política efectiva por parte de la oposición formal, bien sea de partidos o de micropartidos chavistas de nuevo cuño; por lo tanto, habrá que construir en esa dirección un movimiento cívico con las más relevantes personalidades, honorables y claros líderes verdaderos de la sociedad civil, para que sirvan de contraparte política, representativo y transmisor de nuestras carencias, y aspiraciones democráticas acompañados de una acción contundente y sostenida que estimule la presión popular para desplazar al régimen con la ayuda internacional, que sea lo suficientemente poderosa para expulsar a los responsables de tanta angustia que acaba sistemáticamente con Venezuela e intoxica al resto de los países democráticos de América Latina.


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