Genaro Mosquera 26 de diciembre de 2019
Un
sector de la oposición previa negociación con el régimen estimula la
celebración de elecciones parlamentarias y despliega una maniobra
comunicacional para potenciar la participación electoral bajo argumentos ya
debatidos en el pasado y pasa por alto que el sistema electoral ha sido y es
fraudulento, proponiendo la falsa premisa de que la mayoría de la población es
opositora y que por ese simple hecho elegirán los mejores candidatos a
diputados de la oposición y que ganarán las elecciones parlamentarias sin
dificultad. El tema fundamental de esta estrategia es que no solo es una falsa
suposición, sino que ignora las tácticas fraudulentas del régimen, la negativa
de cesar con la usurpación y, la más grave, deja de lado las decisiones del Tribunal
Supremo de Justicia Legítimo.
El
TSJL descalificó el pasado año mediante sentencia firme al sistema electoral,
ordenó votaciones no electrónicas y exigió la designación bajo fórmulas claras
a un nuevo equipo directivo del Consejo Nacional Electoral. Ordenó el procesamiento penal de su directiva,
incluidos los funcionarios que colaboraron con el sistema para llevar a cabo
elecciones fraudulentas.
Todo
se ha consumado, las negociaciones entre la oposición y el sector oficial
funcionaron para imponer un proceso electoral que comienza con la selección de los nuevos miembros del
Consejo Nacional Electoral. Se inicia de esta manera una nueva etapa en el
equivocado sendero de preparar unas elecciones que conducirán a una elección
del nuevo Parlamento con la presencia del usurpador mayor en un proceso que
muestra las debilidades de su propia concepción.
Sujeto
a la decisión de ir a elecciones parlamentarias negociadas, reiteramos que
–necesariamente hay que recordar– el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo ha
sido reconocido internacionalmente como institución legalmente representativa
de la justicia y goza del respeto de gobiernos y organizaciones democráticas.
Pero sus actuaciones son despreciadas y sus miembros fueron abandonados por la
Asamblea Nacional, que ha boicoteado sus decisiones, incluso ha ignorado su
representatividad internacional. Los motivos de esta actitud no son
desconocidos, pues se exige incondicionalidad de tal manera, que se atrevieron
a cuestionar a su directiva de la manera parecida a como actúa el régimen, que
crea sistemáticamente organismos paralelos tales como la asamblea nacional
constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía de la nación.
Acciones
directas se han hecho subrepticiamente con la actuación directa de ciertos
dirigentes opositores oficiales para defenestrar a la directiva del TSJL
coaccionando y usando métodos cuestionables a algunos magistrados, quienes
intentaron cuadrar a la mayoría de ellos para imponer una directiva afecta a
grupos bien conocidos de la Asamblea y prácticamente obligaron a una minoría de
trece magistrados a imponer una nueva directiva en una reunión con un quórum
insuficiente, ignorando las reglas y estatutos, e impusieron una nueva
directiva “de mucha confianza con los directivos de la AN”.
La
directiva que se considera legítima ejerce las acciones del caso para evitar
este atropello, incluso la Organización de Estados Americanos ha desconocido
esta decisión; sin embargo, los autonombrados comenzaron a actuar en
coordinación con la Asamblea con propósitos aparentemente ocultos para apoyar
las estrategias operacionales acordadas con el régimen mediante negociaciones,
y repiten la fórmula, creando una tercera institución bajo el nombre de
Tribunal Supremo de Justicia “de la MUD”.
El
tema de la usurpación no es un tema sin importancia, es clave en el proceso
político venezolano, en efecto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
previa instancia de la fiscal general de la República y autorización de la
Asamblea Nacional, dictó sentencia condenatoria el 15/08/2018, declarando la
culpabilidad presidencial en la perpetración de los delitos de corrupción
propia y legitimación de capitales, imponiéndosele una pena de dieciocho (18)
años y tres (3) meses de prisión.
Dicha
sentencia, permite la destitución del cargo de presidente de la República y
declara su inhabilitación política. Por ello, en comunicación del 7 de enero de
este año a la junta directiva de la Asamblea Nacional determina la falta
absoluta del cargo de presidente de la República por fenecimiento posterior del
período constitucional y la inexistencia de un acto de elección popular
legítima, y permite cubrir interinamente la vacante del cargo de la Presidencia
de la República, al producirse por varias vías las causas de cesación previstas
en la Constitución.
En
el ejercicio de su trabajo judicial, los magistrados han actuado a derecho y
asumieron la denuncia y petitorios de
sometimiento a juicio de los responsables de los fraudes electorales presentados formalmente
con soportes documentales ampliamente revisados y comprobados. El
reconocimiento de las pruebas derivadas de su examen condujo al TSJL a
descalificar al Sistema Electoral y mediante sentencia del 13 de junio de 2018 declaró la
inconsistencia del Registro Electoral, nulo el uso del sistema automatizado de
votación y de escrutinio para la elección de cargos de representación de los
poderes públicos y ordenó que con la participación de las universidades,
partidos políticos, grupos de electores y la Academia de Ciencias Políticas se
inicie el proceso de depuración del Registro Electoral incluyendo las
correcciones sobre la identidad de cada venezolano o extranjero habilitado para
votar verificando las actas de nacimiento, digitalizando biométricamente su
identidad, actualizando direcciones domiciliarias, excluyendo a fallecidos e
inhabilitados judiciales. También ordenó que se diseñara un sistema de votación
fundamentalmente manual con preeminencia del voto físico
Para
todos estos efectos, exhortó a la Asamblea Nacional a la selección y
designación de nuevos rectores electorales y a la Fiscalía Nacional dar inicio
de acciones de responsabilidad penal a los rectores electorales y a
funcionarios regionales, incluyendo el debido procesamiento a las empresas
informáticas Smartmatic y Bitza, de tal manera, que con estas decisiones las
elecciones del año 2018 no tienen validez y por tanto es nula la reelección del
presidente y se declara que este ejerce la usurpación del cargo a partir del 10
de enero del año 2019.
Este
conjunto de decisiones ajustadas a derecho dentro del marco constitucional condicionan el ejercicio del poder mediante
el nombramiento de un presidente interino, el cese de la usurpación, a la
designación de un Consejo de Gobierno y a sustituir un sistema electoral
corrompido por otro verdaderamente transparente y representativo, con
supervisión internacional. Nada de esto se ha cumplido, por tanto, cómo se
puede ir a un proceso electoral pura y simplemente de conveniencia política de
los partidos políticos con dirigentes que ignoran la Constitución, leyes y
sentencias de un TSJL que ellos mismos designaron.
Avanza
la tesis sustentada por la negociación y la realización de supuestas elecciones democráticas sin cambiar
significativamente el aparato electoral para indirectamente proteger sus
propios intereses volteando la cara para otro lado frente a la masacre
humanitaria que cobra cientos de vidas. Se ha desestimulado la acción
humanitaria y la intervención militar de paz, como consecuencia, el compromiso
internacional con el país se diluye y se eleva de nivel a acuerdos y decisiones
negociados dejando de lado un grave problema que representa la invasión
tangible de la fuerza militar cubana, guerrillera, del
narcotráfico y de la presencia táctica del ejército ruso, chino, incluso iraní,
acompañadas con veladas amenazas subjetivas o directas a Estados Unidos y en
general a los países democráticos de la región estimulando su
desestabilización.
El
resultado de repetidas negociaciones nos está conduciendo a una situación que
alarga el tiempo cuya consecuencia es cada vez más grave para la población
venezolana, la cual es diezmada sistemáticamente como consecuencia del hambre,
falta de dinero, inseguridad y servicios de salud. Sin embargo, el manejo
hipócrita de una salida de paz y de concesiones a la mafia del crimen
organizado en la que el régimen es protagonista desea lograr centrar su
supervivencia en un acuerdo para llevar a cabo elecciones legislativas
No
se puede caer en ese juego sin disponer de los elementos fundamentales
democráticos que condicionan cualquier movimiento en esa dirección sin resolver
el asunto del registro electoral que deja fuera a los electores que han
emigrado, a quienes se les pondrá difícil actualizar el registro y el régimen
pondrá todos los obstáculos espaciales y estratégicos para no dejarlos votar en
una eventual elección. Así mismo, resolver el tema relativo a los nuevos
votantes sin inscripción, a 2,5 millones de cédulas falsas y el imprescindible
ajuste de los circuitos electorales que han sido manipulados, igual que el
sistema informático que obliga a elecciones manuales.
En
resumen, sin la solución a los problemas señalados, fuente de elecciones
fraudulentas y a pesar de lo acordado, no habrá elecciones creíbles si no cesa
la usurpación, se nombre un consejo para la transición y se diseña un aparato
electoral que ponga remedio a tanto desbarajuste procedimental, interesado y
fraudulento. No podemos alimentar la esperanza de ganar unas elecciones que se
fundamentan en una mayoría opositora, cuyos partidos políticos han perdido el respaldo de la sociedad, cuando el régimen
ha fragmentado e intervenido los circuitos electorales y ha sacado en la
práctica a millones de electores que se han ido. Elecciones con ese perfil
tendrá consecuencias políticas nacionales e internacionales muy graves.
No
perdamos el camino, apartemos a esa falsa dirigencia cuya credibilidad los
alejó no solo de su militancia, sino del pueblo en general, y asumamos la tarea
de organizarnos para enfrentar al régimen ante su inevitable desplazamiento y
eliminar sus intenciones de dominación en complicidad asociada a otros
países antidemocráticos.
Vemos
con angustia que no hay contraparte política efectiva por parte de la oposición
formal, bien sea de partidos o de micropartidos chavistas de nuevo cuño; por lo
tanto, habrá que construir en esa dirección un movimiento cívico con las más
relevantes personalidades, honorables y claros líderes verdaderos de la
sociedad civil, para que sirvan de contraparte política, representativo y transmisor
de nuestras carencias, y aspiraciones democráticas acompañados de una acción
contundente y sostenida que estimule la presión popular para desplazar al
régimen con la ayuda internacional, que sea lo suficientemente poderosa para
expulsar a los responsables de tanta angustia que acaba sistemáticamente con
Venezuela e intoxica al resto de los países democráticos de América Latina.
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