Por Carolina Gómez-Ávila
Al finalizar el jueves, no
se había publicado el texto de la sentencia 517-2019 de la Sala Constitucional
del TSJ. Me refiero al tribunal que, constitucionalmente desconfigurado, opera
en Dos Pilitas.
Pero son de dominio público
la lectura que hizo en cámara el magistrado Mendoza Jover y la nota de prensa
que el propio tribunal difundió en sus redes sociales1. Esta comienza con un
párrafo que bien podría inspirar a Ingo Müller para una versión criolla de “Los
juristas del horror”:
“La Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (…), declaró este jueves la nulidad absoluta y la
carencia de efectos jurídicos de la Reforma Parcial del Reglamento de Interior
y Debates de la Asamblea Nacional (…), así como cualquier otra modificación del
referido instrumento que haya realizado o pretenda realizar la Asamblea
Nacional en desacato”.
Así, sin pudor, Dos Pilitas
dice -desde ya y por si acaso- que es nula cualquier modificación del
reglamento que la Asamblea Nacional (AN) intente en el futuro. ¡Nada de esperar
a que se materialice para analizar si resulta constitucional o no, para eso no
tienen tiempo! Mejor es sentenciar a priori. Parece que están agotados los
magistrados, cansados de deliberar cómo cerrarle el paso al Poder Legislativo
rebelde y, de entrada, les dicen que el reglamento no se puede modificar; en
realidad, ni el reglamento ni ninguna otra cosa, porque para eso sirve el
comodín del desacato.
El desacato de doble rasero
porque, a esa AN en desacato, se incorporaron decenas de diputados chavistas
que participan y votan en comisiones y debates pero, como son una
representación escuálida, nunca imponen sus preferencias y entonces acuden a su
oficina de administración judicial, donde de nada vale que su incorporación y
participación activa invalide el mentado desacato.
Entonces, a esa AN en
desacato, la presiona el chavismo (en todas sus tonalidades complacientes) para
que nombre un nuevo CNE. En caso de que el resultado de esa diligencia no
complazca al grupo en el poder, lo anularán valiéndose del desacato y dejarán en
manos de los sicarios de la república la designación de funcionarios sumisos al
aparato represor.
La maniobra es burda y no es
nueva. Claro que la previmos todos, pero a la coalición democrática no le queda
más que resistir políticamente, porque armas no tiene ni debe tener.
Pienso que la Agenda 2020
correrá esa arruga hasta que lleguen las constitucionales elecciones
parlamentarias, adelantadas por un CNE que podría ser inconstitucional. Sólo
entonces sabremos si la alianza opositora decidirá participar a pesar de la
desventaja para intentar no perder todos los escaños como en 2005 o declararse
en huelga electoral como en 2018, con sobrada razón pero ineficientes
resultados.
En mi Agenda 2020 está
acompañarlos en lo que decidan porque ya no hay otros que representen mis
aspiraciones de retorno a la democracia. Todos los demás son una farsa: los de
la coyunda en la Casa Amarilla, los radicales que gritan ser opositores
repitiendo el discurso oficialista y los que dicen que ninguno sirve pero no
postulan nada. Ojalá que esta dura Navidad y la llegada del Año Nuevo nos
permitan meditar sobre este asunto. Mientras regreso a este espacio, D.m. el 11
de enero próximo, mis deseos para todos: salud y una república democrática.
21-12-19
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