Actualización oral sobre la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela
Sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra, 18 de diciembre de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,
Tras mi última actualización oral a este Consejo, el
20 de septiembre firmé una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos
de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la
presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles
acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.
Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve
áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la
colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.
Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de
la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos.
Mi Oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina.
En este contexto, mi Oficina organizó dos talleres de
capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo
semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de
seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos
y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación
del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.
También hemos recabado información de los organismos
de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del
Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020,
asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de
ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención
preventiva.
Mi Oficina agradece la apertura de las autoridades
para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las
muertes en protestas de 2017.
Asimismo, mi Oficina toma nota de la nueva solicitud
de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusión
negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el
derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en 2020, e insta a
las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, con base a los
compromisos acordados.
En los últimos tres meses mi Oficina ha realizado 9
visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios
Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de
manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la
cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros
de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto
plazo.
En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118
casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que
requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales,
falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de
excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a
consideración del Comité de Coordinación inter-institucional.
Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28
personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos
políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las
personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi
llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de
Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad
plena al diputado Juan Requesens.
En este mes se inició el juicio por el intento de
magnicidio contra el Presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14
hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el
acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia.
Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en
contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea
Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un
juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad.
Señor Presidente,
Excelencias,
La situación económica y social sigue afectando los
derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una
contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde
20131. A pesar de
que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de
alimentos, tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede
cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la
hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.
A pesar que en octubre el Gobierno decretó un
incremento del 375% del salario mínimo, éste ha perdido su poder adquisitivo
frente a la canasta básica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El
salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria2.
Mi Oficina recibió información que señala que el
escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de
las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la
economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor
información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las
sanciones en la implementación de los programas sociales.
Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de
los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a
Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y
los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el
suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido
afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y
falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la
capital del país.
La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes
es preocupante. Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los
Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del
servicio de hematología y un niño del servicio de oncología. De los 39
niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran
en una situación crítica.
Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en
las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas
muestran señales de malnutrición aguda - un alza de 56% en contraste con el
2018 - y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento. Caritas también
informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias
nutricionales.
Según el registro del Observatorio Venezolano
de Conflictividad Social, se han realizado16,439 protestas en lo que va del
año. En los últimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las
cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo,
de la salud y de las industrias básicas, argumentando las malas condiciones
laborales y la falta de insumos y equipamientos básicos en centros educativos y
hospitalarios.
El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones
nacionales por la oposición, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El
despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las
protestas convocadas por la oposición y los estudiantes. En algunos casos, las
fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se
concentraran. Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las
cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.
Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y
actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó
una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a
noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución
respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.
Reitero mi preocupación por los niveles de violencia
que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales,
como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada
Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.
Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido
documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros
de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de
jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios
marginales.
Recientemente el Fiscal General anunció que, de agosto
de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los
derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de
libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del
total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de
homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran
miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte
de las FAES.
Agradezco la información aportada por el Ministerio
Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el
número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas
ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas
ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio
Público en esta materia.
Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal.
Mi Oficina ha recibido información de que, con
posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del
territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por
el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas
necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos
armados irregulares presentes en la zona.
Sr. Presidente
La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para
Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas
venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5
millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migración irregular
debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de
tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas
venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje.
Recientemente, las autoridades venezolanas
incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente
a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la
exposición al tráfico y trata de personas. Mi Oficina recibió información de
que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del
Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no
esclarecidas. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10
adolescentes, tres niños y 46 hombres.
Excelencias,
Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de
restricción de libertades públicas, limitando el espacio
cívico-democrático.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.
La DGCIM también detuvo brevemente a tres periodistas
y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio
de comunicación.
Las organizaciones no gubernamentales siguen
enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro
de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisión
exhaustiva de la documentación por las autoridades.
2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las
libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias
para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas.
En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco
diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición
despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra
representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.
También me preocupan los llamados por parte de
autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la
presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley
que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Reitero mi llamad a las y los actores políticos en
Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis
política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida
en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en
la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país
que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.
Gracias Sr. Presidente.
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