Por Gioconda Cunto de San
Blas
El 5 de diciembre honramos
al Profesor
Universitario en su día, en recuerdo de tal fecha en 1958
cuando Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno a la caída de quien
creímos sería el último dictador, sancionó el Decreto Ley N° 458 que regularía
la vida universitaria bajo el principio autonómico de gestión, refrendado luego
en la Ley de Universidades y la Constitución vigentes.
A pesar de estos
instrumentos legales, desde hace más de tres lustros, la universidad venezolana
está siendo sometida a un acoso implacable del régimen para quebrar su espíritu
autonómico y ponerle freno a la libre difusión y discusión de las ideas. No
podía ser de otra manera, dada la naturaleza del autócrata.
Dicho ataque llega ahora a
su zenit con el disfraz de argumentos paralegales, concentrados en las
sentencias 0324, 0389 y 0500 del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La primera de ellas, bajo el pretexto de
renovar autoridades luego de años de atraso, ordena a las universidades
autónomas a celebrar elecciones tumultuarias en su seno, a más tardar en
febrero de 2020, con el indisimulado propósito de aniquilar el Claustro
Universitario y hacerse con el control institucional. De nada han valido los
recursos de oposición interpuestos por las universidades nacionales ante la sentencia
0324, todos ellos declarados sin lugar en la sentencia 0389 por los
“magistrados” del TSJ.
Como si fuera poco, el TSJ
en sentencia 0500 del 9/12/19 declaró nula y carente de efectos jurídicos la
designación de los profesores Manuel Rachadell y Miguel Eduardo Albujas como
representantes de la Asamblea Nacional (AN) ante el Consejo Nacional de
Universidades (CNU), a la vez que les prohíben salir del país y enajenar o
gravar bienes propiedad, mientras les aplican sanciones de bloqueo e
inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento en el
sistema financiero.
Con esas decisiones el TSJ
se pone una vez más de espaldas a la Constitución de 1999, (“la mejor
constitución del mundo” ¿recuerdan?), documento que consagra, como nunca antes,
el principio autonómico universitario de darse su propio gobierno a través del
Claustro Universitario.
Lo más indignante es que
toda esta política sistemática de violencia destinada a sojuzgar la universidad
es estimulada por personajes egresados de esas mismas aulas, algunos de ellos
incorporados a su cuerpo profesoral o ya en posiciones cuestionables de
directivos impuestos por el CNU. Ya han surgido candidatos de currículos
impresentables para ocupar la silla de Vargas, nada menos.
Es claro que el disfraz jurídico
oculta una torcedura política que obliga al campo político universitario a
enfrentarlo con la realización de elecciones rectorales bajo el amparo cabal
del Claustro Universitario, no las elecciones tumultuarias que se pretenden
imponer.
Para esto es necesario que
toda la comunidad universitaria esté cohesionada hacia ese objetivo. ¿Estarán
los estudiantes, empleados y obreros dispuestos a renunciar a lo que podrían
interpretar equivocadamente como una oportunidad de participación y no como lo
que verdaderamente es, una oferta engañosa más, un intento totalitario del
régimen de usarlos como peones para apropiarse de los últimos reductos de
pensamiento libre? Ya se ha hecho en otros institutos de investigación
científica.
Los profesores de la
Universidad Simón Bolívar han recibido un primer sorbo de tal quebrantamiento
al habérseles impuesto, vía CNU, un Vicerrector Académico que en estos momentos
cumple, además, las veces de Rector interino por enfermedad del titular. La
misma receta fue aplicada la semana pasada a la Universidad del Zulia, al
imponérsele un vicerrector administrativo. De manera que todas estas acciones
violatorias de leyes, reglamentos y constitución obligan a la comunidad
universitaria a acciones de conjunto, unitarias, entre todas las universidades
autónomas del país y dentro de todos los sectores que la conforman, para
reforzar los principios y valores autonómicos. No es poca cosa.
Desde los estatutos
autonómicos bolivarianos de 1827, la autonomía universitaria en Venezuela ha
sido manjar apetitoso en las fauces de gobiernos dictatoriales o autoritarios;
hasta gobiernos electos democráticamente se han visto impulsados a morderla. Es
que está en la naturaleza humana la tentación del poder absoluto y está en
nosotros ponerle freno.
Vivimos tiempos en que no
vale el silencio cómplice o el mirar hacia otro lado. Es obligación nuestra
luchar de manera cohesionada, unitaria, por la defensa de la libertad y la
democracia en todos los terrenos de la vida nacional. Ya decía Desmond Tutu,
Premio Nobel de la Paz: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has
elegido el lado del opresor”.
19-12-19
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