Benigno Alarcón Deza 22 de diciembre de 2019
@benalarcon
Recientemente el Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello presentó sus proyecciones en
lo político, internacional, económico y social para el primer semestre del año
2020. La presentación de escenarios estuvo a cargo de cuatro miembros de nuestra
Mesa de Análisis Coyuntural y una invitada especial: Félix Arellano en el
análisis de lo internacional y su relación con la dinámica nacional; Félix
Seijas mostrando lo que el estudio estadístico más reciente elaborado para
nuestro Centro nos muestra sobre el estado de la opinión pública y las
expectativas de los venezolanos de cara al próximo año; Asdrúbal Oliveros nos
mostró la evolución de la crisis económica y las proyecciones para el próximo
año; mientras que a mi me tocó mostrar la evolución de los posibles
escenarios políticos para el próximo año; finalizando con nuestra invitada
especial, Susana Raffalli, quien ha venido desarrollando un importante papel
como experta ante las entidades con responsabilidad en el manejo de crisis
humanitarias. Raffalli nos ilustró sobre la evolución y las consecuencias de
corto, mediano y largo plazo de nuestra situación social y de emergencia
humanitaria en Venezuela.
Aunque es imposible resumir en una pocas cuartillas el
análisis y las conclusiones de este evento semestral que se extiende por más de
cuatro horas y que ha venido contando con la atención creciente de políticos,
empresarios, diplomáticos y medios de comunicación social, trataremos de
dedicar el último editorial de este año a dar una idea a nuestros lectores que
no pudieron estar presentes en este evento sobre lo que podríamos esperar de
cara al 2020, a fin de prepararnos para afrontar los retos que el futuro
inmediato nos depara.
Perspectivas internacionales (Félix Arellano, miembro
de la MAC del CEPyG-UCAB)[1]
El conflicto venezolano se ha caracterizado por tener
un peso significativo y permanente en la agenda internacional, especialmente
desde el año 2019; hecho que no sólo responde a un interés genuino de buena
parte de la comunidad internacional por lograr la redemocratización de
Venezuela, sino también a la amenaza que representa su crisis multidimensional
a la paz y seguridad de la región y para algunos países del hemisferio
occidental. Las amenazas son diversas: Narcotráfico, lavado de capitales,
diáspora (servicios públicos, empleo en países destinos), negocios ilícitos
(oro, coltán, evasión a sanciones financieras a través de un juego de ilícitos
internacionales), sospecha de relaciones de cooperación con grupos subversivos
y terroristas de otros países, etc.
Como resultado, el tema venezolano se ha
internacionalizado y hoy forma parte de la agenda de múltiples instancias y
dispositivos, tanto institucionales como ad hoc, tales como gobiernos
particulares, grupos regionales, organismos internacionales, entre otras
iniciativas.
Es así como la situación de Venezuela estuvo enmarcada
activamente en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA). El
papel de Luis Almagro, actual Secretario general de la OEA, ha sido relevante
por: (i) anteponer la agenda de Venezuela en la institución por encima de otras
regiones; (ii) en consecuencia, elaborar cuatro informes sobre la crisis
venezolana, y (iii) activar la iniciativa de convocar a los países miembros,
apalancándose en el artículo 20 de la Carta Democrática, aún cuando la decisión
reposaba en los respectivos gobiernos. La permanente dificultad de alcanzar el
voto de la mayoría de los miembros (18 votos) requeridos para activar la
Carta Democrática motivó la creación de un grupo ad hoc como el Grupo de Lima
(GL), con la finalidad de trabajar activamente en la reconstrucción de la
democracia y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.
Tras la juramentación del diputado Juan Guaidó como
Presidente Interino, más de 60 gobiernos democráticos han desconocido la
elección presidencial de Nicolás Maduro de mayo de 2018, al tiempo que
han reconocido la validez y legitimidad tanto de la Asamblea Nacional (AN) como
de Guaidó como su presidente, y de éstos 54 gobiernos lo reconocen como
Presidente Encargado.
La activa participación del presidente de Estados
Unidos (EEUU), Donald Trump, a raíz de la proclamación de Juan Guaidó como
presidente interino durante los primeros días de enero generó expectativas
sobredimensionadas y un nivel de controversia con respecto al tono y formas de
un posible desenlace del conflicto para ese momento. Tales eventos insertaron a
Venezuela de forma más activa en la agenda norteamericana, en donde además se
cuenta con apoyo bipartidista.
La Unión Europea (UE) se involucró en la resolución
del conflicto progresivamente hasta el punto de aplicar sanciones de carácter
personal a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, aunque de carácter más
moderado con respecto a las emitidas por Estados Unidos, con el fin de
presionar por una nueva elección presidencial en condiciones libres y
democráticas. Asimismo, la Unión Europea creó un grupo ad hoc, el Grupo
Internacional de Contacto (GIC), el cual sigue promoviendo la creación de
incentivos para la negociación de una solución pacífica. A esta iniciativa se
han sumado otros países como Suiza, Japón y Corea del Sur.
El efecto Venezuela resulta complejo en el plano
externo, dada la incertidumbre del juego político atado, entre otros factores,
a la diversidad de actores y su respectiva multiplicidad de intereses. Preocupa
un posible exceso de geopolítica en el caso venezolano que podría diluirse a la
luz del surgimiento o intensificación de otros conflictos de distinta
naturaleza que absorben la atención internacional: guerras comerciales,
el narcotráfico, Brexit, kurdos, Siria y Hong Kong. En específico, la
región enfrenta alta tensión social, volatilidad, inestabilidad, gobiernos
concentrados en sus agendas internas y en su gobernabilidad (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil), lo que puede incidir en la atención y la
acción en el caso Venezuela, debilitándolos. Sin embargo, la región no es
indiferente, ni desinteresada y, en su mayoría, es partidaria de una solución
pacífica en Venezuela. En general, la comunidad internacional democrática y el
Grupo de Lima presentan diversas orientaciones y, posiblemente, algunas
divisiones, pero todos estos actores han venido trabajando para reconstruir la
democracia en Venezuela, aunque podríamos tener una moderación de este esfuerzo
a partir del próximo año debido a la moderación de las expectativas al no
vislumbrarse posibilidad de resultados en el corto plazo.
Opinión Pública de noviembre de 2019 (Félix Seijas,
miembro de la MAC del CEPyG-UCAB)[1]
Los resultados del reciente estudio de opinión del
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés
Bello (CEPyG-UCAB), cuyo campo fue desarrollado por la empresa de estudio de
opinión Delphos, mediante entrevistas en 1.200 hogares, del 28 de octubre al 12
de noviembre de 2019, a nivel nacional, apunta en general a un cambio dramático
con respecto al país de 2018, con la paradoja de que el nivel de esperanza hoy
ha retrocedido por debajo del de noviembre de 2018, después del importante
repunte observado entre enero y mayo de este año con motivo del surgimiento del
liderazgo de Juan Guaidó y su oferta política sobre el cese de la usurpación,
la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones
libres.
Con respecto a la proporción del apoyo de la población
venezolana al gobierno y a la oposición, el estudio señala que 40,2% de la
población apoya a la oposición y 23,4% al chavismo. Si desglosamos lo anterior,
aquellos de oposición que sí apoyan al liderazgo (oposición dura) representan
el 23,7%, y aquellos que se auto definen como opositores pero no al liderazgo
(oposición blanda) 16,5%. Luego, la población que apoya a Maduro es de 14,3% y
la población identificada con el chavismo, pero descontento con Maduro es de
9,1%. El resto, es decir, más de un tercio de la población (36,3%), no apoya a
ninguna de las dos partes del espectro político, lo que no quiere decir que
sean indiferentes o no tengan posición política. Este grupo que no se identifica
con ninguno viene en franco ascenso desde octubre de 2017, frente a los tres
grandes grupos de autodefinición política y en comparación con los subgrupos
identificados como oposición. Asimismo, toca destacar que el apoyo al
chavismo ha caído dramáticamente, puesto que representa una erosión
significativa de lo que había constituido su piso de apoyo. Consistente con lo
anterior, 62,4% de la población señala al gobierno y a Maduro como los mayores
responsables de los problemas del país, una proporción mayor que la encuesta de
mayo de 2019, 58,2%. La mayor simpatía partidista reposa en el PSUV con 18,2%
mientras que los partidos de oposición suman 14%. Es así como el chavismo viene
perdiendo no solo apoyo, sino reduciendo su piso político, en una tendencia que
es progresiva y pareciera irreversible.
El nivel de confianza en Juan Guaidó ha disminuido en
los últimos meses, al pasar de un 98,2% en la oposición dura en mayo de 2019,
al 88,7% en noviembre de 2019; del 81,8% al 50,8% (caída abismal de 30 puntos)
en la oposición blanda, y de 49,6% hasta 29,6% (declive de 20 puntos) en el
grupo que no se identifica con ningún liderazgo. No obstante, pese al enorme
costo político que han podido tener sus errores y una importante caída en las
expectativas, Guaidó sigue teniendo una enorme resiliencia y continúa siendo,
por mucho, el principal referente de la oposición, al tiempo que aventaja
también por mucho a Maduro como principal referente del oficialismo.
Las expectativas sobre un cambio de gobierno para los
próximos 12 meses habían aumentado exponencialmente a partir de la aparición de
Guaidó y registraban, aún para mayo de este año, un 50,6%. Actualmente, para el
momento del cierre de este estudio, noviembre 2019, las expectativas habían
retrocedido hasta un 39,2%, situándose prácticamente en los mismo niveles de
noviembre del 2018 (38,7%). Ello se relaciona con los niveles de
efectividad esperada de Guaidó con respecto a su oferta política del cese de la
usurpación, sólo un 18,6% cree que Guaidó sí lograra el cese de la usurpación y
21,4% señaló que tal vez lo lograría.
La disposición a votar en las parlamentarias en 2020
es de 64,4% y para las presidenciales de 69,9%, mientras que para una
celebración en conjunto sería de 64,8% en la pregunta hecha sin atender a
ninguna condición político o electoral. No obstante, la disposición a votar
bajo ciertas condiciones electorales y políticas sufre una merma importante. Un
elemento a destacar es que los “no chavistas” se abstienen con mayor
fuerza. En este sentido, “que Maduro no sea Presidente” se convirtió en una
barrera importante al voto, que denota, además, que las condiciones políticas
pesan más que las condiciones propiamente electorales. La penetración del
“mantra” posicionado por Guaidó en el primer semestre del año como su eje
estratégico para el cambio político -cese de la usurpación, gobierno de
transición y elecciones libres- no sólo está reflejado en la disposición a
votar bajo ciertas condiciones de los grupos identificados como oposición,
sino, incluso, en una pequeña proporción del chavismo duro. Con respecto a las
expectativas versus deseo de la población, la mayoría prefiere unas elecciones
presidenciales a las parlamentarias; sin embargo, las expectativas de que esto
suceda son muy bajas.
Es así como 39,5% de la población exige que haya un
cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE), 20,7% que Nicolás Maduro no sea
Presidente; 16,2% pide la revisión del Registro Electoral Permanente (REP),
10,6% solicita observación internacional, y 3,7% que el presidente de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó sea el candidato por el lado de la oposición.
Con respecto a la protesta, al contrario de lo que se
piensa, y de lo que la respuesta a las convocatorias pareciera evidenciar, hay
una disposición muy alta a protestar (40,9%). En la actualidad, entre la
población una mayoría está dispuesta a luchar sin correr muchos riesgos
(30,1%), seguida de la disposición a quedarse tranquilo y adaptarse (21,9%); le
sigue el grupo que estaría, más bien, dispuesto a luchar tomando riesgos 17,7%,
mientras que la disposición de la población a armarse para luchar no está entre
las primeras opciones pero pone una alarma puesto que ha subido dramáticamente
de 10,5% en mayo de 2019 a 18,1% en noviembre de 2019, un reflejo de que aquellos
que manifestaron su disposición en mayo a luchar con riesgo se decantaron meses
después por la posibilidad del uso las armas como mecanismo de lucha para
el cambio. Esencialmente hay una polarización en el comportamiento adoptado
ante la caída de la esperanza entre un tercio que se da por vencido y piensa
que no hay nada que hacer por lo que se distribuyen entre las opciones de
adaptarse para sobrevivir o irse del país y otro tercio que se radicaliza
diciendo estar dispuestos a correr todos los riesgos, incluído el de la lucha
armada, lo cual preocupa, más que por su factibilidad inmediata, por la
inclinación hacia la violencia como salida.
En resumen, el estudio refleja lo siguiente: 1) la
lealtad de un sector importante de la población está relacionada con un deseo
de cambio, más que con personas específicas; 2) el país no es el mismo de
diciembre 2018; 3) el chavismo sigue mostrando importantes signos de erosión;
4) ha aumentado la percepción de que el Gobierno de Maduro origina la crisis;
5) los “no chavistas” muestras mayor inclinación a la abstención electoral más
por razones políticas que electorales; 6) la condición política en un contexto
electoral “que Maduro no sea Presidente” ha cobrado relevancia como barrera al
voto; 7) no obstante, el deseo por votar está intacto; 8) han aumentado los
niveles de radicalización en la oposición; 9) la disposición a protestar está
en sus niveles más altos, pero depende de las expectativas que de ella se
generen.
Perspectivas políticas (Benigno Alarcón, MAC y CEPyG-UCAB)[1]
Los escenarios proyectados por el anterior evento del
CEPyG-UCAB de junio de 2019 se cumplieron con una gran precisión, y tal como
habíamos proyectado, la estrategia del gobierno apostó a la estabilidad a
través de su autocratización, lo que hoy sitúa a Venezuela al mismo nivel de
Zimbabue en el ranking del Democracy Index de The Economist, lo que implica una
suerte de africanización del caso venezolano, no solo en lo político, sino
también en lo económico y social.
Con respecto a los escenarios, se reconoce la certeza
de una elección parlamentaria inevitable, al menos desde lo previsible, así
como lo muy poco probable de una elección presidencial. El régimen apuesta a la
celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones electorales
suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad
internacional, como sucedió con la presidencial de mayo de 2018, al tiempo de
mantener las condiciones políticas capaces de inducir una abstención suficiente
del lado de los electores de oposición, que haga que la oposición prefiera el
boicot a la participación, y producir así resultados electorales
favorables que le devuelvan el control de la Asamblea Nacional, con la
cooperación de “una nueva oposición” representada por sus interlocutores en la
Mesa Nacional de Dialogo, lo que excluiría a la oposición política mayoritaria
de los espacios institucionales de representación oficial, dejándoles solo la
calle como campo de acción.
El asunto para la oposición es cómo manejar el dilema
de sus electores en cuanto a la relación costo-beneficio de su participación
electoral, entre legitimar un proceso con baja credibilidad y abandonar la
oportunidad de mantener el espacio institucional de la Asamblea Nacional en las
próximas elecciones parlamentarias. Hoy, para el elector opositor, en buena
medida por las expectativas generadas por el discurso de Guaidó, la resolución
de este dilema depende, en gran medida, más de condiciones políticas que
electorales, tal como la demanda de que “Maduro no sea presidente”, lo que
refleja una especie de efecto bumerán de la propuesta “cese de la usurpación,
gobierno de transición y elecciones libres”.
La realidad es que, de acuerdo a múltiples estudios,
los boicots electorales suelen diluirse en el tiempo y restándole espacios de
lucha a la oposición, además de dejar como única alternativa la calle, con lo
cual resultaría mucho más sencillo la represión puntual y hasta su apresamiento
al perderse los espacios institucionales de lucha. Mientras algunos argumentan
que la oposición este año ha estado en una mejor posición gracias a no haber
participado en la elección de 2018, la realidad es que nada de lo sucedido en
2019 hubiese sido posible si la oposición no estuviese en control de la
Asamblea Nacional, gracias a haberla ganado en el 2015.
Hoy, pese a la alta disposición a protestar, la
oposición luce poco eficiente frente a la alternativa de escalar el conflicto
en escenarios distintos al electoral, por lo cual resulta urgente que defina su
posición en relación a su participación en las elecciones legislativas de 2020,
para lo cual necesitará de las gestiones de sus aliados internacionales y de la
presión ciudadana para exigir condiciones mínimas que permitan un proceso cuya
competitividad sería limitada, pero sí manejable organizativamente por la
oposición y de esta forma intentar preservar la mayoría y convencer a sus
propios electores de participar, aún cuando no se haya cumplido con la promesa
del cese de la usurpación.
Las elecciones tendrán utilidad para democratizar si
éstas aumentan costos de represión del gobierno, a través de la unificación de
la oposición y el aumento de su eficacia política para movilizar y legitimarse.
En cambio, la elección pierde fuerza estratégica si los costos de represión son
bajos, si la elección funciona para dividir a la oposición, o si la competencia
electoral sirve para generar espacios para el clientelismo político,
permitiéndole al régimen cooptar a un subgrupo de partidos, generándole
incentivos para su participación electoral.
Con respecto a la comunidad internacional, la
estrategia de países europeos, aunque pareciera mantenerse firme en relación
con el desconocimiento de la elección presidencial de mayo de 2018 así como
sobre la exigencia de una nueva elección presidencial como único camino para
normalizar la situación del país, podría, en el corto plazo y ante la
ausencia de expectativas de cambio político en lo inmediato, ser de contención
del conflicto venezolano. Esto sería probable porque este sector de la
comunidad internacional parece, de hecho, proclive a privilegiar la provisión
de ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos (DDHH) por encima de
estrategias únicamente destinadas al cambio democrático. En donde existe mayor
incertidumbre es en el caso de los Estados Unidos debido a las divergencias en
torno a la política sobre Venezuela y la relación costo-beneficio que podrían
tener las decisiones tomadas sobre Venezuela en medio de una campaña de
re-elección presidencial que se desarrolla en medio de un proceso de juicio
político.
Finalmente, nuestro ejercicio de escenarios arrojó
cuatro tipos con sus respectivos elementos que le caracterizarían:
1. Autocratización (rojo): 1.1) Mayor concentración del
poder en un hombre o en una élite muy reducida; 1.2) avances en el control del
régimen sobre el poder político; 1.3) menor dependencia de la legitimidad
electoral (incertidumbre sobre las reglas y procedimientos, certidumbre sobre
los resultados); 1.4) eliminación de los contrapesos institucionales o
políticos.
2. Militarización (verde): 2.1) Concentración del poder
político en la élite militar; 2.2) desplazamiento de la élite política por la
militar. 2.3) control militar sobre las decisiones políticas; 2.4) estabilidad
y gobernabilidad dependiente del uso de la fuerza y no de la legitimidad.
3. Transición Tutelada (amarillo): 3.1) Transición por
reforma controlada desde la élite militar; 3.2) cambio de actores en el
gobierno; 3.3) condicionamiento de una transición a los acuerdos entre la élite
militar y la élite política opositora; 3.4) control militar de las garantías
institucionales otorgadas a la institución militar (contrapeso militar al poder
político); 3.5) cambios institucionales progresivos y lentos.
4. Transición plena (azul): 4.1) Transición por ruptura o
ruptforma; 4.2)Cambio de actores en el poder; 4.3) cambios institucionales y
constitucionales; 4.4.) independencia de poderes y reinstauración de balances y
contrapesos institucionales; 4.5) elecciones bajo condiciones de integridad
electoral.
El statu quo está representado por el escenario número
24 aunque es probable que pueda moverse hacia el escenario 20 si la oposición
(G4[1] y
Guaidó) no reunifica filas al interior de sus fuerzas, luego del saldo negativo
de 2019 con respecto a los intentos fallidos de cambio político.
Lo cierto es que hoy luce lejana la posibilidad de una
transición a la democracia en Venezuela. Por el contrario, ante la falta de
acuerdos entre gobierno y oposición, el avance del proceso de autocratización y
la posible exclusión de la oposición de los espacios institucionales de
representación a partir de la próxima elección parlamentaria, algunas
organizaciones internacionales con experiencia en conflictos, al igual que el
CEPyG-UCAB, comienzan a temer que se estén conformando las condiciones para
escenarios que implicarían, por una parte, mayores niveles de emigración, y por
la otra, una escalada de conflicto interno, incluso con niveles de violencia no
vistos hasta ahora.
En este sentido, el escenario más probable es el de
autocratización reflejado en el número 3 para el primer trimestre de 2020 y
posiblemente a lo largo del próximo año. La oposición debe repensarse
estratégicamente y apuntar al escenario número 29, sobre todo, porque el
gobierno apuntará hacia el escenario número 4, buscando disminuir
significativamente los costos de represión por medio de una profundización de
la división opositora, la desmovilización de la población y, en ese contexto,
de la celebración de unas elecciones parlamentarias, cuyos resultados le
permitan no sólo la mayoría parlamentaria sino cierta legitimidad internacional
e interna que le garanticen su estabilidad política en el mediano plazo.
Perspectivas económicas (Asdrúbal Oliveros, miembro de
la MAC del CEPyG-UCAB)
La proyección económica para 2020 apunta a un séptimo
año continúo de contracción económica (caída del Producto Interno Bruto, PIB),
según Asdrúbal Oliveros (Ecoanalítica). Oliveros señala que factores tales como
la contracción del gasto público, las políticas de restricción del crédito
bancario y la venta masiva de euros (política monetaria aplicada para recoger
liquidez) han permitido un margen de maniobra, debido a una menor devaluación e
hiperinflación, pero en detrimento del desempeño económico, que se sitúa en una
caída del PIB de 39%. En síntesis, este año se ha caracterizado por una mejora
en los mecanismos de distribución de bienes; desaceleración de la tasa de
inflación; la eliminación de los disparadores del crecimiento: gasto, crédito y
consumo; la profundización de la dolarización transaccional. Para el año
próximo, la caída del PIB será menor, de aproximadamente 11%, puesto que se
estima nuevamente la ausencia de variables determinantes del crecimiento
económico, aunque la dinámica impuesta por mayores niveles de importación (en
comparación con los últimos dos años) y consumo en ciertos nichos, aunado a un
mayor uso del dólar en las operaciones cotidianas amalgamarán el declive de la
economía, el próximo año. Lo cierto es que una mayor flexibilización del
mercado cambiario, la dolarización transaccional y la ausencia de controles de
precios han producido un dinamismo poco habitual en el comercio, en comparación
con el año pasado. De acuerdo con Oliveros, este dinamismo está asociado al
comportamiento del gobierno, como una respuesta atada a una lógica política y
no como un proceso de aprendizaje sobre su manejo económico.
Por su parte, los estudios de Asdrúbal Oliveros
(Ecoanalítica) calculan tasas de inflación anualizadas para este año de 18.600%
y un nivel significativamente menor para 2020 de 3.014%. Al gobierno gastar
menos, se ha producido una menor monetización del déficit fiscal, lo que ha
traído como resultado un nivel menor de hiperinflación, como se ha reflejado
este año y en la proyección para 2020. Ahora, el impacto será limitado en un
punto dado, en el cual la inflación no se podrá desacelerar más si no se toman
los correctivos estructurales necesarios. Ahora bien, esta disciplina fiscal
obligada no termina siendo compensada en términos de la provisión de servicios
públicos, dada la situación significativamente precaria de la provisión,
caracterizada por la ausencia del Estado a lo largo del territorio del país, en
especial, en las localidades fuera de Caracas, donde sus habitantes sufren
cotidianamente la interrupción de servicios básicos.
Con respecto a la dolarización transaccional, Oliveros
ha identificado cómo el manejo de divisas ha permeado capas de la población que
anteriormente no tenía acceso a dólares, reflejando con esto tres países
que conviven en uno: 15% (la burbuja de los dólares) de la población que maneja
divisas en cantidades aceptables mayores a US$ 400 y que tienen ingresos, grupo
conformado por personas que cuentan con un patrimonio financiero importante y/o
con acceso privilegiado a recursos debido a sus conexiones con el gobierno, así
como ejecutivos de empresas privadas y aquellos que desempeñan profesiones
específicas. Otro sector, 35% (esta es la novedad de 2019 que comienza a tener
niveles de consumo, ejemplo, el comportamiento del consumidor durante el Black
Friday), sobrevivencia y el rebusque con cantidades incipientes de un conjunto
de personas ligadas a oficios que dolarizaron sus tarifas y servicios. Otro es
el hecho de que muchas empresas remuneran a capas de arriba y el resto de los
estratos, y luego un 50% en situación precaria, atrapados por la
hiperinflación. Como resultado en 2019, “más de 50% de las transacciones en las
principales ciudades se pagaron con divisas”.
El sector privado y los organismos dedicados a la
labor humanitaria han estado sorteando con gran dificultad el impacto de las
sanciones que se genera por el sobrecumplimiento de la banca y proveedores de
bienes estadounidenses, los cuales no quieren someterse a penalidades por parte
de las autoridades de Estados Unidos. Por otro lado, la “economía negra”, ha
constituido el instrumento de resistencia del gobierno frente a la debacle de
la industria petrolera, puesto que representó niveles de ingresos por US$ 14,4
mil millones el año pasado, es decir, un tercio de los ingresos totales del
país. De acuerdo con los estudios de Oliveros, totalizarán, incluso, un monto
mayor este año, en contraste con el ingreso petrolero, que representó, tan
solo, el equivalente a US$ 28 mil millones. Se espera que los ingresos de
fuentes ilícitas sigan una tendencia creciente el próximo año. La contracción
de la producción y las exportaciones petroleras han respondido a la reducción
del universo de compradores y clientes para barriles generadores de caja, al
servicio de deuda a Rusia y China, que ocupa mayor proporción de barriles
disponibles, a la contracción de consumo interno, restringiendo disponibilidad
local de combustible y el reordenamiento de PDVSA para favorecer producción de
crudo “Merey”. Mientras las exportaciones petroleras y las importaciones sigan
cayendo, los canales de comercio hacia Venezuela seguirán siendo progresivamente
opacos.
Con respecto a los ingresos de los individuos, el
salario integral no es representativo del ingreso de la familia; por lo tanto,
no sirve como métrica. En términos de ingresos familiares, hoy existen seis
factores que pueden componerlo: ingresos por ahorro, remesa, corrupción,
rebusque, economía negra y remuneración del sector privado por encima del
salario mínimo. No obstante, el poder adquisitivo del venezolano sigue siendo
sumamente insuficiente en cualquiera de las dos monedas, bolívares y dólares.
En conclusión, según Oliveros, en el año 2020 se
experimentará una reducción de la economía, de las empresas y los negocios,
aunque a menores niveles de 2019 – una suerte de escenario de statu quo en lo
económico- y se caracterizará por un mayor peso de la economía ilegal, por los
niveles de dolarización transaccional, que serán casi irreversibles y por un
ajuste en los servicios. En particular, el tipo de cambio paralelo podría
superar el millón de bolívares por dólar en 2020, una diferencia significativa
con respecto a la tasa de cambio de 45 mil bolívares por dólar registrada
recientemente.
Perspectivas de la crisis humanitaria (Susana
Raffalli, invitada especial)[1]
El
nivel de la crisis humanitaria en Venezuela se ha agudizado pese a las alertas
producidas desde 2016 y al involucramiento intensivo para paliar la situación
de organizaciones locales e internacionales como Cáritas de Venezuela. En la
actualidad, la situación venezolana es catalogada internacionalmente como de
Emergencia Humanitaria Compleja. Los indicadores preliminares de 2019 no son
alentadores, si bien a lo largo del año pasado se experimentó un mejoramiento
sostenido en comparación con 2017, período en el cual las necesidades
humanitarias fueron enormes y en el cual se acusó una desnutrición desbocada.
Durante este año, la cifra de desnutrición comenzó a aumentar de nuevo, patrón
que persistirá, si las condiciones actuales del país y el nivel de apoyo
internacional no cambian en términos absolutos de la cobertura, del ritmo y formas en las cuales se dispensa la
atención.
Ya
35% de los niños atendidos por Cáritas de Venezuela presentan un cuadro de
posibles daños irreversibles. Raffalli subraya que “un niño desnutrido durante
sus primeros dos años de vida puede ver seriamente afectada su capacidad de
aprendizaje y productiva durante el resto de su vida”, lo que se traduce en una
seria afectación del capital humano de Venezuela en el mediano y largo plazo.
El
Sistema de Monitoreo Centinela de Cáritas[1] de las parroquias más pobres del
país que hace seguimiento al estado nutricional de los niños menores de 5 años,
junto a una encuesta familiar sobre la seguridad alimentaria y las
restricciones humanitarias determinó que el nivel de supervivencia comenzó a
deteriorarse en 2017, aunque el índice en 2018 experimentó una disminución, lo
que señala que la seguridad alimentaria mejoró durante esos 12 meses. Ahora,
cálculos preliminares arrojan que en 2019 el índice aumentó. Con respecto al
núcleo familiar, se produjo un aumento abrupto de las familias que sufren
privación alimentaria, 87% en 2019, luego de un declive sustancial el año
pasado (57%).
De
acuerdo con el trabajo de Susana Raffalli para Cáritas de Venezuela, 13,5% de
los niños menores de cinco años sufren un nivel de desnutrición grave, lo que
implica, además, un alto riesgo de mortalidad en las próximas dos semanas para
al menos 4% de ellos. En las jornadas alimentarias que ofrecerá Caritas, suelen
asistir niños acompañados de sus hermanos menores, así como ancianos que no
quieren comer solos, lo que refleja el “doble filo de la situación
humanitaria”. La curva de la desnutrición reporta un nivel de desnutrición
aguda grave, el cual mejora en 2018 gracias a la campaña de vacunación y
recepción de remesas, pero empeora este año consistente con los niveles que
requieren ayuda humanitaria. El estudio de Raffalli señala una correlación
positiva entre el comportamiento de la tasa del dólar paralelo e inflación con
respecto al de la desnutrición. Este año culminará con un aumento importante de
la situación de desnutrición infantil que es, a su vez, consistente con los
observados en una crisis humanitaria; por lo tanto, el período 2017-2019
cerrará, con un nivel desnutrición crónica en los niños menores de 5 años (27%
en 2017 vs 35% en 2019). Entre las consecuencias irreversibles para aquellos
niños que sobrevivirán está el rezago de crecimiento cognitivo en términos de
la productividad propia y la del país, lo que representará una carga enorme
asociada a enfermedades metabólicas para el presupuesto nacional.
57%
de las familias encuestadas informaron que tiene algún familiar fuera del país
producto de la migración (agosto 2019). El 48% de los hogares ha tenido acceso
a comprar la ración de alimentos estatal Clap, un nivel menor en comparación
con años previos como consecuencia de declive drástico del gasto público.
Raffalli
sintetizó en una lista una serie de factores que reflejan el estado de alarma
de la situación de crisis humanitaria en Venezuela: a) compensación atada a las
remesas y su carácter volátil; b) desgaste que coexiste con lo agudo y urgente
de la emergencia humanitaria compleja; c) insuficiencia de la asistencia
inmediata (socorro); d) desgaste del tejido social como parte del objetivo
político, y consecuencia de la migración y desplazamiento; e) desgaste integral
que abarca lo personal, familiar y ambiental: destitución, integridad como bien
de valor de intercambio, suicidio, migración, desplazamiento interno, abuso del
recurso natural; f) agotamiento de medios de vida; g) fatiga de la cobertura de
medios de comunicación, de organizaciones humanitarias y de donantes; h) acción
humanitaria sustitutiva del rol del Estado, lo que produce una baja presión
sobre este último; i) aislamiento de la población venezolana; j) impunidad de
los responsables; k) control social y” territorialización” (por ejemplo,
comunidades aisladas, sobretodo la minera, pierden acceso por medio del carnet
vacunación y a la bolsa Clap si se han movilizado desde otras localidades del
país).
Asimismo,
Raffalli recomienda un conjunto de líneas de trabajo: 1) Incorporación de la
resiliencia y medios de vida al socorro; 2) articulación de la sociedad civil
para la acción humanitaria, solidaridad: cuota social, asistencia técnica a
organizaciones; 3) análisis de riesgos y medidas de mitigación familiar,
social, ambiental; 4) información y pedagogía ciudadana para la acción
humanitaria – DDHH; 4) documentación y monitoreo; 5) visibilidad e incidencia;
6) fortalecimiento de los mecanismos de ayuda a través de la diáspora; 7)
participación en diálogo social entre los diversos sectores de la población y
8) “justiciabilidad”.
Coincidiendo
con los pronósticos para 2020 en el área política y económica, lo social
tampoco luce alentador, de acuerdo al análisis de Susana Raffalli, puesto que
en ausencia de cambio político y del manejo de la administración del país
-Estado ausente- la emergencia podría “enquistarse” de forma perpetua como ha
sucedido en otros Estados frágiles o fallidos, lo que podría traducirse en una
rutinización de la situación humanitaria venezolana en la agenda internacional
a partir de 2020 y durante los próximos cinco años. Medidas compensatorias a
través del efecto de las remesas resultarán insuficientes para frenar y
revertir la crisis. Más aún, cuando las organizaciones locales destinadas a la
asistencia humanitaria no se darán abasto, tal como sucede hoy en día, para
cubrir las necesidades de atención, y de allí que se subraye la necesidad de
fortalecer el tejido social y la resiliencia. El tratamiento de lo humanitario
como la búsqueda de un canal físico para su implementación ha sido un error,
sobre todo, si el tratamiento de la ayuda humanitaria ha obedecido a objetivos
políticos. Para procurar niveles de atención humanitaria adecuados a la enorme
magnitud de la crisis venezolana habría que centrarse en la captación de
mayores recursos financieros, y en la participación central de una institución
como la ONU, con la capacidad de infraestructura física y humana necesaria para
brindar la ayuda que la situación venezolana amerita y con la credibilidad
institucional, siempre que esta organización pueda contrarrestar la influencia
política y/o superar las restricciones impuestas por el gobierno para operar
libremente en el territorio nacional. El llamado a la comunidad internacional
es a evitar, a toda costa, que la atención a la severa crisis humanitaria que
padece el país esté condicionada a lo político, sea materia de manipulación,
condicionamientos o capitalización política, o deje de considerarse como de
alta prioridad en el corto y mediano plazo.
Conclusión:
Si bien es cierto que los escenarios que proyectamos
en lo político, económico, social e internacional en Venezuela para el próximo
año no lucen especialmente alentadores, sobre todo en relación a la
probabilidad de una transición democrática en el país, si puede esperarse una
mayor concentración de esfuerzos en el alivio de la crisis humanitaria que
busca no solo aliviar la preocupante situación interna, sino además contener la
gigantesca ola migratoria que podría implicar la salida de más de un millón de
personas en el próximo año, una reducción de la hiperinflación, que incluso
podría dejar de ser hiper gracias a la reducción del gasto público y de la
impresión de bolívares, al tiempo que continúa creciendo el uso del dólar como
moneda principal de intercambio.
A todo evento, el alivio de la presión solo alcanzará
a unos pocos sectores que se comportarán como burbujas de normalidad, e incluso
de ostentación, en medio del caos de un país que se sigue deslizando hacia su
colapso como Estado.
En medio de la carga negativa que tales escenarios
pueden significar, es importante recordar siempre que la prospectiva mediante
la cual se construyen estos escenarios no constituye un destino escrito en
piedra, sino una herramienta de planificación, no para sentarnos a contemplar
el futuro desde el pesimismo y el conformismo de quien siente que no hay nada
que hacer, sino desde la actitud pro activa de quienes no estamos dispuestos a
rendirnos porque, como afirma sabiamente Samuel Huntington (1991), “Un
régimen democrático es instalado, no por tendencias, sino por personas.
Las democracias son creadas, no por causas, sino por causantes.”
[1] Informes
de Cáritas de Venezuela: http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-accion/
[1] Láminas
de la presentación de Susana Raffalli sobre el tema de la crisis humanitaria:
[1] G4:
Partidos que representan la mayoría en la Asamblea Nacional, que, además,
solían conformar el núcleo político de la extinta Mesa de la Unidad (MUD),
contexto en el cual surgió la denominación del G4: Primero Justicia (PJ),
Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
[1] Presentación
de Benigno Alarcón, CEPyG-UCAB, sobre el tema político: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/alarcc3b3n-pdf.pdf
[1] Presentación
de Félix Seijas sobre la opinión pública nacional con base en el estudio del
CEPyG-UCAB con campo Delphos: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/seijas-pdf.pdf
[1]Láminas
de la presentación de Félix Arellano sobre el tema internacional: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/pdf-fc3a9lix-arellano.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico