Por Fernando Pereira
En días recientes escuché una entrevista a José Ángel
Rodríguez en Unión Radio Noticias. Entrevistado por Esther Quiaro y Frasso en
su calidad de miembro del Comité de los Derechos del
Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Ciertamente es el único venezolano que ha tenido esa responsabilidad en el
órgano creado para hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de los derechos
de la niñez establecidos en la Convención que recién arribó a 30 años.
Ante la pregunta de cuál es el balance del cumplimiento
de los postulados de este tratado de derechos humanos en el país, Rodríguez
afirmaba que se puede hablar de dos momentos, antes de las sanciones con los
múltiples logros sociales del Presidente Chávez y después de las sanciones, con
los efectos devastadores de la política de bloqueo al país.
Uno está acostumbrado a este tipo de declaraciones de
parte de voceros o simpatizantes del gobierno; pero, de un representante de una
instancia oficial de Naciones Unidas esperaría un análisis menos binario. Nada
señala sobre el sistemático desconocimiento del Estado a las recomendaciones
formuladas desde el año 2000 (con Chávez en un año de gestión).
Por solo citar algunos temas en deuda basta mencionar:
Violencias hacia los niños y adolescentes, abuso y maltrato, niños de la calle,
embarazo adolescente, adolescentes privados de libertad, niños privados de su
medio familiar, debilitamiento de las instituciones del sistema de protección
del niño, niña y adolescente y la ausencia de un sistema de información social
con estadísticas oportunas y confiables.
Un ejemplo para ilustrar: Nahia Pernalete (2 años),
Crisbelys Rujano (3 años) y Ana Victoria Veliz (8 años) eran pacientes del
Servicio de Hematología del Hospital JM de los Ríos y las tres fallecieron
entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019 según podemos leer en
Efecto Cocuyo.
¿Problema reciente?
A continuación resumimos una sentencia judicial ante una
acción de protección ejercida en 2003 por Cecodap en beneficio de más de 500
niños pacientes del Servicio de Hematología:
“El martes 27 de abril de 2004, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó al Alcalde Metropolitano de Caracas: gestionar por ante los Organismos Gubernamentales competentes al suministro de los recursos financieros a los fines de adquirir los medicamentos necesarios para la atención oportuna, eficiente y con la celeridad que cada caso requiera; la realización de los exámenes especializados que se requieran para diagnosticar y prescribir el tratamiento de la leucemia y demás enfermedades hematológicas; tomar las debidas previsiones en cuanto a infraestructura e insumos necesarios; continuar con el programa de llamado a concurso para proveer cargos de médicos especialistas para la Sala de Hospitalización del Servicio de Hematología del Hospital J.M. de los Ríos, así como el personal especializado de enfermeras, el suministro de los medicamentos requeridos para las terapias coadyuvantes motivadas por las complicaciones derivadas de las quimioterapias; solicitud de una partida especial en el presupuesto anual, para la contratación del personal requerido, la cual sea estimada con suficiente amplitud para contar con los recursos suficientes para enfrentar cualquier eventualidad y que los tratamientos se hagan extensibles a los niños, niñas y adolescentes que acuden por consulta externa al Servicio de Hematología del Hospital J.M de los Ríos”.
Incumplimiento previo a las sanciones
El 26 de enero del año 2012 las madres y familiares del
Servicio de Hematología denunciaron el déficit de personal médico especialistas
y residentes, lo cual constituye un riesgo frente a un eventual cierre técnico
por falta del recurso humano. Asimismo, se denunció el déficit de medicamentos
y reactivos para exámenes especializados.
Todo el país conoce de los llamados, reclamos, súplicas
de las madres, padres y familiares del Servicio de Hematología en los últimos
años y meses.
El incumplimiento ha sido antes, durante y después; sin
atenuantes para las excusas.
Se aluden logros sociales reconocidos “incluso por
organismos internacionales”; pero no se menciona que esos mismos organismos
reflejaron en sus informes un proceso de crecimiento social como fruto de un
aumento de la actividad económica de la región en los años 2000 por el aumento
de los precios de las materias primas fruto de la demanda del mercado
internacional. La disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la
cobertura de la matrícula escolar; por ejemplo.
Avances en gobiernos con ideologías opuestas. El
retroceso en indicadores sociales se da en gobiernos de derecha y de izquierda.
Avances no sostenibles más allá de la redistribución rentista. He ahí el dilema
que atrapa las retóricas populistas.
En lo que si estoy de acuerdo con Rodríguez es en el
llamado que hizo en la entrevista en que organismos y funcionarios no se
utilicen las sanciones como excusa para hacer lo que les corresponde.
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