Ysrrael Camero 24 de febrero de 2020
@ysrraelcamero
En
lo que resta de 2020, en la medida que se incremente la presión externa pro
democracia, junto con la movilización interna, brindando también oportunidades
para el entendimiento con sectores del chavismo, nos podremos acercar a la
realización de unas presidenciales pactadas, en condiciones competitivas.
La reunión del Grupo de Lima en Gatineau,
Canadá, siendo anfitrión Justin Trudeau, representó otro paso en el
esfuerzo de coordinación que Julio Borges y Juan Guaidó han desplegado
con la comunidad internacional democrática.
Realizada bajo la estela de entusiasmo que la gira del
presidente Guaidó generó en la opinión pública, el encuentro concluyó en la
decisión de incrementar la presión diplomática contra el régimen de Nicolás
Maduro.
Presión que se intensifica en un año en el cual ha de
definirse si Venezuela gira hacia una democratización, o continúa
sumergiéndose en la autocracia empobrecedora que ha llevado a más de cinco
millones de personas a migrar.
Este encuentro es producto, también, de una reflexión
crítica sobre las estrategias desarrolladas durante 2019, no sólo por parte del
Grupo de Lima, sino también por Estados Unidos, la Unión
Europea y el Grupo de Contacto, las cuales, en conjunto, no han sido
efectivas para conducir a un cambio político en Venezuela.
La coordinación entre los actores tiene dos ámbitos de
acción que es necesario explorar, uno externo y otro interno.
Primero, la
imperiosa necesidad de incorporar, desde los términos más realistas posibles, a
otros actores que ya están implicados, fácticamente, en el caso Venezuela:
desde la Rusia de Vladímir Putin, tras las sanciones impuestas a Rosneft,
hasta la Cuba de Miguel Díaz-Canel, cuya simbiosis con la Venezuela de
Maduro parece reforzarse en medio de la crisis, pasando por la China de Xi
Jinping, ralentizada tanto por la guerra comercial con Estados Unidos como
por el pánico generado por el coronavirus.
Segundo, esa
coordinación pasa por el fortalecimiento del rol y las capacidades de los
actores internos. Por más presión internacional que se genere la definición del
futuro de Venezuela no se dará en Washington, ni Bruselas, ni Madrid, ni
Bogotá, sino que será fruto del despliegue, tanto en las calles venezolanas como
en los contactos dialógicos, de la capacidad de los actores políticos y
sociales internos para empujar al régimen a una negociación que haga posible
que el pueblo venezolano recupere el ejercicio efectivo de su plena soberanía,
a través del voto universal, directo y secreto, en un proceso electoral
competitivo.
Una solución electoral es el punto en el que coinciden
la gran mayoría de los actores, internos y externos, bien sean aliados de Juan
Guaidó y de la democratización, bien sean defensores de Nicolás Maduro y de la
continuidad del régimen revolucionario. No hay escape a la legitimidad
democrática que generan los votos, es decir, la voluntad del pueblo venezolano
como fuente de poder.
El canciller de Guaidó, Julio Borges, ratificó lo
señalado previamente por el Presidente Encargado: la solución de la crisis
venezolana pasa por la realización de unas elecciones presidenciales con
garantías, lo que implica un nuevo Consejo Nacional Electoral. La Asamblea
Nacional ha venido avanzando en ese sentido, no ha parado de trabajar. La
realización efectiva de esta ruta, en términos realistas, requiere de la
colaboración activa de actores de poder del chavismo.
El tiempo está corriendo, la realización de unas
nuevas elecciones parlamentarias es un hecho que no puede ser soslayado ni
evadido por los actores internos, lo que saben las cancillerías americanas y
europeas. La presión democratizadora, interna y externa, exige que se realicen
presidenciales y parlamentarias durante este año. Maduro y el bloque de poder
que lo acompaña, insisten en la realización exclusiva de parlamentarias dentro
de su institucionalidad establecida, esperando que sus aliados externos los
secunden en el proceso.
¿Dónde se encuentra el punto medio entre estas dos
exigencias máximas? En lo que resta de 2020, en la medida que se incremente la
presión externa pro democracia, junto con la movilización interna, brindando
también oportunidades para el entendimiento con sectores del chavismo, nos
podremos acercar a la realización de unas presidenciales pactadas, en
condiciones competitivas.
En cambio, si la presión externa se diluye, o su
escalada conduce a compactar al chavismo alrededor de Maduro en vez de
dividirlo, o la movilización interna se debilita, o no se construyen los
puentes necesarios con aquellos que detentan el poder real, nos estaremos
acercando a unos comicios manipulados y no competitivos, lo que fortalecerá el
control autoritario sobre una sociedad empobrecida.
Entre una línea y la otra existen diversos grados de
acercamiento, se abren posibilidades múltiples, pero lo único que no es
flexible es el tiempo. El 5 de enero de 2021 es un hito que se acerca, al que
no se puede dejar de responder, porque ese día se ha de instalar una nueva
Asamblea Nacional. La presión por las elecciones presidenciales se desplegará,
y su fecha de realización dependerá del choque de las fuerzas de unos y otros,
el tiempo allí es móvil, es fruto de la política.
No es un tema moral, sino práctico, no deriva de
nuestros deseos y voluntarismo, sino de las capacidades reales de los actores
concretos. Los aliados internacionales de la democracia venezolana, que han
acompañado al presidente Juan Guaidó en todas las iniciativas desarrolladas
entre 2019 y 2020, reconocen las inmensas dificultades que se enfrentan en Venezuela,
pero saben que no sustituyen a los actores internos. No resuelven, sino que
facilitan, impulsan, promueven o inhiben. La resolución es interna, no lo
olvidemos.
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