Por Miguel Pizarro
El año 2019 fue un año de
retos y demostración de resiliencia frente a la adversidad que nos permitió
reconstruir, en buena medida, la fuerza ciudadana y presión internacional
necesaria para luchar por la libertad y la democracia de Venezuela. Desde
septiembre, asumí con compromiso y responsabilidad el nombramiento otorgado por
el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional (AN) como Comisionado para la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a una delegación que, como yo,
ha afrontado la tarea de ser la voz de mis conciudadanos.
Nuestro rol como Comisionado
frente a la ONU es el de caracterizar, visibilizar, denunciar y movilizar
presión contra el régimen de Nicolás Maduro, dentro y fuera del país, aún
cuando sabemos que una resolución, un informe o una actualización no resuelve
la crisis que hoy estamos atravesando, lo cual solo será posible cuando haya un
cambio político en nuestro país.
Hace 18 meses, Venezuela era
-en teoría- un ejemplo de inclusión infantil en sistemas escolares, superación
de pobreza, alimentación dentro de Naciones Unidas. Nos premiaba la FAO, nos
colocaban como ejemplo de reivindicación de pueblos originarios y de derrota al
racismo y al clasismo y, hasta hace pocos meses, la ONU utilizaba a Venezuela y
su modelo, como pauta a seguir en otros países.
Que esa misma instancia hoy reconozca
la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis migratoria, la condición de
refugiados para los venezolanos; que el Consejo de Derechos Humanos, aún con su
composición, adopte resoluciones como la del mes de septiembre de 2019
demuestra como este espacio, el último reducto de diplomacia que le queda al
régimen, se va cerrando.
Hoy, Venezuela protagoniza
un informe y dos actualizaciones realizadas por la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los cuales se comprueba la violación
constante de los derechos económicos y sociales, la retaliación política, el
uso parcializado y la manipulación de fuerzas de seguridad del Estado, el
asedio a zonas indígenas -incluyendo la militarización y asesinatos a manos de
las autoridades-, la Emergencia Humanitaria Compleja, la violación de la
libertad de expresión, el bajo poder adquisitivo y la explotación ilegal,
promovida por el régimen, del Arco Minero.
Algunas de las cifras que
presentó este informe evidenciaron que 11.9% de los niños y niñas muestran
señales de malnutrición aguda y 32.6% tienen retardo en el crecimiento.
Asimismo, cita a la Encuesta Nacional de Hospitales (2019) que constató, que
entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta
de insumos en hospitales. En el caso de manipulación de las fuerzas de
seguridad, la Alta Comisionada expuso las cifras recopiladas por la ONG
Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que notificaron, en 2018, 7.523
muertes violentas por “resistencia a la autoridad” (siendo la autoridad las fuerzas
de seguridad utilizadas por el régimen) y entre enero y mayo de 2019, 2.124
muertes de la misma categoría.
El trabajo que ha realizado
la Comunidad Internacional, agencias de ONU, ONG, el Gobierno de Juan Guaidó y
millones de venezolanos durante todos estos meses nos ha permitido avanzar y
nos permitieron atraer la atención del mundo e ir cerrando espacios al régimen.
Se aprobó la Misión de
Determinación de los Hechos para investigar ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles,
inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria del
Consejo de DDHH dictaminó que la detención del diputado Juan Requesens es
arbitraria y viola sus derechos humanos, civiles y políticos, además exhortando
al régimen a otorgarle libertad plena y conferir indemnización.
En octubre del año pasado el
régimen de Maduro obtuvó una de las sillas en el DDHH de la ONU. No en vano han
sido 20 años en los que han tenido la oportunidad de manipular, mentir y crear
un aparato comunicacional que los haga ver “eficientes”. Esta elección, es la
consecuencia de que se haya ignorado por años un espacio y de allí la
importancia de recuperarlo.
Por eso mismo, actuando como
parte del Gobierno de Juan Guaidó, tuvimos avances fundamentales: estuvimos
presentes en la 74ta. Asamblea General de las Naciones Unidas sostuvimos
reuniones con el Grupo de Lima, cancilleres del TIAR, representantes y
presidentes de distintos países y participamos en múltiples encuentros junto a
víctimas de la Emergencia Humanitaria.
Esto nos permitió
visibilizar que el mundo respalda la lucha de los venezolanos por el cambio y
un mejor futuro y que tras bastidores son decenas las reuniones bilaterales
que, junto al presidente Guaidó, tenemos a diario con representantes de
distintos gobiernos para coordinar nuevos mecanismos de presión y acción para
cerrarle espacios diplomáticos al régimen.
Adicionalmente, la Oficina
de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desarrolló,
en conjunto con el equipo humanitario del país y actores humanitarios
nacionales e internacionales, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela,
que da muestra de la crisis que sufrimos y pretende atender a millones de
venezolanos que requieren asistencia humanitaria; un esfuerzo que solo será
útil si se cumple de acuerdo a los principios humanitarios.
Asimismo, en la publicación
del Global Humanitarian Overview 2020 realizado también por OCHA, Venezuela
aparece por primera vez y al lado de países que padecen grandes conmociones
humanitarias como Sudán, Zimbabue y Haití.
A finales del año pasado, se
realizó el Foro Global de Refugiados, organizado por ACNUR, en el cual
mantuvimos una agenda de reuniones bilaterales para concertar mecanismos de protección
y respeto a los DDHH de los migrantes y refugiados venezolanos. En este foro se
dio un importante avance: se reconoció la crisis migratoria venezolana, siendo
la más grande en la región y la urgencia de esta, estimando que casi cinco
millones de personas han abandonado el país y que el número puede llegar a los
6.5 millones para finales de 2020.
Hace un año, el
pronunciamiento de estas instancias no estaba planteado ni se veía probable.
Hoy es una realidad producto del esfuerzo, el compromiso y el valor de los
venezolanos acompañados por el presidente Juan Guaidó al luchar por la
reconstrucción de nuestro país. Ahora bien, el año 2020 se presenta con
innumerables retos, no solo en cada una de estas áreas sino también en sumar
nuevas discusiones y espacios que nos permitan aumentar la presión.
Esto exige trabajar con
mayor determinación para denunciar la tragedia causada y abrir los ojos de
quienes por complicidad o ignorancia siguen apoyando a Maduro, el no
pronunciarse sobre los brutales abusos a los que son sometidos los venezolanos
también es una forma de apoyo.
Esto pasa por desmontar el
aparato que el régimen ha creado, mantener las denuncias, coordinar acciones
con países aliados, entablar discusiones sobre las consecuencias de las
políticas del régimen para los venezolanos, la región y el mundo entero e,
incluso, presionar a los organismos de la ONU para que implementen mecanismos
de investigación y visibilización.
Nuestro trabajo va de la
mano de una estrategia internacional. Esta estrategia por sí sola no es
suficiente para conseguir el cambio político. Es necesaria la presión interna,
sumar el apoyo de más países, aprobar resoluciones que permitan limitar, aún más,
las acciones del régimen y continuar quebrando las bases que sostienen el
modelo político que hoy pretende condenarnos. En definitiva, es y seguirá
siendo un camino arduo que millones de venezolanos sin importar nuestras
diferencias. Estamos dispuestos a transitar hasta conquistar la libertad y la
democracia de Venezuela.
24-02-20
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