Pablo Muñoz 19 de febrero de 2020
Una
denuncia del PP en el Juzgado de Guardia evita el borrado de las cintas del
Aeropuerto de Madrid-Barajas
El
Partido Popular logró ayer, con su denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid
por el «caso Delcygate», dos cuestiones importantes: la primera, conseguir que
un juez asegurara en un auto que en los acontecimientos ocurridos en la noche
del 19 al 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando el
ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió de forma secreta con la
vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hay indicios de delito; y la
segunda, superar la inacción de la Fiscalía, que a pesar de haber recibido ya
una denuncia de los populares por estos mismos hechos no había ordenado
diligencia alguna ni, lo que era más grave, impedido el borrado de las cintas
grabadas por las cámaras de seguridad de AENA. Precisamente hoy se cumplían los
30 días de plazo para que las cintas pudieran haber sido borradas, por lo que
la decisión judicial ha llegado «in extremis» para impedirlo.
Anoche,
el juez de guardia redactaba un contundente auto en el que se requería a AENA o
autoridades competentes del aeropuerto para que procedieran a « conservar las
imágenes grabadas por el circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020 relativas al hecho
denunciado: presencia de Doña Delcy Eloísa Rodríguez López en el aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal
de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde permaneció
hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana
del día 20-1-2020».
Todo
ello, «en contravención de la Decisión del Consejo de la Unión Europea
2017/2074», ya que es una de los veinticinco dirigentes de la República
Bolivariana de Venezuela sancionadas, «incluyendo prohibición de viajar a
territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en
cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado
miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su
territorio o transite por él».
Pero,
además, el juez hacía la advertencia expresa de que todo lo ordenado, es decir,
la remisión de las imágenes de esa noche, debía cumplirse «bajo apercibimiento
expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial», al
tiempo que precisaba que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del
Partido Popular «se desprenden indicios racionales de hecho delic tivo».
«De
manera urgente»
En
la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, el PP pedía al Juzgado de Guardia
que requiriera a AENA, de manera urgente, las cintas de su circuito de videovigilancia.
Aludía en este sentido a un burofax enviado a ese organismo el 6 de enero, en
el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al
responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades,
incluso penales, en las que podía incurrir en el caso de ordenar el borrado de
las mencionadas cintas. Asimismo se solicitaba que pusiera los vídeos a
disposición de la Fiscalía, señalando que ésta «ya investiga los hechos
denunciados».
Sin
embargo, el PP también se quejaba en la denuncia ante el juez de guardia de la
sorprendente inacción del Ministerio Público en lo referente a la denuncia que
le presentó contra el ministro Ábalos por prevaricación, ya que no había
adoptado ninguna medida al respecto. En el PP había máxima preocupación porque
esas grabaciones pudieran ser destruidas, ya que hoy se cumplen los 30 días que
marca la ley como máximo para poder hacerlo. Fuentes judiciales, del Ministerio
Fiscal y la Policía explicaron a ABC que hasta la decisión judicial de anoche
ese borrado podría ser legal, ya que no había un procedimiento judicial abierto
-la denuncia aún no se había admitido a trámite-, ni tampoco el Congreso las
había solicitado.
Sin
embargo, todos ellos coincidían en que sería un «escándalo», ya que es de
dominio público que podían ser pedidas en el futuro por un órgano judicial,
como de hecho ha sucedido, o incluso constitucional como es la Cámara Baja. La
Ley Orgánica 4/1997 establece que « las grabaciones serán destruidas en el
plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con
infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de
seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un
procedimiento judicial o administrativo abierto».
En
este caso no se podía decir que había un procedimiento judicial abierto, ya que
la mera presentación de una denuncia no supone la apertura del mismo.
Igualmente, aunque el PP haya pedido que la Cámara Baja solicite las imágenes, el
Congreso aún no se ha pronunciado, por lo que en sentido estricto se daban las
condiciones para que se puedan destruir las imágenes.
Otra
cosa, sin embargo, es la práctica común. Los policías, jueces y fiscales
consultados por ABC advierten de que en este caso hay un «conocimiento notorio»
de que esas grabaciones pueden ser solicitadas en el futuro, bien en el marco
de una investigación judicial, como finalmente ha ocurrido, o porque el
Congreso lo acuerde.
«Cuando
tenemos conocimiento de que en una comisaría se ha producido un incidente
-explican fuentes policiales de forma gráfica- de inmediato hacemos un clonado
de las imágenes de las cámaras de seguridad independientemente de que se haya
presentado o no una denuncia. Es una decisión automática, porque se sabe que en
un futuro pueden ser una prueba en un proceso judicial. De la misma forma
parece lógico que ante unos sucesos como los de Barajas, e independientemente
de cualquier valoración sobre ellos, se hayan conservado las grabaciones por si
son requeridas».
El
ministro, «encantado»
Por
tanto, hasta anoche, desde un punto de vista legal podría procederse al
borrado. ABC se puso en contacto ayer con AENA -las cámaras de seguridad que
hicieron las grabaciones son suyas- para saber si se iban a destruir las
imágenes. Desde ese organismo se respondió que no se facilitaba información
alguna porque esas grabaciones afectan al derecho de protección de datos de
carácter personal, a pesar de que en ningún caso se preguntó acerca de su
contenido, sino simplemente sobre si iban a ser destruidas o no.
José
Luis Ábalos aseguró anoche estar «encantado» con la petición del juez e indicó
que no había «ningún interés en que dejen de estar». El ministro recalcó que si
por él fuera preferiría que se vieran, porque «se aclararían muchas cosas» y
«se vería exactamente todo bien», a la vez que, como en la versión de Aena,
organismo dependiente del Ministerio de Transportes, apuntó que un juez no
puede permitir la visualización de estas grabaciones por la ley de protección
de datos.
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