Trino Márquez 27 de febrero de 2020
@trinomarquezc
Las
elecciones parlamentarias están previstas para 2020. Lo establece la
Constitución. El gobierno se siente cómodo con ese mandato. Tan acostumbrado a
desconocerla y violarla, en esta oportunidad la Carta del 99 le viene como
anillo al dedo. Le facilita las cosas. Los factores de poder internacionales y
la oposición exigen que se convoquen votaciones. El régimen los complace, ciñéndose
a lo señalado en el texto constitucional. ¿Qué más quieren? La legalidad ante
todo.
Maduro
en esa cita no corre ningún riego. Si triunfa en la votación popular, habrá
obtenido una victoria que lo legitima y reivindica frente al mundo democrático.
Si fracasa, cuenta con sus horcas caudinas: vendrían con sus guadañas a poner
las cosas en su sitio de nuevo. Los diputados tendrían que juramentarse frente
a la constituyente y admitir el poder de Cabello, antes de que les sea
entregado el Hemiciclo para que sesionen y cumplan con sus competencias.
Tendrían que arrodillarse ante el TSJ para que no declare otra vez el desacato.
Tendrían que entregar una carta de buena conducta para que Maduro les permita a
sus ministros comparecer ante la Asamblea Nacional a rendir cuentas.
Esa
fue la lección que el régimen extrajo del descalabro de 2015. Cuando Maduro
subrayó que no volvería a concurrir a unas elecciones en las cuales existiera
el peligro de perder, lo que quería decir es no iría a unos comicios
desprevenido, inerme, sin saber cuáles eran los pasos posteriores.
Los
comicios de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó los dos tercios de la
Asamblea Nacional, desataron un conflicto institucional que se extiende hasta
la actualidad. Esa victoria, es cierto, se obtuvo con Tibisay Lucena ejerciendo
la presidencia del CNE y con un cuerpo rectoral controlado por el oficialismo.
Pero, ¿sirvió de algo ese triunfo categórico? ¿Se avanzó hacia la resolución de
los problemas nacionales y la conflictividad social que había eclosionado
durante las largas y violentas jornadas de protesta de 2014? En nada. El
régimen endureció sus posiciones. Fortaleció el poder del TSJ. Entronizó a Maikel
Moreno. Creo la asamblea constituyente. Invistió a Diosdado Cabello de una
autoridad formal que no poseía. El gobierno se radicalizó. Ilegalizó a los
partidos más importantes. Inhabilitó y persiguió a los dirigentes políticos. El
marco institucional light que existía en 2015, se modificó. El madurismo movió
sus fichas y cerró el cuadro. En vez de sanar las heridas provocadas por la
fracasada ‘Salida’, las profundizó.
La
oposición, que parece sentir un placer sadomasoquista con las descalificaciones
y ataques mutuos, ahora se divide entre quienes proponen participar en las
próximas elecciones parlamentarias en cualesquiera condiciones, y quienes
plantean que las únicas votaciones posibles son las presidenciales, sin Maduro
en Miraflores.
En
el medio de esos extremos hay una zona amplia que debe explorarse. Creo que el
primer punto de la agenda es luchar por condiciones electorales que garanticen
un proceso transparente y confiable. La designación del Comité de
Postulaciones, de mutuo acuerdo, resulta crucial. Luego la elección de un CNE
aceptable para el madurismo y la oposición. Junto a esto hay que exigir que se
restituya la legalidad de los partidos ilegalizados y de los dirigentes
inhabilitados. Liberación de los presos políticos.
Las
elecciones legislativas tienen que ir acompañadas de las presidenciales. La
materia a negociar estaría en si Maduro concurre como candidato manteniendo su
condición de Presidente. Desde mi perspectiva, no habría problema en que
participe, si las condiciones electorales son acordadas: se acepta la
supervisión internacional, se levantan todas las restricciones que impiden la
participación libre de los partidos y dirigentes opositores, se aprueba un
nuevo CNE, se depura el REP y se aprueba un reglamento que le impida al
gobierno abusar de su poder para extorsionar a los funcionarios públicos y usar
los recursos del Estado para financiar su campaña. Luchar por estas condiciones
y materializar los comicios presidenciales, me parece más sensato y rentable
que llamar a participar a toda costa en unos comicios tan inútiles como los
parlamentarios o vetar de antemano a Maduro en una eventual cita presiedencial.
Necesitamos contar con una tabla de objetivos que nos vinculen con los factores
internacionales de poder, cada vez más numerosos, que le exigen al régimen
llamar a votaciones presidenciales.
Si
las elecciones para elegir un nuevo Presidente de la República no aparecen en
el panorama político, carecerá de sentido concurrir a los comicios
legislativos. Permitirle al régimen que se sienta cómodo mientras evade el
centro de la crisis, no es recomendable. Sin la participación de la oposición
legítima, las elecciones legislativas tendrán el destino de Luis Parra y la
mesita de noche. Serán intrascendentes. Otro rasgo de la dictadura.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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