Por Economista Jesús Alexis
González, 14/07/2014
Luego de ser publicada en Gaceta Oficial
(noviembre 2013) la Ley Habilitante que faculta al Presidente de la República durante
12 meses (le quedan 4) para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley
sobre las materias que estime pertinentes, de acuerdo con las necesidades o
emergencias del país; escribimos un artículo Ley Habilitante: ¿hacia cuál modelo económico? (23/10/2013) donde
señalamos que era de suponerse que se intentaría profundizar desde Miraflores
una batalla a fondo por una nueva sociedad. En tal sentido expresamos, que a
través de la Ley Habilitante solicitada se intentaría propiciar una profunda reestructuración de la economía,
de la sociedad y de la institucionalidad, para lo cual tendrían que ir más
allá de la obvia formulación de
objetivos hasta definir métodos y estrategias concretas para alcanzar la
sociedad socialista que pretenden; estableciendo propósitos y lineamientos
claros, donde se enfatice sobre la obligación de generar nuevas instituciones
acordes con esos objetivos socialistas, es decir, explicar cómo se emprenderá el proceso de reestructuración social y
económica que implica inducir esa institucionalidad para una reorientación
completa de la economía incluida la potencial socialización de los medios de producción,
en el entendido que son las relaciones económicas las que determinan el
ordenamiento social.
De igual modo, en nuestro último artículo Vinagreta para la nomenklatura criolla (11/07/2014)
sostuvimos que la instauración de un totalitarismo
de Estado apoyado en una burocracia estatal clientelar no ha sido
históricamente ni será cara al futuro la alternativa para cambiar el modo de
producción y las relaciones de producción en procura de la transición hacia la socialización del progreso nacional y del bienestar
social. Sirva de referencia que en la reunión del Consejo de Estado
(03/07/2014), y a la víspera de culminar el tiempo establecido por el
presidente de la Republica (27/11/2014) para efectuar una “sacudida” en el Gobierno durante los primeros 15 días del mes de
julio (a la fecha restan 2 días), se acordó, según recoge la prensa nacional,
que la transformación estructural del Estado, no es una reforma, es una transformación de procesos internos
para transparentar la gestión y la lucha firme contra la corrupción aunada a
una reducción de la burocracia gubernamental. Sin negar las bondades de lo
acordado (más del 30% del ingreso nacional no ingresa a la economía real ya que
se diluye por intermedio de la corrupción, y la burocracia se enmarca en unos
30 Ministerios, 107 Viceministerios y más de 2.800.000 empleados públicos),
inferimos que es de muy poca profundidad lo anunciado cuando ha transcurrido un
tiempo suficiente de la Ley Habilitante como para haberle presentado a la
Nación venezolana un instrumento jurídico de mayor alcance y trascendencia para
enfrentar la corrupción y la ineficiente burocracia estatal.
Desde otro ángulo, se observa un total
ostracismo en relación a la continuidad de la transición (o no) hacia el
socialismo bolivariano, que como es sabido toda revolución implica (1) una modificación de las relaciones de producción entendidas como el
conjunto de relaciones económicas que se crean entre los hombres en el proceso
de producción, cambio, distribución y consumo de bienes materiales; e
igualmente (2) un cambio del modo de producción
(integración de las relaciones de producción) como condición paramodificar el régimen social basado en
una propiedad privada sobre los medios de producción o en una socialización de
dichos medios. Es así, que se respira un reformismo
en el modo de producción que complica la visualización de la marcha del ya
complicado socialismo bolivariano, ante la búsqueda (nuevamente) de la
participación del sector privado para alcanzar una economía socialista (¿?);
escenario que el Gobierno Nacional juzga desde el inicio del presente periodo
constitucional.
Finalmente, y ante la existencia de un gobierno
militar-cívico donde la fuerza armada tiene alta participación política, vale
la pena citar a la Conferencia Episcopal
Venezolana cuando en su 102 Asamblea Plenaria Ordinaria (11/07/2014)
señaló, sin convertirse en actores
políticos, entre otros aspectos, que la pretensión de imponer un modelo
totalitario está generando una atmósfera social asfixiante; indicando al propio
tiempo que “No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los
Derechos Humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización
de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones no compartidas y
más bien rechazadas y denunciadas”; e igualmente afirmaron que “Los pobres y en general los que sufren
vienen a ser así simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr
otros fines”. (Las negrillas son nuestras).
Econ. Jesús Alexis González
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