El legado-trampa: el problema económico es político, por @ysrraelcamero

YSRRAEL CAMERO 20 de nero de 2015

@ysrraelcamero

Nuevamente fue postergada la presentación de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro, lo que refleja no solo la incapacidad del gobierno para dar una respuesta efectiva a la crisis económica que nos está tragando cual tremedal, sino que además evidencia la incapacidad de evitar su traslado a una profunda crisis política en la que ya nos encontramos inmersos. No pueden responder al problema económico porque están incapacitados para desmontar la política que lo generó.

Vamos al punto. Hemos sido testigos estos días de una discusión, entre técnica, económica y política, sobre las medidas necesarias para sacar a Venezuela del desolado paisaje de escasez, desabastecimiento, colas, en que se ha convertido nuestra cotidianidad. Varios han promovido diversas acciones, desde la unificación cambiaria hasta la sinceración del precio de la gasolina, desde ir al FMI hasta pedirle más dinero a los chinos, otros incluso sueñan (o tienen pesadillas) con escenarios de mayor radicalización. Por diversas vías llega la información de que varios equipos gubernamentales discuten paquetes de medidas para “sortear” la crisis, a la que siguen trabajando como “coyuntural” y derivada de la caída del ingreso petrolero.

“¡Es la política, estúpido!”

Pero, en el fondo la opinión pública está rodeando el aspecto clave de la presente situación venezolana, el problema económico en Venezuela es político, porque deriva del impacto institucional de la implantación de un modelo de poder sobre la sociedad. No se resuelve con un paquete de medidas económicas si este no pasa por un cambio en el funcionamiento efectivo del poder y en su correlación institucional.

La crisis económica actual no es una simple derivación de la caída de los precios del petróleo. El boom petrolero, y la inmensa cantidad de ingresos que en forma de petrodólares llenó las arcas del Estado, lo que hizo fue ocultarnos la profundidad de la destrucción del aparato productivo y de las redes de distribución y comercialización interna. De hecho el recurso público generado fue usado por el gobierno para desatar un populismo consumista, como lo define Tamara Herrera, mientras incrementaba la destrucción productiva de Venezuela.

Entonces, lo que hay que asumir es que el “legado” es la trampa y el laberinto en que estamos sumergidos, el malestar que estamos viviendo no es un mal funcionamiento del modelo, sino la consecuencia efectiva de su aplicación. El funcionamiento de la economía en Venezuela está tan profundamente imbricado con el modelo político impuesto que no puedes generar cambios efectivos en la dinámica económica sin colocar una bomba por debajo de la línea de flotación del régimen político. Esto es así porque el modelo político impuesto por la nomenklatura gobernante hizo de la gestión económica un instrumento de control social para consolidar su hegemonía de forma permanente y absoluta.

Un entorno hostil: instituciones extractivas y control social

El modelo ha creado un entorno hostil para emprender nuevos negocios, ha generado una trampa porque esa era la meta. Conservar el poder de manera hegemónica, personal, permanente, impedir cualquier forma de autonomía social, vista como potencial amenaza a la hegemonía, han sido los objetivos centrales, rectores como diría Diego Bautista Urbaneja, de todas las acciones gubernamentales del chavismo desde 1999. No hay una preocupación real por la gestión, más allá de la imprescindible para no perder el control social.

El desarrollo práctico de este objetivo rector se ha expresado en el modelo, que motoriza al régimen y al sistema. Desde que en 2005 Hugo Chávez empezó a hablar del “socialismo del siglo XXI” las coordenadas estaban claras, y con cada vuelta de tuerca la política de establecimiento de controles sobre la economía usando el recurso petrolero avanzaba, en desmedro del sector privado productivo y autónomo, que era visto como enemigo, porque la autonomía de los actores sociales es concebida como una amenaza potencial al sistema. El avance del modelo fue modificando el entorno económico, político y social, a través de acciones ejecutivas tomando control de sectores productivos, de legislación que impedía la actuación autónoma de los actores económicos, de restricciones que inhibían cualquier inversión que se tradujera en autonomía.

Los inmensos ingresos petroleros fueron usados por el Estado para apropiarse de gran parte de la infraestructura productiva privada, bloqueando la producción no-petrolera e incrementando las importaciones.

Un ejemplo dramático son los alimentos. Entre 2010 y 2014 la destrucción de toda la cadena de producción, comercialización y consumo de alimentos ha sido sistemática, de acuerdo a lo señalado por Rodrigo Agudo. En 2010 se destruyó la capacidad de producir y se avanzó en la pérdida del crédito externo para importar, responsabilizando el gobierno a la “dependencia imperial”. Los denominados “explotadores” fueron los objetivos del ataque gubernamental en 2011, avanzando en la destrucción de la manufactura perdiendo la oferta de alimentos procesados. Los mayoristas fueron el centro de la ofensiva del gobierno durante 2012, acusados de acaparadores, agudizando el desabastecimiento. El ataque alcanzó a los vendedores al detal en 2013, etiquetados como especuladores, extendiéndose la escasez. En 2014 el ataque se centró contra el consumidor final, la familia, acusada de consumista. Finalmente, llegó en 2015 la escasez generalizada.

Los efectos perniciosos de la destrucción de las redes privadas de producción y comercialización fueron ocultados por el incremento del consumo vinculado a la expansión del gasto público. El boom petrolero ocultó la destrucción de la economía. Vamos a tratar de entender el entorno creado para proceder luego a trabajar en el desmontaje.

Lo primero a comprender son los cambios en el entorno político-institucional. En Venezuela no existe hoy Estado de Derecho, ni tribunales independientes, ni justicia imparcial, por ende el derecho de propiedad es una gracia del poder. Al no haber tribunales independientes no hay posibilidad de tener un juicio justo. Sin protección a la propiedad privada el riesgo de ingresar en el mercado venezolano es muy alto. Al no existir transparencia en la gestión del Estado los inversores no pueden planificar a mediano y largo plazo.

La burocracia estatal estimula con cada alcabala la corrupción, y estamos repletos de trabas. Vamos a adentrarnos en los datos que nos proporciona el Informe Doing Business 2015. En Venezuela se requieren 17 procedimientos para crear una empresa, lo que tarda 144 días; se deben realizar 9 procedimientos en 380 días para tener permisos de construcción, 6 procedimientos en 178 días para tener servicio eléctrico, 9 procedimientos y 52 días para registrar una propiedad. De acuerdo al mismo Informe Doing Business 2015 Venezuela se encuentra en las peores condiciones en lo que se refiere a derechos de propiedad (1/12). Se pagan 71 pagos de impuestos por año, tardando 792 horas.

Las exportaciones también están entorpecidas. Legalmente, se requieren 8 documentos para exportar, lo que tarda 56 días e implica un alto costo de la exportación (3.490$ por container). De igual manera se exigen 9 documentos para importar, que se consiguen en 82 días, con alto costo también para la importación (3.695$ por container). Cada procedimiento es una nueva alcabala y una nueva oportunidad para la corrupción, que el modelo aúpa y ampara estructuralmente.

La alta incertidumbre y la inestabilidad han marcado la economía venezolana los últimos años. Estamos hoy en medio de una recesión institucionalizada, como bien caracteriza Asdrúbal Oliveros, es probable una caída del Producto Interno Bruto de -6% en 2015, con un entorno petrolero adverso, marcado por el descenso de los precios, la pérdida de mercados internacionales para el petróleo venezolano y la destrucción sistemática de PDVSA.

Tenemos un creciente e inmanejable déficit público que se eleva a -18% para este año. Los niveles de endeudamiento no son manejables sin un cambio estructural. El descenso de las importaciones privadas en un entorno de controles y restricciones nos habla de una caída del consumo.

Con una de las más altas tasas de inflación del mundo, mayor al 60% en 2014 (oficial), que puede superar el 100% en 2015. Esta alza en el costo de la vida es alimentada por una irresponsable política fiscal y por una política monetaria de impresión de dinero inorgánico que han destruido el valor de la moneda.  Al mismo tiempo la política cambiaria impide la inversión al bloquear el libre flujo de capitales. Entonces, tenemos una caída histórica en los niveles de inversión privada los últimos quince años, y una muy probable caída de la inversión pública en 2015.

A lo largo de la última década la legislación económica se ha dedicado a incrementar los controles, aumentar la burocracia que traba el flujo de la economía e impedir la existencia de iniciativas económicas autónomas, inhibiendo toda inversión productiva. La gestión política de la economía se ha desinstitucionalizado, mientras que el poder de la burocracia es tan total como corrupto, al no existir criterios claros y transparentes. En este marco la planificación centralizada ha demostrado nuevamente ser brutalmente ineficiente.

La estructura legal y política de controles ha distorsionado la economía hasta hacerla inhóspita para cualquier inversión productiva. Lo establecido en el Plan de la Patria termina destruyendo cualquier posibilidad de recuperación económica. La Ley de “Precios Justos” no ha impedido la inflación ni la escasez, pero el control sobre las cadenas de distribución de bienes ha hecho rotar geográficamente la escasez de muchos productos. No hay política real de estímulo a la producción privada, todo lo contrario la legislación la inhibe. Los Decretos Ley aprobados en el marco de la última Ley Habilitante son ejemplo claro, no resuelven los problemas que nos han conducido a la presente crisis sino que la agravan.

Todo esto nos lleva a comprender la caída importante del consumo interno y el inevitable empobrecimiento de los últimos dos años. El mercado laboral también presenta una gigantesca acumulación de distorsiones, la inamovilidad laboral, mantenida artificialmente, inhibe la creación de empleo. A lo que hemos de agregar que las instituciones de capacitación para trabajadores no están funcionando.

La extensión en el tiempo del control de cambio ha generado una cadena de distorsiones en la economía venezolana que es muy difícil de desmantelar. En Venezuela no hay acceso efectivo a un mercado global de capitales, aquellos que se arriesgaron a invertir no pueden repatriar ganancias, por ende no volverán a invertir ni estimulan que otros lo hagan. A lo que debemos agregar el bloque al acceso a un mercado global de insumos externos que hacen posible la producción interna.

Pero el asunto es también muy grave en materia de infraestructura y servicios públicos, la crisis de los servicios públicos es un inhibidor de la inversión. Las irregularidades en el servicio eléctrico aumentan los costos y reducen la productividad, las irregularidades en el acceso al agua perjudican la productividad. La inseguridad personal tiene profundas implicaciones económicas, los costos derivados del riesgo por motivo de delincuencia constituyen un inhibidor a potenciales inversiones. El colapso recurrente de las vías de comunicación, otrora eficientes, aumenta riesgos y costos asociados. Por último el acceso limitado e irregular a servicio de comunicaciones vitales, como lo son hoy las conexiones a internet, aumenta los costos de la inversión inhibiéndola.

La vía de solución pasa por desmantelar el “legado-trampa”

¿Qué se puede hacer para lograr salir del laberinto de un entorno hostil? Construir un entorno institucional inclusivo y hospitalario para las inversiones. Eso es fácil de decir y complejo de realizar.

Vamos por partes. Efectivamente, lo primero es la política, y hablamos de la alta política, la institucionalidad del poder. Solo puede haber recuperación económica si existe seguridad jurídica, y eso pasa por la existencia de tribunales independientes, de una justicia imparcial que garantice efectivamente los derechos ciudadanos. Se debe proteger la inversión, con atención se debe amparar, promover y proteger la propiedad privada, especialmente de los medios de producción. Solo con poderes independientes, y con una justicia imparcial administrada por tribunales se puede luchar efectivamente contra la corrupción.

En segundo lugar el Estado debe ser responsable ante sus ciudadanos, eso implica detener la emisión de dinero inorgánico, detener el financiamiento del BCV  a PDVSA, eliminar los Fondos paralelos (Fondo Chino, Fondo Miranda) y unificar el presupuesto de manera transparente colocándolo bajo estricto control parlamentario.

De igual manera el Estado debe garantizar la inversión eficiente en infraestructura de servicios para garantizar acceso regular a los mismos para todos, mantener el gasto social sin corrupción dedicado al desarrollo de las capacidades de los venezolanos.

Esto no se puede hacer con la presente opacidad en la información pública. La gestión del Estado ha de ser transparente, toda la información pública debe ser de acceso pleno para los ciudadanos. Es imperativo recuperar la autonomía institucional del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, deben publicarse todos los indicadores con regularidad.

Vamos al punto de la construcción de la verdadera gran alianza productiva en Venezuela. Se deberían crear mecanismos de concertación permanente, institucionalizados, con el sector privado para generar una transformación productiva que permita incrementar la productividad de Venezuela. Restablecer comisiones tripartitas entre Gobierno, trabajadores y empresarios para cambiar las reglas de juego económico.

No hay manera de incrementar la producción sin abrir el mercado venezolano a las inversiones privadas, internas y externas. El Estado debe desprenderse de empresas improductivas y quebradas, facilitar acceso a las divisas al sector privado para la generación de actividades productivas, facilitar repatriación de capitales invertidos para lograr promover nuevas inversiones.

Se requiere reducir y simplificar los trámites, tanto en número como en tiempo, lo que bajaría los costos económicos y reduciría las oportunidades para la corrupción. Se debe crear una plataforma de oportunidades para la inversión privada, tanto para la producción destinada a la exportación como a la dedicada al mercado interno. Se deben fortalecer los mecanismos económicos y las prácticas de integración regional, promoviendo el comercio exterior, la inserción de los capitales de la región en la economía venezolana, la inversión de capital nacional en la economía regional. La frontera debe ser un espacio de oportunidades de inversión.

Es imperativo eliminar controles arbitrarios y discrecionales establecidos sobre la economía, lo que pasa por derogar el Plan de la Patria y toda la legislación económica conexa, derogar la “Ley de Precios Justos” y derogar las políticas que pretenden controlar centralizadamente la producción, manufactura, distribución y consumo.

Finalmente, hay que invertir en el fortalecimiento de las capacidades de los venezolanos, lo que pasa por que las estructuras de capacitación de trabajadores deben cumplir su función, como lo es el caso del INCES, para aumentar productividad y competitividad de los mismos, única manera en que pueden insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente.

¿Pueden desmantelarlo quienes lo construyeron?

No sin pagar un inmenso costo político derivado de la contradicción evidente. No estamos hablando de un simple paquete de medidas económicas, eso sería sencillo.

El “legado-trampa” es fundamentalmente una estructura de poder, con una correlación hegemónica que se ampara en la inexistencia de instituciones independientes y de Estado de derecho, con un funcionamiento del poder que se monta sobre la impunidad absoluta, sin límites legales, con arbitrariedad y discrecionalidad.

Sin modificar la correlación y el funcionamiento del poder no será posible que la economía vuelva a producir, entre otras cosas porque el personal gobernante, que domina al régimen, que controla el sistema, no genera ningún tipo de confianza. Montaron un sistema corrupto y corruptor, hoy no tienen ni capacidad, ni habilidad, ni incentivos suficientes para desmontarlo.

En conclusión, señores, sin cambio político, es decir, sin un cambio en la correlación y en el funcionamiento del poder, incluyendo a su personal de alto gobierno, Venezuela no podrá hacer frente a la crisis económica. Seguir “corriendo la arruga”, que parece ser la táctica escogida a falta de voluntad para enmendar, está profundizando la crisis, arrastrando al gobierno a una crisis política colosal.

Abrir el cauce del cambio político para enfrentar la crisis económica

¿Podrían abrir cauce para un cambio político? Tendría la nomenklatura que ser consciente de la necesidad de cambiar la correlación y el funcionamiento del poder, pero además los incentivos para hacerlo tendrían que ser mayores que los beneficios que genera el sistema para quienes lo controlan, en forma de impunidad, enriquecimiento y poder ilimitado. Eso ahora no parece posible, pero las condiciones pueden ser transformadas con los instrumentos históricos de la lucha política.

El cambio no ocurrirá sin presión social políticamente dirigida, que se exprese en cada resquicio existente, que combine movilizaciones en calle con presión política específica, que sea capaz de modificar la arena electoral, mover decisiones en la arena judicial, hacer uso de los medios de comunicación existentes, impulsar cambios en la arena legislativa, para lo que las elecciones parlamentarias serían un momento privilegiado.

Estoy convencido de que el año 2015 será crítico, y por lo mismo, será oportuno para la transformación, pero esta no será producto de un fenómeno natural ni astronómico compañeros, sino de un enorme esfuerzo político, social y cultural, solo así podremos salir del laberinto de la crisis socioeconómica venezolana. El resto es el abismo.

Ysrrael Camero

@ysrraelcamero